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Archive for 31 mayo 2010

Artículo por: Leónidas Wiener

Extracto:

En vísperas de cumplirse un año de los trágicos sucesos acaecidos en Bagua el pasado 5 de junio del 2009, el Congreso de la República aprobó en sesión plena de fecha 19 de mayo del 2010, la Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas. La aprobación de esta Ley constituye un gran paso en el proceso de reconocimiento de la pluralidad cultural existente en el país, lo cual va de la mano con el proceso de ampliación de la ciudadanía y de construcción de una democracia inclusiva que respete los derechos humanos de las personas.

Sin embargo, la Ley presenta algunas deficiencias y vaguedades que requieren ser resaltadas a fin de que el Gobierno tome todas las medidas convenientes para que el procedimiento de consulta cumpla todos sus fines establecidos. Así, el presente artículo, además de resaltar la importancia de la aprobación de esta Ley y sus aspectos más positivos en cuanto al tratamiento jurídico de los pueblos indígenas en el Perú, también realiza un análisis crítico de sus puntos más controvertidos.

Contenido completo del artículo:

Artículo Ley Derecho a Consulta

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Por: Antonio Peña

El miércoles 19 de mayo el pleno del Congreso de la República del Perú aprobó la “Ley del Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas”. Dicha ley, aún pendiente de ser promulgada por el Presidente de la República, busca regular las obligaciones establecidas al Estado Peruano por el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde el año 1994, fecha en que nuestro país ratificó dicho Convenio.

La ley se aprueba a 15 días de cumplirse un año de los lamentables sucesos de Bagua (5 de Junio del 2009). La ley es un producto de estos sucesos. Lo cual nos permite dos comentarios antes de señalar brevemente las ventajas y desventajas de la ley.

Primero, en nuestro país aún es necesario que ocurran muertes de indígenas y no-indígenas para alcanzar una ley que regule lo que ya aparece como obligación de las autoridades del Estado en el mencionado Convenio y en la propia Constitución Política del Perú.

Segundo, nuestros representantes políticos (Congresistas de la República) y nuestras autoridades políticas (el Ejecutivo) tienen que dilatar al extremo la discusión del contenido de dicha ley para aprobarla. De no ser por la proximidad del 5 de junio, es probable que no haya habido ley aprobada.

Estos dos comentarios confirman que los pueblos indígenas u originarios no son aún prioridad en la agenda de nuestros políticos. Pero teniendo en cuenta ya la aprobación de la ley, qué ventajas y qué desventajas nos ofrece ésta.

Las ventajas se encuentran en la regulación de aquellas obligaciones que para nuestras autoridades no eran claras. Ahora se recalcan responsabilidades para que las “entidades estatales” cumplan con identificar “las medidas legislativas o administrativas que tienen relación directa con los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios” para llevar a cabo la consulta.

Las desventajas se encuentran en la regulación misma: toda ley restringe derechos cuando su fuente u origen se encuentran en la Constitución o en Tratados Internacionales. Si no hay voluntad y buena fe de las autoridades del Estado y los actores sociales y económicos interesados, la ley se cumplirá en lo mínimo o simplemente no se cumplirá. Dentro de esta línea, por ejemplo, la ley no involucra a las empresas que son las interesadas en las consultas para explotar los recursos naturales que se encuentran en territorio de los pueblos originarios. ¿Qué ocurre si estas empresas no cumplen la ley o las decisiones que broten de las consultas que ejecutan las autoridades del Estado?

Más allá de los comentarios y de las ventajas o desventajas señaladas, cabe pensar en la madurez de nuestra sociedad para buscar respetar la ley aprobada dentro del marco de la Constitución y el Convenio 169 de la OIT. Es nuestra sociedad peruana, cada vez más consciente de su pluralidad y diversidad cultural, la que puede cambiar a los políticos que no tienen la voluntad de aplicar la norma y sancionar a los empresarios o a los propios indígenas que la incumplan.

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Por: Antonio Peña*

El pasado 1ro de Abril del 2010 el pueblo de Ambo (capital del distrito y provincia del mismo nombre), en la región de Huánuco, se vio sorprendido por un Huayco de grandes proporciones que arrastró parte de la ciudad ubicada bajo una quebrada al otro lado del río. El alud de lodo y piedra producto de las lluvias arrasó con decenas de viviendas o edificaciones y afectó a otras decenas de ellas. Según los vecinos, las víctimas fallecidas cuentan por más de 50, los desaparecidos por un número similar, y los damnificados de viviendas por cientos.

Lo particular de los acontecimientos es que dentro del grupo de viviendas y edificaciones arrasadas o afectadas se encuentran el local de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), el camal municipal, un Instituto Tecnológico de Estudios Superiores y un Estadio en construcción.  ¿Conocían las autoridades públicas del riesgo en el que se encontraban sus edificaciones? ¿Contaban con título de propiedad o equivalente, con declaratoria de fábrica y los permisos municipales o legales correspondientes, incluyendo los de Defensa Civil?

Si éstas son preguntas difíciles de absolver por las autoridades del Estado, más difíciles resultan de absolver por los vecinos damnificados. Si nuestras autoridades practican actos contra la seguridad y el orden público, no es difícil esperar lo mismo de los ciudadanos.

En estos momentos, Mayo del 2010, cientos de damnificados viven en carpas o viviendas de vecinos o familiares. El gran tema es cómo y dónde reubicarlos.

El “cómo” está relacionado con los derechos de propiedad. Si los damnificados no tienen títulos inscritos, o mejor dicho, no podrían tener título inscrito, ¿les corresponde ser subsidiados con una propiedad segura? ¿Quiénes son los damnificados si se carece de catastro o registros formales? Al respecto, más que las propias autoridades, son los damnificados organizados quienes tendrían una respuesta.

El “dónde” tiene relación con las posibles comodidades o incomodidades que se les ofrezca a los damnificados. No hay terrenos cercanos y seguros que las autoridades del Estado puedan compartir.

Pero el problema mayor es quién o quiénes resultan responsables de las viviendas o edificaciones construidas en la quebrada de Ambo arrasadas por el huayco y por las muertes subsecuentes. ¿No es el mismo problema de vulnerabilidad y falta de derechos de miles de ciudadanos que viven en los Andes, la Amazonía y la Costa del Perú?

*Profesor Principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Abogado, Master en Ciencias Sociales, PhD in Laws. Visita a Ambo, Huánuco, el 16 de Mayo del 2010.

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