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Archive for 25 mayo 2011

Por: Antonio Peña J.

Tras más de dos semanas de una huelga con cierre de carreteras y pérdidas millonarias, miles de ciudadanos aymaras de Chucuito y July, incluyendo Ilave y Ácora, manifiestan su rechazo a la exploración y explotación de recursos mineros e hidrocarburos. ¿Qué motiva este nuevo grave conflicto socio-ambiental? ¿Qué derechos aparecen en conflicto? ¿Cuáles pueden ser sus efectos?

Los Aymaras son una de las principales poblaciones originarias que habitan el Sur Andino Peruano, gran parte de la Sierra de Bolivia y el Norte Andino de Chile. Resistieron la conquista Inca y la colonización española hasta la actualidad. Comparten una identidad cultural basada en su relación con su recurso económico fundamental: la tierra o su pachamama. Ubicados alrededor del lago Titicaca sobre los 3,800 metros sobre el nivel del mar, han sabido desarrollar, al lado de sus vecinos quechuas, una agricultura avanzada domesticando vegetales como la quinua, la kiwicha, la oca, el olluco, y, entre otras especies, la papa en sus miles de variedades. Pero también desarrollaron en sus tierras una ganadería local basada en la alpaca, el guanaco y la llama, y luego una ganadería de animales europeos basada en el vacuno y el ovino. Ello, sin descontar el desarrollo de su habilidad en la pesca, en ríos y lagos.

¿Fue la minería una actividad principal entre los Aymaras? No. Por el contrario, desde la colonización española los Aymaras saben que la minería ha sido destructiva de su medio ambiente y de sus vidas: por ejemplo, para satisfacer intereses externos tenían que transitar hasta 3 días bajo tierra para seguir una veta de oro en una mina localizada en sus comunidades. Hoy sufren los efectos de la minería formal e informal que contaminan sus ríos y lagos. Esta contaminación no solo produce la muerte de peces, de sus animales que beben el líquido elemento, además de nuevas enfermedades en su población, sino que, por estas mismas causas, produce el desplazamiento de comunidades enteras destruyendo su histórica organización social y cultural.

Estos hechos, que normalmente no son destacados en los medios de prensa, son los que fuerzan el rechazo, por los Aymaras, de las concesiones mineras (y de cualquier otra actividad semejante), produciendo la huelga y actos de protesta mencionados. ¿Existe algún derecho vigente que ampara o legitima tales protestas y tal rechazo? El artículo 6º del Convenio Nro. 169, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), vigente en nuestro país desde el año 1994, obliga al Estado Peruano a consultar previamente “mediante procedimientos apropiados (…), cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas [como son la delimitación y entrega de concesiones mineras] susceptibles de afectarles directamente”. Esto significa que constituye un derecho fundamental, por el convenio o norma internacional citada, que los ciudadanos Aymaras sean previamente consultados de las medidas administrativas que otorgan las concesiones mineras que les afecte.  Al no haberse efectivizado estas consultas previas en el otorgamiento de las concesiones mineras actualmente cuestionadas en Puno, las mismas devienen en nulas, lo que significa que tales concesiones deben cancelarse y reiniciarse los procedimientos conforme a la norma internacional citada.

Pero, además, la situación amerita, por mandato constitucional y legal, que los funcionarios que autorizaron las concesiones cuestionadas, así como los representantes y agentes de las empresas mineras que contaminan o amenazan contaminar sean investigados y sancionados. Si el poder coercitivo del Estado no opera frente a los daños ya producidos o inminentes, y que constituyen las causas de las protestas, es muy difícil que los representantes del gobierno central se legitimen y pretendan una solución inmediata frente a las mismas protestas. Nótese que no es necesario discutir la promulgación de una “Resolución Regional que prohíba toda concesión minera” (como pretende un sector de políticos), si el gobierno central da el ejemplo de auto-coerción.

¿Qué efecto puede producir la radicalización de las protestas de los ciudadanos Aymaras? Como ha ocurrido con otros graves conflictos sociales, el actuar de las partes en el conflicto tiende a agudizarse hasta que intervienen las Fuerzas del Orden produciendo una confrontación con muertos y heridos. Los casos extremos de Ilave, en abril de 2004, y de Bagua, en Junio de 2009, son los más cercanos sucesos comparativos. No es que a la población “les agrade” participar en este tipo de conflictos; es en realidad una situación límite: los ciudadanos aymaras defienden sus derechos exponiendo sus vidas porque éstas ya han sido amenazadas con la contaminación y la muerte de sus animales, y la destrucción de sus comunidades.

Nuestras autoridades centrales tienen un nuevo reto para evitar otro desastre político. Conforme a nuestra Constitución Política el Presidente de la República es el principal obligado a prevenir tal desastre. ¿No es pertinente que en lugar de estar interfiriendo en las elecciones presidenciales deba ocuparse de corregir la gestión de sus funcionarios conforme al derecho internacional citado? ¿Qué propuestas tienen los actuales candidatos presidenciales para prevenir conflictos socio-ambientales como el mencionado? ¿Es posible que estos candidatos puedan prevenir el desastre político?

(Lima, 22 de mayo de 2011)

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