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Archive for 6 junio 2009

Por Antonio Peña Jumpa

El día de hoy, 5 de Junio de 2009, algunos medios de prensa informan de los sucesos que vienen ocurriendo en la Región de Amazonas donde agentes policiales especializados iniciaron el desalojo forzado  de las comunidades amazónicas que ocupaban las vías principales de tránsito  como acto de protesta por la desatención del gobierno central de su pedido de derogatoria de decretos legislativos inconstitucionales. Ciudadanos de Bagua, con desesperación llamaron a los medios de prensa para informar que la situación se tornaba incierta, al generarse que la población urbana de dicha ciudad como las comunidades vecinas se estaban movilizando para apoyar a las comunidades amazónicas que estaban siendo desalojadas.

Este contexto muestra el fracaso del derecho oficial y de las autoridades políticas del gobierno central (el Presidente de la República, los Congresistas, los Ministros) frente al origen del problema: la insistencia o imposición de decretos legislativos promulgados en aras del libre comercio sin analizar su contenido constitucional o cumplir con los procedimientos que nuestra propia Constitución Política prevé.

¿Qué corresponde hacer? ¿Qué puede pasar?

  1. Ante todo, la acción violenta de los agentes policiales o desde las Fuerzas Armadas debe suspenderse. El Presidente de la República y los Ministros correspondientes son los responsables de esta medida. El contexto geográfico y la identidad de las comunidades en conflicto hace que el uso de la fuerza produzca mayor violencia.
  1. Entre las consecuencias, el primero y principal efecto de los hechos señalados es que los pueblos reprimidos por la policía o las fuerzas armadas, acrecienten su odio al Estado y a sus gobernantes. Se comprueba una vez más el histórico etnocentrismo de nuestra sociedad y particularmente de nuestros gobernantes.
  1. Otra posible consecuencia es que las protestas de las comunidades amazónicas pueden ser replicadas por las comunidades andinas y los gremios sindicales del país que pasivamente han esperado una respuesta democrática del gobierno central: que suspendan la validez de los decretos legislativos cuestionados a través del uso de medios institucionales para luego iniciar un serio diálogo.
  1. El número de muertes que vienen ocurriendo a las 15 horas del día según información de la prensa, supera las 30, entre civiles y agentes policiales. Estas muertes y los cientos de heridos, producen responsabilidad política que deben ser asumidos por las autoridades del gobierno central. La Constitución Política prevé la renuncia o vacancia de dichas autoridades.

La alternativa de solución que viene adoptando el gobierno central frente a los reclamos de las comunidades amazónicas muestra una vez más qué alejados nos encontramos para comprender nuestra diversidad cultural, ecológica y humana. Qué difícil es comunicarnos con los dirigentes o representantes de comunidades o pueblos históricos diferentes. Qué difícil es que nuestras autoridades oficiales se sientan como ellos y entiendan cómo se vive y de qué se vive en sus contextos culturales y ecológicos. ¿Qué hubiere pasado si la Amazonía fuere Lima y la minoría de limeños originarios protestaran como las comunidades amazónicas? ¿Se autorizaría el uso de las Fuerzas Policiales y Fuerzas Armadas para desalojarlos?

Lo descrito nos conduce a una nueva experiencia de desastre político en nuestro país.

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