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Archive for 11 agosto 2009

Por: Antonio Peña Jumpa

¿Qué es lo que produce y reproduce los numerosos conflictos sociales que hoy identifica el escenario político de nuestro país? ¿Insatisfacción? ¿Pobreza? ¿Abusos? ¿Enriquecimiento ilícito? ¿Corrupción? ¿Defraudación electoral? ¿Injusticias? ¿Desigualdades? Muchas son las posibles respuestas, sin embargo hay una causa que normalmente no destacamos: la vulnerabilidad institucional.

Vulnerabilidad significa debilidad (sensible a daños o perjuicios físicos o morales) y lo institucional está referido al Estado. En términos sencillos, vulnerabilidad institucional significa debilidad del Estado; debilidad que está relacionado a las capacidades o incapacidades, ausencia o falta de legitimidad de nuestras autoridades políticas y funcionarios del Estado.

Precisando más aún el concepto podemos decir que la vulnerabilidad institucional se relaciona con los problemas estructurales de una sociedad que sus autoridades políticas no pueden mitigar (calmar o aliviar) o resolver. Uno de estos problemas estructurales es el centralismo del Estado. Las grandes decisiones políticas, legislativas, económicas, educativas, de salud o de justicia dependen de un pequeño grupo de políticos, pero sobre todo se siguen tomando desde la capital de nuestro país. Si a ello sumamos las decisiones sobre las actividades de las grandes empresas productivas, de las empresas bancarias y financieras, o de las empresas de comercialización o servicios, que también son tomadas en la capital, notaremos que el problema es muy grave.

Esta vulnerabilidad es la que produce o reproduce los 273 conflictos sociales cuantificados hasta el mes de junio del 2009 de todo el país por la Defensoría del Pueblo. Es curioso notar que estos conflictos tengan como actores sociales y reclamos un carácter local y muchos veces histórico, pero el origen de tales reclamos responden a un carácter nacional y centralista: procedimientos administrativos y legislación general elaborados y controlados desde Lima, bajo intereses normalmente limeños.

En una sociedad o en un país es normal el desarrollo de conflictos sociales, pero cuando estos se multiplican desproporcionalmente o devienen en desastres políticos, resultan inaceptables. Los recientes sucesos de Bagua, en nuestra Amazonía, y los sucesos de años pasados en Ilave, en nuestros Andes, son claros ejemplos de esta anormalidad social y política. Lo particular de estos conflictos es que su causa u origen, y su resolución o prevención, se encuentran en actos humanos (de nuestros políticos, empresarios y líderes sociales), pero no llegan a ser comprendidos o atendidos.

¿Es posible diseñar otras alternativas institucionales para evitar la reproducción de dichos conflictos y sus posibles desastres políticos? La propuesta de una ley de consulta y participación de nuestra población originaria o local, así como la iniciativa gubernamental de conformar oficinas especializadas en la resolución de conflictos sociales a nivel de los ministerios parecen interesantes alternativas. Sin embargo, nuevamente parece repetirse la causa del problema estructural ¿No será que se sigue diseñando e implementando alternativas desde nuestro centralismo institucional?

La enseñanza de Bagua e Ilave nos muestra que hay que mirar y actuar con la población local. Es esta población la que sufre los efectos de la vulnerabilidad institucional a la que nos hemos referido. En consecuencia, ¿No parece sensato trabajar con ellos para elaborar una propuesta legislativa de consulta y sus propios mecanismos de resolución de conflictos sociales?

(17 Julio 2009)

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