Por: Oscar Súmar
Para casi todos es sabido que Estados Unidos atraviesa una de las principales crisis financieras de su historia. La crisis fue provocada en uno de los mercados más “capitalistas” y con mayor información (y supuestamente seguridad): el mercado financiero. Todo esto se inició con una propagación excesiva del crédito (sobre todo hipotecario) que elevó artificialmente el precio de los inmuebles y del crédito en sí mismo, generando a su vez escasez de liquidez en dicho mercado. Esto, a su vez, ha ido causando la quiebra técnica de varios de los más importantes bancos de inversión y aseguradoras de ese país. Como es obvio, la crisis en el mercado más rico del Mundo ha tenido repercusiones en otros mercados. En EE.UU. ha sido particularmente palpable una contracción del gasto privado.
Sobre lo que nos interesa llamar la atención, sin embargo, es:
i) Los mercados financieros son unos de los más intensamente regulados y esta regulación (que supuestamente asegura que no hayan crisis de este tipo) se ha probado manifiestamente ineficiente.
ii) La respuesta del Estado Norteamericano ha sido dar una alternativa aun más polémica desde una perspectiva de políticas públicas y que demanda una mayor intervención del Estado: la nacionalización de algunas de las empresas en quiebra (en particular AIG, con un “rescate” de 800 mil millones de dólares). No contento con eso, se ha destacado que presionará a otros países a hacer lo mismo.
Esta última medida ha sido criticada en The New York Times (“Socialismo, Siglo XXI”) y justificada por The Economist. Lo cierto es que, desde una perspectiva liberal, debería ser rechazada; pero EE.UU. es un país que se caracteriza por su pragmatismo. Es así que, como señala The Economist en una editorial, fuera de un tema de principios, se va a tender a evaluar los costos y beneficios de la quiebra de una empresa de semejante embergadura y su impacto en la sociedad Norteamericana.
Ya ha sido destacado que una medida así generará incentivos para el actuar irresponsable futuro de las empresas. Además, ésta probablemente ha sido promovida por el lobby de la propia empresa, a costa de todos los contribuyentes, aun los que nada tienen que ver con esta empresa.
Quizá se haya iniciado una nueva era en lo que a intervención del Estado se refeire, o quizá tengamos que esperar unos meses y luego sacar conclusiones (en el peor de los casos, coincidentes con el estado actual de las ciencias económicas), para modular nuestra actuación frente a los desastres en el futuro, sean financieros o naturales.
