Antonio Peña Jumpa[1]
El ex presidente de la República del Perú, Señor Alan García Pérez, hizo público el pasado 31 de Enero la adquisición de una valiosa vivienda de 800,000 dólares con dinero obtenido por ingresos propios, en especial por “contratos internacionales” para el dictado de conferencias (Diario El Comercio, 1ro. de febrero de 2013, página a6). En los días siguientes políticos y periodistas de investigación lograron difundir datos y argumentos que pusieron en duda el origen de la capacidad de pago del ex presidente. La mejor prueba de esta duda se refiere al nexo entre las conferencias dictadas por el ex presidente por un valor de 2’120,000 soles y los contratos celebrados con empresas privadas transnacionales que invirtieron o se vieron beneficiadas de concesiones o autorizaciones del Estado bajo mandato del mismo ex presidente (Diario La República, 14 de febrero de 2013, página 8).
¿Cuán ético u honesto es contratar, como ex presidente, con empresas privadas para dictar conferencias por un valor superior a los 2 millones de soles durante los meses siguientes de terminado su mandato? ¿Es legal, por ejemplo, para un ex presidente de la República que se le contrate para el dictado de una conferencia por el valor de US$ 60,000 por una empresa privada que se benefició previamente de una concesión o autorización gubernamental durante su mandato? Ambas preguntas no solo ponen en duda una actuación ética de un ex presidente de la República, sino muestran la gran debilidad humana que subyace tras el cargo público y transmiten la enorme vulnerabilidad institucional de la máxima autoridad de un Estado, al lado de la actuación también dudosa de importantes funcionarios de empresas privadas.
El hecho ha sido denunciado por el señor Sergio Tejada, presidente de la Comisión Investigadora del Congreso peruano, quien “hizo notar el caso del grupo [económico] español de energía eléctrica y gas Endesa que en noviembre del 2010, durante la gestión aprista [del ex presidente], ganó la buena pro para construir una planta térmica en Talara” (Diario La República, Ibidem). Antes y después de la buena pro, los funcionarios de la mencionada empresa se reunieron con el ex presidente, según figura en la agenda presidencial. Pero, será en setiembre del año de 2012, luego de un poco más de un año de haber dejado su mandato (julio de 2011), que el señor Alan García es contratado para dictar “una conferencia en Madrid pagándole Endesa el monto de US$ 60 Mil” (Ibid).
Más allá de la discusión sobre si el hecho constituye un delito, por los indicios razonables o consistentes de enriquecimiento ilícito (artículo 401 del Código Penal), aprovechamiento indebido del cargo público (Artículo 399 del Código Penal) u otro tipo penal, importa resaltar el grave daño institucional a la política y democracia del país. Cualquier ciudadano enterado de la noticia y de sus efectos resaltará la figura de corrupción existente en el hecho. No basta que un ex presidente gane 15,000 soles (aproximadamente US$ 6,000) mensuales como pensión vitalicia otorgada por el Estado, sino que necesita o ambiciona un ingreso mayor a los 150,000 soles por el dictado de una conferencia para poder vivir en las condiciones de “clase media” que él considera. Al resaltarse dicha figura, se confirma el dicho popular “todo político es corrupto” o el de “todos los políticos quieren alcanzar el poder del Estado para beneficiarse”. Bajo esta creencia, los ciudadanos desconfían de todos los políticos, por más honestos que éstos sean; desconfían también de los partidos políticos, por no tener mecanismos de control efectivos sobre sus partidarios como el ex presidente; pero, además, sienten y reproducen, al conocerse de muchos casos semejantes, que sea legítimo obrar como ellos.
Al final, los ciudadanos consideran que es legal o lícito beneficiarse de la oportunidad del poder político: si un ex presidente de la República o las más altas autoridades de un Estado lo hacen, con mayor razón lo puede hacer cualquier ciudadano. El hecho se traduce en una vulnerabilidad institucional que recrudece nuestra incapacidad de gobierno o de gestión pública, a la vez que reproduce nuestra condición de Estado débil.
¿Qué hacer frente a esta situación provocada por los actos de un ex presidente de la República? ¿Es posible revertir la creencia ciudadana de aceptación de aquella política de beneficio personal por una política vinculada al pueblo o la democracia de éste? ¿Cómo mitigar la vulnerabilidad institucional de un país como el Perú? Se cruzan causas estructurales y sistémicas para responder las preguntas planteadas. Pero, en términos simples e inmediatos, la confrontación del problema de corrupción o no de los hechos que involucran al ex presidente se resuelve bajo una seria e imparcial investigación que incluye una instancia política y un proceso judicial. Una vez terminada la investigación, será trascendente tomar una decisión basada en el análisis de la información y pruebas recopiladas. Ciertamente que esta decisión tiene que ser sólida en sus argumentos para evitar que el hecho se repita en el futuro.
La mitigación de la vulnerabilidad institucional de un Estado está en la transformación o autocomposición de los problemas o conflictos dirigidos por otros actores de las mismas instituciones del Estado. Pero si esta transformación o autocomposición institucional no opera, a partir de experiencias como la del ex presidente señor Alan García, la vulnerabilidad conducirá al desastre, salvo que los ciudadanos interesados en la gestión pública asuman su reconstrucción desde sus mínimas organizaciones civiles y sociales.
Lima, 14 y 15 de febrero de 2013.
COLOFÓN:
¿Cuál es el valor de una conferencia especializada o académica?
Una conferencia es normalmente una actividad académica (que busca compartir conocimiento) a través de la cual un experto o especialista en una determinada materia o tema comparte su conocimiento con un auditorio interesado. Es común que las conferencias se produzcan desde profesionales expertos de un ente académico como una universidad, un instituto o una organización educativa hacia un auditorio diverso de otros profesionales u personas interesadas en conocer la posición de dichos expertos. Es común también que las conferencias se desarrollen en una localidad, o con el traslado del expositor a una región o país diferente. En este último caso podemos decir que la conferencia es internacional.
¿Cuál es el valor de estas conferencias? Normalmente es una cortesía. En el caso de una conferencia internacional convocada por una universidad o institución o empresa española, por ejemplo, el valor de la conferencia está fijado en el prestigio del experto invitado. Basta con que esta invitación cubre los gastos de transporte, hospedaje y viáticos para que el experto invitado se sienta pagado. El hecho que, a través del acto de interés, le reconozcan sus conocimientos o especialidad es ya un gran valor. Excepcionalmente se puede recibir un pago de honorarios por la conferencia, pero en tal caso el pago no es una suma alta. Un pago equivalente a 1000 dólares o 1000 euros es una suma promedio muy aceptable. Pensar en un pago de 60,000 dólares por una conferencia es imposible. Simplemente, por el monto pagado, deja de ser conferencia.
Lima, 16 de febrero de 2013.
[1] Profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Abogado, Master en Ciencias Sociales, PhD. in Laws.
Derecho y Desastre 