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Archive for 31 marzo 2011

Por: Antonio Peña Jumpa

El terremoto de Japón, del pasado 11 de Marzo de 2011, ha producido un desastre sin precedentes en ese país, con efectos internacionales. A los miles de muertos y desaparecidos se ha sumado la amenaza de un daño radioactivo y la inestabilidad económica y financiera en el país y en otros países del mundo.

¿Esta situación puede conducirnos a afirmar la existencia de desastres globales como consecuencia de los terremotos?

En efecto, las consecuencias de terremotos de alta magnitud producen desastres globales. Los tsunamis son el mejor ejemplo de estas consecuencias globales, tras los terremotos. Así, la experiencia del tsunami  de Indonesia del año 2004 que causó estragos en muchos países asiáticos, la experiencia del tsunami en Chile del año pasado que afectó la costa del pacífico sudamericano, y la reciente experiencia del tsunami de Japón cuyos efectos llegaron a las costas de nuestro país, lo confirman. La creciente magnitud de terremotos está produciendo tsunamis intercontinentales que amenazan las ciudades de las costas internacionales.

Pero, más allá de los tsunamis, el terremoto de Japón ha demostrado la vulnerabilidad física y técnica de un país super-industrializado con efectos globales. La destrucción de edificios y ciudades enteras, pero sobretodo la afectación de la planta nuclear de Fukishima ha demostrado la debilidad de la tecnología y el desarrollo económico de un gran país como es Japón frente al terremoto. Los daños superan los 300,000 millones de dólares a la fecha y el valor sobre los miles de muertos y desaparecidos, el sufrimiento de millones de damnificados, así como la amenaza radioactiva que se ha extendido en el mundo resultan incalculables. Por ejemplo, prohibir a los niños beber el agua corriente por el riesgo radiactivo significa equipar este país altamente tecnificado con aquellos países pobres donde el agua corriente es “impura” o se encuentra contaminada por las actividades económicas extractivas.

A lo anterior se suman los efectos globales a nivel económico y financiero. Tras el terremoto de Japón las bolsas de valores del mundo cayeron. Empresas y familias migrantes han quebrado. El turismo pierde grandes inversiones porque los japoneses cancelaron sus viajes. Pero, además, la industria automotriz y de seguros siente sus efectos: Japón no solo deja de fabricar vehículos, sino autopartes y artefactos que distribuye al mundo, lo que produce el incumplimiento de transacciones que contrasta con los pagos multimillonarios que tienen que desembolsar las compañías de seguros calculados, en un primer momento, en 35,000 millones de dólares.  El conjunto de estas pérdidas se transformarán más adelante en inversiones para la reconstrucción, pero los daños han sido ya un hecho y la situación de los damnificados es aún de emergencia.

El terremoto de Japón ha demostrado entonces que países super-industrializados y preparados aparezcan tan vulnerables como otros países semi-industrializados o pobres. El desarrollo de la tecnología y la economía no ha hecho posible elaborar un programa de prevención de desastres capaz de controlar terremotos de alta magnitud con tsunamis intercontinentales y  con daños que afectan plantas nucleares y desestabilizan economías mundiales.

Esta nueva tendencia global de los desastres debe conducirnos a reflexionar en nuevos sistema de prevención. No bastan autoridades y los recursos de un solo país para atender eventos de esta naturaleza. La solidaridad entre países sigue siendo necesaria, pero es más urgente la construcción de una organización mundial humanitaria que a manera de un seguro global cuente con normas y obligaciones que involucre a todos los países del mundo.

(Lima, 14, 18 y 25 de Marzo 2011)

 

 

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Antonio Peña Jumpa, Profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, abogado, Master en Ciencias Sociales y PhD.  in Laws.

¿Qué tan preparados se encuentran nuestros actuales gobernantes y los candidatos políticos para afrontar la prevención de un desastre por causas naturales o humanas, como un terremoto, y asumir eficientemente la reconstrucción de un pueblo afectado por el mismo desastre?

El reciente terremoto ocurrido en Nueva Zelanda el 22 de febrero último, nos hace recordar el terremoto de Pisco, en el sur chico, de hace cerca de 4 años atrás, y los terremotos de Haití y Chile de un año atrás. En todos es posible notar que la población es sorprendida por el evento, deviniendo su situación en desastre con numerosas muertes y daños incalculables. Pero, también es posible notar que esta vulnerabilidad de la población está relacionada directamente con la gestión del gobierno y, más precisamente, con la capacidad de nuestros gobernantes.

Los terremotos no se pueden prevenir, pero los desastres sí. Esta prevención consiste en superar la situación de vulnerabilidad de la población. Esto es, su preparación en un contexto adecuado frente al peligro y una capacidad de respuesta, de la misma población, que haga posible reducir a lo mínimo los daños y posibles muertes.  Para ello, es fundamental la acción de nuestras autoridades política  de acuerdo a un buen gobierno.

Un buen gobierno frente a los desastres consiste en asumir seriamente dos de los deberes principales del Estado regulados por la Constitución Política del Perú: proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación (Artículo 44º de la Constitución Política). Pero estos deberes carecen de sentido si es que no tienen recepción en la población. Entonces, es necesario sumar como parte del buen gobierno la participación de los ciudadanos, como derecho y como deber, en sus respectivos gobiernos locales (artículo 31º de la Constitución Política).

Repasando la experiencia del terremoto de Pisco del 15 de agosto de 2007 (que se extendió a las provincias de Chincha, Ica, Cañete, Yauyos, Huaytará y Castrovirreyna), podemos recordar cuán difícil resultó para el gobierno central poner en práctica una política de protección y, más aún, una política de bienestar general a favor de los damnificados. Así, tras el terremoto nuestras autoridades centrales desconocían el epicentro, las ciudades afectadas y la magnitud de los daños y necesidades. Esto limitó la movilización de socorristas y maquinarias para salvar la vida de personas atrapadas. Asimismo, los días siguientes al terremoto fueron de total incertidumbre en la población porque no se sabía cómo recibir y distribuir ayuda. No se aceptó, como política de gobierno, promover la participación de la propia población que, en forma organizada, podía acceder a la ayuda por turnos y por barrios o cuadras.

Se creó el bono de 6,000 soles (Bono-6000) como subsidio para la reconstrucción de viviendas y se constituyó el Fondo para la Reconstrucción del Sur (FORSUR). Pero, ambos fracasaron. El Bono-6000 no fue aplicado adecuadamente por las autoridades ni por los damnificados, y el FORSUR se convirtió en una instancia burocrática alejada del desastre. A cerca de 4 años del terremoto de Pisco aún se puede apreciar más de la mitad de viviendas damnificadas sin construir, miles de familias que viven hacinados en módulos de madera “provisionales”, y problemas de saneamiento legal con desorden administrativo que reproduce la informalidad urbana. Lo más lamentable es que la mayoría de damnificados que ha reconstruido su vivienda, lo ha hecho sin licencias y sin las recomendaciones profesionales o técnicas para afrontar otro terremoto.

El buen gobierno frente a los desastres no se ha experimentado positivamente aún en nuestro país. ¿Cuántos de nuestros candidatos políticos actuales tienen una formación y propuesta para alcanzar ese buen gobierno? ¿Cuántos estarían preparados gubernamentalmente para afrontar un terremoto de la misma magnitud de Pisco, en ciudades como Lima? Si en alguno de los candidatos se puede identificar este serio compromiso,  es una buena opción a tener en cuenta al emitir nuestra decisión electoral.

(Lima, Pisco, 22-25/02/2011)

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