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Archive for 21 noviembre 2009

Por: Antonio Peña Jumpa

El caso de la venta de información secreta por miembros de la Fuerza Armada peruana a un país vecino ha conmovido la sociedad peruana y ocupado las primeras planas de los medios de comunicación. Sin embargo, poco se informa de las causas del problema ¿Por qué los agentes militares toman parte de este tipo de delitos?

Una explicación posible creemos se encuentra en su relación con los actos de corrupción que se practican en forma generalizada por funcionarios públicos y entes privados.

¿Qué diferencias existen entre los actos de un congresista oficialista, con mucha influencia en decisiones educativas, que asociado a una universidad privada (dependiente de esas decisiones educativas) recibe ingresos superiores a los 300,000 soles mensuales, y los actos de los militares que venden información secreta por 10,000 o 20,000 soles mensuales?

¿Qué distingue los actos de un alcalde con empresarios constructores que negocian comisiones que oscilan entre 7.5% y 25% a favor del primero a cambio de la adjudicación de obras millonarias a favor de los segundos (incluso en zonas de desastre tras el terremoto del 2007), respecto a los actos del mismo caso de venta de información secreta?

En términos morales es difícil encontrar diferencias. Los tres casos destruyen la consciencia colectiva y afectan el erario nacional de nuestro país. Pero lo más lamentable es que los propios casos de corrupción alientan los delitos de espionaje en la modalidad de venta de información secreta. Al no existir moral en nuestras autoridades, menos se puede exigir de nuestros subalternos.

Corrupción y espionaje son ejemplos de nuestra vulnerabilidad institucional. ¿Qué hacer para mitigarla? Apoyar la educación y el deporte, resaltando en los niños y jóvenes la formación en valores. Pero, en el corto plazo, cabe denunciar e investigar esos casos por igual para evitar que queden impunes.

(20/11/2009)

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Por: Antonio Peña Jumpa

A dos años y tres meses del terremoto del 15 de agosto de 2007, cientos de escuelas públicas  aún no terminan de ser reconstruidas y muchas de ellas se encuentran sin iniciar su reconstrucción. ¿Qué explica esta demora? ¿Falta de recursos? ¿Problemas burocráticos? ¿Quiénes son responsables?

***

El martes 28 de agosto de 2007, a 13 días del terremoto del Sur, el diario oficial El Peruano publicó en su portada una foto y la noticia sobre la donación de la suma de 750,000 dólares que hace la asociación de maestros de México, representada por la Sra. Elba Gordillo, al gobierno peruano, representado por el Sr. Alan García Pérez. Dicho dinero fue el producto de una colecta realizada entre los profesores del magisterio mexicano para destinarlo a la reconstrucción de las escuelas públicas afectadas tras el sismo.

El pasado 3 de noviembre de 2009, la Comisión de Educación del Congreso de la República del Perú, cuestionó al Ministro de Educación, Sr. José Antonio Chang, por la demora de su portafolio en la reconstrucción de las escuelas afectadas por el terremoto y particularmente por el aparente mal uso de la donación referida. El Ministro de Educación rehusó dar respuesta alegando la forma “grosera” o “sin pruebas” del cuestionamiento congresal.

Los medios de prensa publicaron posteriormente la justificación o explicación del Ministro de Educación: “la demora en la reconstrucción de las escuelas públicas (incluyendo el pendiente uso de la donación del magisterio mexicano) se debe a la burocracia estatal y la lentitud en el ministerio de educación en la elaboración y ejecución de expedientes técnicos”.

Esta explicación, sin embargo, no satisface a los damnificados. A dos años y 3 meses del terremoto del 15 de agosto de 2007,  tener alumnos y profesores de escuelas de nivel primario y secundario bajo carpas o módulos es una vergüenza gubernamental que requiere de más de una explicación. De un lado, se incurre en la transgresión de derechos constitucionales, como  aquel que obliga a las autoridades del Estado a asegurar el cumplimiento del Derecho Constitucional a la Educación: “Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones mentales o físicas”( Artículo 16º, tercer párrafo, de la Constitución Política del Perú).  Pero, de otro lado, se incurre en una negligencia grave al omitir el uso de una donación destinada a la reconstrucción de escuelas que con tanto esfuerzo hizo el magisterio mexicano en solidaridad con colegas y escolares damnificados  de nuestro país.

¿Qué explica la demora? ¿Sólo negligencia? ¿Incapacidad de nuestros gobernantes? ¿Inmoralidad de no dar el uso adecuado a un dinero que no es propio? ¿Inmoralidad por no considerar la situación de miles de niños y maestros que tienen que cumplir el mandato constitucional del derecho a la educación bajo carpas o módulos inadecuados previstos solo para una situación de emergencia no mayor a 6 meses?.

Frente a esta situación, es difícil pensar que sólo exista negligencia. Hay incapacidad evidente y omisión voluntaria, y, además, puede entenderse que exista indicio de corrupción. El monto de 750,000 dólares debe haber producido 100,000 dólares de intereses por el tiempo transcurrido, y las obras pudieron planearse y ejecutarse con el apoyo de empresas privadas o universidades desinteresadas políticamente.

En un análisis legal de los hechos descritos, cabe aplicar una sanción penal. Teniendo en cuenta el mandato constitucional, la existencia de recursos económicos a través de una donación y las condiciones de desamparo de los damnificados escolares y maestros, cabe aplicar al menos el artículo 377º del Código Penal: “El funcionario público que, ilegalmente, omite, rehusa o retarda algún acto de su cargo, será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de dos años y con treinta a sesenta días-multa”. Ciertamente, al lado de esta sanción penal aplicable corresponde la inhabilitación en el cargo de las autoridades responsables.

Solo entendiendo lo que significa trabajar o estudiar en una carpa o un módulo puede comprenderse lo grave de la situación. Pero, lo más grave es que estos hechos queden impunes.

 

(Lima, 6 de noviembre de 2009)

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