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Archive for 9 julio 2011

Por: Antonio Peña Jumpa[1]

¿Los acontecimientos recientemente ocurridos en Puno, con trágicas pérdidas de vidas humanas y millonarios daños, constituyen un conflicto social o un conflicto intercultural?

Un conflicto social puede ser definido en términos sencillos como la confrontación de dos grupos humanos, identificados con culturas generalmente semejantes, sobre intereses distintos. Un conflicto intercultural, a su vez, puede ser definido como la confrontación de dos grupos humanos, identificados con culturas diferentes, sobre intereses distintos. Lo que distingue ambos tipos de conflictos es la identidad cultural, semejante o diferente, de los grupos humanos en conflicto. Siguiendo estos conceptos, en nuestra opinión, el reciente conflicto de Puno, así como el conflicto de Bagua ocurrido dos años atrás (2009) y la mayoría de conflictos colectivos desarrollados en nuestros Andes y nuestra Amazonía, constituyen precisamente conflictos interculturales. Si bien pueden ser tipificados también como conflictos sociales, su precisión corresponde al de conflictos interculturales.

La clave de estos conflictos se encuentra en la concepción cultural del interés en disputa. Mientras que para un grupo humano el interés tras el conflicto consiste en la extracción y comercialización de recursos naturales, sea mineral, petróleo, madera u otro, que pueden ser valorizados en millones de dólares; para el otro grupo humano, de cultura diferente, el interés en disputa consiste en preservar tales recursos en tanto el territorio donde se encuentran le sirve para proveerse de alimentos o bienes con un mínimo de ingreso económico.

Para el primer grupo humano, los recursos naturales que yacen en esos territorios son medios de cambio de nivel internacional, necesarios para desarrollar la economía del país y del mundo en constante crecimiento (desarrollo económico). Para el segundo grupo humano tales recursos naturales son parte del territorio que constituye su medio de uso y, muchas veces, su medio sagrado, necesarios para su subsistencia de hoy y de sus generaciones futuras (desarrollo sostenible).

Esta concepción cultural de los recursos naturales y del territorio donde se ubican, se traduce en Derechos. El primer grupo humano considera que, una vez conseguida la concesión de las autoridades del Estado, adquiere el derecho para explorar y explotar esos recursos naturales; el segundo grupo humano considera que el territorio donde yacen esos recursos naturales es su propiedad, desde tiempos inmemoriales, no importando la situación de los recursos naturales en el subsuelo o sobresuelo.

¿Cuál de los dos grupos humanos-culturales tiene la razón constitucional o legal? Ambos tienen, según la Constitución Política del Perú, buenas razones para sostener su posición. El primer grupo tiene como base normativa a su favor los artículos 62º y 66º de la Constitución Política, donde se regula la libertad de contratar, los contratos-ley y la propiedad de los recursos naturales a favor de la “Nación [peruana]”. El segundo grupo humano tiene como base normativa a su favor los artículos 88º y 89º de la Constitución Política, donde se regulan la prioridad de la actividad agraria, el reconocimiento con personería jurídica de las Comunidades Campesinas y Nativas (que es como se les ha reconocido a este segundo grupo), y el respeto de la autonomía e identidad cultural de éstas. Adicionalmente, este segundo grupo tiene un respaldo normativo especial en el Convenio Internacional sobre Pueblos Indígenas y Tribales Nro. 169, de la Organización Internacional del Trabajo, cuyas normas tienen rango constitucional.

Ante esta aparente o formal igualdad de derechos, cuando aparece el conflicto es necesario optar por el interés de uno de los dos grupos. Por equidad, la opción favorece al grupo más vulnerable, el que requiere para su subsistencia del territorio donde yacen los recursos naturales. El derecho a la vida, regulado en la misma Constitución Política como bien supremo, aparece como la razón que orienta dicha opción.

Sin embargo, cabe una pregunta adicional. ¿Puede el primer grupo convencer al segundo grupo para que suspenda temporalmente su vínculo con el territorio que le proporciona su medio de vida para dar lugar a la exploración y explotación de un recurso natural que también los beneficie sin destruir ese territorio y sustituyendo sus condiciones de vida con otras semejantes o mejores? Es posible, pero ello solo se consigue a través de la consulta, el diálogo y la negociación INTERCULTURAL que lleven al segundo grupo humano a otorgar su consentimiento.  En tal supuesto, ambos grupos tienen que participar en una mesa, bajo igualdad de condiciones, con asesores que provean de información cierta a ambos grupos, garantizados con la neutralidad del Estado. Pero, además, en la misma mesa tienen que encontrarse todos aquellos grupos humanos que, no involucrados directamente, se verían afectados por el derecho de paso del transporte del recurso natural o por los daños que pudiera ocasionar su extracción o explotación.

El consentimiento del grupo o los grupos vulnerables es fundamental para garantizar el éxito de la actividad económica. La consulta y negociación intercultural lo puede hacer posible cuando no se ponga en riesgo la vida del grupo humano. Caso contrario, el conflicto revivirá o emergerá.

Las autoridades del gobierno central que se aleja no han comprendido la naturaleza de estos conflictos interculturales. Las muertes y daños ocurridos por su injerencia y mal tratamiento de dichos conflictos se encuentran dentro de su responsabilidad. Al nuevo gobierno le corresponde investigar y, de ser el caso, sancionar o denunciar ante el congreso o el sistema de justicia por tales hechos. Pero, sobre todo ello, al nuevo gobierno le corresponde no cometer los mismos errores.

(Lima, 5, 6 y 8 de Julio 2011)

 


[1] Profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), abogado, Magister en Ciencias Sociales, Ph.D. in Laws. El autor agradece los comentarios de César Higa Silva, y agradece a los colegas del Seminario Interdisciplinario sobre Derecho y Ciudadanía Intercultural de la PUCP por el espacio de discusión.

 

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