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Archive for 2 diciembre 2009

Por: Antonio Peña Jumpa

Medios de prensa y organismos no gubernamentales han informado en los últimos días que la comunidad o pueblo Kantozi, de la provincia Datem, Región Loreto, integrada por 2,500 miembros, se encuentra desprotegida frente a la infección de Hepatitis B que sufre la mayoría de su población. Desde varios años atrás se denuncia que esa enfermedad está produciendo la muerte de niños, mujeres y hombres de la comunidad sin que se haya puesto en práctica una seria acción pública. ¿Qué hacer? ¿Quiénes son responsables?

La Constitución Política del Perú regula en su artículo 7º que “todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa….” Esta norma, aplicada al caso de la comunidad Kandozi, tiene un doble significado: otorga a los miembros de esa comunidad la facultad de reclamar por la falta de protección de su salud, pero también obliga a todo ciudadano del territorio peruano a contribuir con la promoción y defensa de esa protección de la salud.

De un lado, el reclamo legítimo que faculta a los miembros de la comunidad Kandozi se encuentra garantizado por otro derecho constitucional superior: el derecho a la vida e integridad física regulado en el artículo 2º, inciso 1º, de la misma Constitución. Las numerosas muertes ocurridas pero, sobre todo, el riesgo de muerte al que se encuentran expuestos la mayoría de esa población faculta a reclamar por LA VIDA más que por la salud propiamente.

De otro lado, el deber de todo ciudadano a contribuir a mitigar ese riesgo de muerte del pueblo Kantozi conduce a identificar a los mayores responsables ante esa situación de desastre. De acuerdo a la Constitución Política, las autoridades del Estado son las principales responsables. ¿Qué autoridades? Las autoridades del Poder Ejecutivo son las responsables directas, y, dentro de este Poder, más responsables son el Presidente de la República y el Ministro de Salud (Artículo 118º, inciso 1º, y Artículo 128º de la Constitución). Pero también se suman como responsables las autoridades del gobierno regional de Loreto, siendo los mayores responsables el Presidente Regional y sus Consejeros (Artículo 192, inciso 7º, de la Constitución).

La situación de desastre humano que vive la comunidad Kantozi pone en ejercicio la democracia constitucional de nuestro país. Si dejamos que la comunidad perezca devorada por la Hepatitis B, estaríamos permitiendo un nuevo etnocidio en pleno siglo XXI. Si evitamos esa tragedia, estaríamos consiguiendo no solo salvar 2,500 vidas, sino particularmente una cultura humana, un conocimiento milenario de una parte de la Amazonía, que es irremplazable. La vulnerabilidad del desastre humano que vive la comunidad Kantozi y que afectaría a toda la sociedad peruana justo reside allí, en la pérdida de su conocimiento humano.

(Lima, 1º y 2/12/2009)

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