Por: Antonio Peña
En un trabajo sobre la globalización de la economía y el trabajo en el contexto Europeo, Hans-Peter Martin y Harold Schumann (1996: La trampa de la Globalización. El ataque contra la democracia y el bienestar) describen como la competencia por inversiones y generación de empleo llevan a los Estados a flexibilizar sus normas de economía y a adaptarse a las condiciones de empresas poderosas transnacionales. Los autores cuestionan que el Estado esté perdiendo su rol tuitivo y Ius Imperium, dando paso a un superpoder de ciertas empresas privadas.
La experiencia de la empresa Doe Run parece indicar, en extremo, la misma realidad en el Perú. La ampliación por tercera vez de plazos para el cumplimiento del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de la empresa en sus actividades metalúrgicas-mineras en La Oroya, muestra qué tan débil es el Estado Peruano en una situación tan compleja que pone en riesgo la vida de miles de niños y población en general contaminados por dichas actividades.
Ciertamente que el origen del problema del medio ambiente no pertenece a la empresa en cuestión. La Oroya se ha venido contaminando gradualmente desde que otra empresa transnacional (Cerro de Pasco Cooper Corporation) y luego el propio Estado a través de una de sus empresas estatales (Centromin Perú) no pudieron mitigar los efectos contaminantes de la actividad empresarial. Pero desde el año 1997, Doe Run asumió un compromiso que incluyó beneficios económicos a su favor y el cumplimiento del PAMA, lo que lleva a pensar que si no cumplió este último tampoco debió beneficiarse económicamente.
Una nueva prórroga de 20 meses, según la comisión gubernamental, o de 36 meses, según el plazo fijado por la misma empresa, no muestra sino que nuestros actuales gobernantes son exageradamente flexibles o parcializados para renegociar convenios de estabilidad empresarial en contextos de crisis. Las amenazas de paralización de actividades y generación de desempleo fuerzan a esta exagerada flexibilidad del gobierno central. Sin embargo, siempre caben otras alternativas: ¿Por qué no se fomentó, desde la segunda prórroga al menos, que otra empresa o grupos de empresas sustituyan a Doe Run en caso no cumpla con sus compromisos?
El caso Doe Run es lamentablemente otro ejemplo de ineficiencia en la gestión gubernamental que pone en evidencia la debilidad del Estado frente al poder de las empresas transnacionales. Se prioriza el desarrollo económico al desarrollo humano, pero más aún se pone en riesgo vidas y medio ambiente, generando la amenaza de un desastre humano mayor.
(Lima, 18 de septiembre de 2009)
