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Archive for 22 junio 2012

Antonio Peña Jumpa[1]

El diario El Comercio publicó el pasado domingo 17 de junio de 2012 una encuesta nacional urbana de la empresa Ipsos Apoyo, elaborada para el mismo diario, sobre “aprobación presidencial” y la “desaprobación en la actuación del gobierno, dirigentes y mineros” a propósito de los últimos acontecimientos del conflicto social minero en la provincia de Espinar, región de Cusco. Llama la atención la posible manipulación del contenido y la tergiversación en la interpretación de la citada encuesta sobre el tema del uso de la violencia para controlar la protesta social.

Frente a la pregunta: “Con respecto a las acciones tomadas por el gobierno contra los que protestan en los conflictos mineros ¿Considera que se está actuando en forma muy severa, de forma correcta o de forma muy blanda?” La respuesta fue la siguiente:

“[Actuación del gobierno] correcta:                           23%

[Actuación del gobierno] severa:                                 26%

[Actuación del gobierno] muy blanda:                      41%

[Actuación del gobierno] sin precisión:                   10%”

(El Comercio, 17 de junio de 2012, página A-4)

Interpretando este resultado, el Sr. Alfredo Torres, representante de la empresa encuestadora, opina en el mismo diario:

“El pueblo pide más firmeza al gobierno.

“Como era de preverse, la aprobación del presidente Ollanta Humala bajó este mes (….) los conflictos sociales y la sensación de desgobierno que tiene la población parecen ser la principal causa de esta caída (….) el gobierno no es percibido como autoritario, sino, más bien, como muy blando frente al desorden (….) La ciudadanía prefiere el diálogo para la solución de conflictos, pero cuando la protesta se excede, demanda el restablecimiento del orden público (….)” (Ibid)

Conforme a los resultados mostrados en la encuesta, el 41% de la población entrevistada dio como aparente respuesta la “muy blanda” actuación del gobierno central frente a las protestas por conflictos sociales y mineros. La interpretación del Sr. Torres resulta aparentemente legítima cuando dice que “el pueblo pide más firmeza del gobierno”. Sin embargo, esta opinión, puede, a su vez, interpretarse de la siguiente forma:

–        Frente a los actos de protesta de los conflictos sociales mineros no bastan 2 muertos y decenas de heridos, como ocurrió tras el control de las protestas de la provincia de Espinar, a fines de Mayo último, sino el equivalente a 33 muertos, un desaparecido y cientos de heridos, entre policías y civiles,  como ocurrió en Bagua en Junio de 2009.

Lo que estaría deseando el Sr. Torres es más violencia institucional, del Estado, para proteger a las empresas mineras que proveen de recursos tributarios a nuestro gobierno, no importando las muertes ni los heridos al imponerse el “orden público”.

¿Es correcta esta segunda interpretación?

Aparentemente también es legítima, pero manipulada, sesgada o tergiversada. Pero es que manipulada también es la encuesta citada y sesgada la interpretación pública del Sr. Torres.  Si analizamos la fuente de entrevistados aplicada en la encuesta notaremos que está basada en una muestra de 1,207 personas, con un aparente nivel de representatividad de 75.2%, bajo un universo de población URBANA del país (ver datos con letras minúsculas en pág. A-4). Esto significa que los entrevistados en las encuestas son un grupo muy reducido de ciudadanos, además solo URBANOS,  que pone en duda la aparente representatividad nacional de 75.2% de nuestra población nacional. El 41% del 75.2 %, además, sería menos de un aparente 30% de la población nacional al 100%.

Si tenemos en cuenta que los conflictos sociales mineros tienen como universo la zona rural del país, notaremos que los encuestados urbanos no son los representativos para evaluar el tema de la violencia en los conflictos objeto de la encuesta. ¿Por qué no se encuestó con la misma pregunta a la población rural, que incluyendo a la población rural-urbana puede ascender a 40% de la población nacional? ¿Son estas personas también excluidas para las encuestas?

Lo más lamentable es que un representante de una empresa importante, utilizando un medio de comunicación masivo, difunda una interpretación sesgada o tergiversada sobre un tema muy sensible como es el uso de la violencia institucional frente a las protestas. ¿Conocía el Sr. Torres de los límites de su encuesta nacional? ¿Al opinar sobre la necesidad de una mayor firmeza de parte del gobierno central contra las protestas no estaría afectando la defensa de otro derecho fundamental más reconocido constitucionalmente como es la vida humana? ¿No es esta forma de opinión pública una apología de la violencia institucional que puede entenderse como un tipo de terrorismo contra la población rural? Para quienes creemos en la defensa de la vida de las personas, sea urbana o rural, estas preguntas pueden orientar la más legítima y no manipulada interpretación.

 


[1] Profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Abogado, Magister en Ciencias Sociales y PhD. in Law.

Lima, 19 y 20 de junio de 2012.

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Antonio Peña Jumpa[1]

Tras los lamentables sucesos que terminaron en muertes, decenas de heridos e inmensos daños materiales  en la Provincia de Espinar, Región de Cusco, producto del enfrentamiento entre agentes policiales y la población local que se encontraba en protesta hacía fines de Mayo,  cabe reflexionar propuestas o alternativas para evitar que los efectos del desastre político producido continúe. ¿Cuáles son estas propuestas o alternativas para resolver el conflicto aún existente en Espinar y evitar mayores desastres?

En primer lugar, es imprescindible comprender que el conflicto no es policial ni militar, sino político, social, cultural y económico. Solo parcialmente es ambiental o sanitario. En esta perspectiva comprendamos que la población local de Espinar se integra por comunidades andinas de origen Aymara y Quechua dedicadas principalmente a la actividad pecuaria, cuyos territorios se localizan a 4000 metros sobre el nivel del mar, y comparten otra cultura, otra economía, con otra organización social y política. Bajo este contexto, líderes como el padre Marco Arana, el dirigente Herbert Huamán o el mismo alcalde Oscar Mollohuanca pueden influir en la decisión de la población, pero ésta no les creerá y no se movilizará si es que no SIENTE daños concretos. Es la muerte de sus animales o ganado la que puede producir una férrea movilización. Con esas muertes es que su orden económico, social y cultural se altera, y con ello puede entenderse justificado, en su percepción, la realización de una movilización política violenta.

En segundo lugar, es urgente controlar las causas y efectos del conflicto sentido por los comuneros y la población local. Si está en duda que la empresa minera cercana sea la causante de los daños, por PRECAUCIÓN (principio constitucional precautorio) hay que investigarla y al indicio razonable de su responsabilidad, disponer la suspensión de sus actividades. Si los funcionarios del Estado no actúan con esta urgencia y precaución están agudizando la acumulación del conflicto que puede estallar con efectos más gravosos. Si los funcionarios actúan con esa urgencia y precaución, generarán confianza en la población.

En tercer lugar, hay que poner en práctica un efectivo DIÁLOGO INTERCULTURAL. Para ello es necesario dar facilidades en medios y recursos a los representantes de las comunidades o pueblos afectados para que cuenten con asesores y traductores de su confianza y participen en una mesa de diálogo donde expongan LO QUE SIENTEN. Las autoridades del Estado tienen que escuchar, pero también tienen que convocar a los representantes de las empresas mineras involucradas para que igualmente escuchen y expongan su defensa. No se trata de un diálogo técnico, sino cultural, de intercambio de palabras y conocimientos en quechua y castellano que acerque a las partes en conflicto. Cabe aclarar que el Estado no es parte del conflicto: es receptor, mediador y/o previsor del conflicto, pero no es parte. Si las autoridades del Estado actúan como parte del conflicto, no estarían buscando la solución. Habría que buscar a otro mediador.

En cuarto lugar, el diálogo intercultural tiene que extenderse a otros pueblos y otras autoridades involucradas con el conflicto. Inmediatamente después del diálogo con las comunidades o pueblos directamente afectados, hay que proseguir el diálogo con las comunidades adyacentes, las autoridades municipales locales, los gremios o instituciones directamente interesados, y con las autoridades regionales.

En quinto lugar, las autoridades del Estado tienen que promover acciones legales inmediatas para investigar y sancionar a los autores de los lamentables sucesos. Las muertes, los heridos, como los daños materiales tienen autores originarios, mediatos y directos. En este caso, los autores originarios y mediatos pueden ser más “peligrosos” que los autores directos. Si es que hubo un derrame contaminante de una empresa minera, deben ser los representantes de la empresa y los funcionarios públicos que no fiscalizaron a la empresa los principales investigados. Si los sucesos fueron promovidos a partir de una información ambiental manipulada, las autoridades o personas que utilizaron esta información deben ser los principales investigados. En cualquier caso, si no hay investigación y sanción a los responsables, el conflicto continuará.

Por último, se debe respetar y cumplir con los acuerdos a los que se arribe en el diálogo intercultural. Uno de los acuerdos puede ser indemnizar a las familias que sufrieron los daños producto de la contaminación o de los hechos de violencia. Esta indemnización no es difícil si es que se coordina con las autoridades comunales y su organización colectiva. Otro acuerdo puede ser la participación de los comuneros o pobladores locales en el monitoreo de la fiscalización ambiental y control de daños. Igualmente, es una acción no compleja si es que se coordina con las autoridades comunales y su organización colectiva.

Sin embargo, el conjunto de estas sugerencias requiere de dos aspectos previos que faciliten su ejecución. De un lado, es importante que las autoridades del Estado que inicien las acciones cuenten con legitimidad ante la población damnificada o aún enardecida. No pueden ser personas que directa o indirectamente promovieron el desastre político. De otro lado, es importante que se dé muestra de la superación de toda posible duda sobre una supuesta actuación arbitraria de los agentes del gobierno central. En tal caso, la liberación condicional del Alcalde Oscar Mollohuanca, procesado bajo la duda de un debido proceso constitucional, es imprescindible.

Si las autoridades del Estado y los representantes de las empresas mineras que resultan involucradas se colocaran en la situación de los comuneros o pobladores damnificados del conflicto de Espinar, es seguro que la solución no tardará. Las alternativas de solución propuestas dependen en gran medida de esta simple sensibilización. Caso contrario, estaríamos optando por continuar lamentando posibles desastres políticos.

 Lima, 9, 10 de junio de 2012.


[1] Profesor Principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Abogado, Master en Ciencias Sociales, PhD. in Laws.

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Antonio Peña Jumpa[1]

El conflicto de Bagua, que tuvo como día central el 5 de Junio de 2009, ha dejado en la sociedad peruana una profunda herida cuyo dolor no tiene solución de continuidad. Tras los tres años transcurridos es poco lo que nuestros políticos, gobernantes, magistrados y miembros de la sociedad dominante, la urbana o moderna, hemos aprendido para evitar que conflictos semejantes se repitan. El reciente conflicto de Espinar, en la Región de Cusco, y el conflicto actual de Conga, en la Región de Cajamarca, son la mejor prueba de ello.

El pasado 5 de Junio de 2009, se enfrentaron comunidades indígenas amazónicas y las Fuerzas del Orden, luego de más de 45 días de huelga de las primeras con toma de las principales vías de transporte de la provincia de Bagua, en la Región de Amazonas. Tras el enfrentamiento se produjeron cuando menos 33 muertes y un desaparecido: 23 agentes policiales resultaron muertos, 10 civiles entre indígenas y mestizos también resultaron muertos, y un agente policial resultó desaparecido.

El hecho tuvo como causa la promulgación de numerosos Decretos Legislativos que el Gobierno Central hizo público a mediados del año 2008, dentro de su objetivo de implementar el Tratado de Libre Comercio celebrado con Estados Unidos.  Las Comunidades Amazónicas habían llamado la atención del Gobierno Central ese mismo año, a través de una huelga prolongada e incidentes violentos. En aquella ocasión dieron una tregua al Gobierno Central luego que consiguieron la derogación de dos Decretos Legislativos que consideraron inconstitucionales: los Decretos Legislativos 1015 y 1073 referidos a la modificación del procedimiento de ventas de tierras de las Comunidades Andinas y Amazónicas.

En Diciembre de 2008, una Comisión Multipartidaria del Congreso de la República, a cargo del estudio y análisis de los cuestionados Decretos Legislativos, concluyó que al menos 8 de los Decretos Publicados, aún vigentes en aquella fecha, eran inconstitucionales por dos razones principales:

  1. Contradecían en el fondo normas de la Constitución Política de 1993 y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en vigor desde 1995.
  2. Se habían emitido sin respetar el Derecho de Consulta previa regulado en el mismo Convenio 169 de la OIT.

 Entre dichos Decretos Legislativos se encontraban dos Decretos que fueron cuestionados con mayor énfasis por las Comunidades Amazónicas: El Decreto Legislativo Nro. 1064, que establecía una nueva regulación de las tierras de uso agrario, en particular las tierras de las Comunidades Andinas y Amazónicas, y el Decreto Legislativo Nro. 1090, que establecía una nueva regulación de los recursos forestales y fauna silvestres con afectación directa de las Comunidades Andinas y Amazónicas.

Las conclusiones de dicha Comisión del Congreso fueron presentadas a la Presidencia del mismo Congreso, pero no fueron puestas a Debate para su aprobación. Incluso, un día antes de los sucesos, pudieron ser objeto de Debate, sin embargo el Gobierno Central introdujo otro tema de coyuntura para distraer la opinión pública: intervino en forma inconstitucional (incluso con medidas ilegales) un Canal de Televisión de alcance nacional (Panamericana Televisión).

 El día 5 de Junio, desde muy temprano, las Fuerzas del Orden iniciaron el operativo bajo un diálogo inicial. La aplicación de la fuerza devino inmediatamente. Los comuneros amazónicos tenían lanzas y machetes como principales “armas” (es probable que algunos tuvieren además escopetas de caza, que son comunes en el lugar), mientras las Fuerzas del Orden contaban con armamentos de guerra, helicópteros y vehículos especializados. Las comunidades amazónicas también contaban entre sus miembros con “reservistas”  o ex miembros de las Fuerzas Armadas, dado que es común que muchos de ellos cumplieron en su juventud con el Servicio Militar Obligatorio.

 Durante el primer enfrentamiento y con posterioridad se suscitaron muchos hechos poco claros que fueron difundidos en uno u otro sentido por los medios de comunicación. Uno de estos hechos está referido al enfrentamiento de agentes policiales y comuneros en pleno desalojo de estos últimos de la zona denominada “La Curva del Diablo”. Según fuentes oficiales se indica que los comuneros estaban mejor equipados produciendo la muerte de un mayor número de agentes policiales. Según los comuneros, el enfrentamiento se produjo en la parte alta de las vías de la zona tomada, y que fue gracias a la habilidad de ellos, porque conocían el lugar, que consiguieron reducir y derrotar a los agentes policiales con los que se enfrentaron.

 Otro hecho es el referido a las protestas de los pobladores de las ciudades aledañas (como Bagua Chica y Bagua Grande) que se plegaron al enfrentamiento en apoyo de los comuneros. Una vez enterados del inicio de las operaciones de desalojo, ocurrido a kilómetros de sus ciudades, muchos fueron en su apoyo y otros se quedaron a protestar en las ciudades procediendo a quemar instalaciones públicas e intentar “capturar” las comisarías (como habría ocurrido en protestas anteriores). Las Fuerzas del Orden reaccionaron disparando a la población y produciendo al menos 5 muertos y muchos heridos.

 El tercer hecho importante, y con menos información fidedigna, se refiere a lo ocurrido en Puerto Imacita (Distrito alejado de Bagua, aproximadamente a 5 horas de Bagua). Un centro de explotación petrolero (Estación 6 del Oleoducto Nor Peruano) protegido por un grupo de agentes policiales (aproximadamente 38) había sido cercado por la población (comuneros amazónicos y mestizos) desde días atrás. Cuando se inició el desalojo en las vías cercanas a Bagua, los comuneros de Imacita se comunicaron a través del teléfono celular y la radio. Decenas de comuneros tomaron los limitados medios de transporte para ir en ayuda de sus compañeros comuneros que se enfrentaban a la policía, mientras que otros se quedaron en el lugar. Cuando al medio día del 5 de junio los medios informaban de que al menos 30 muertos yacían identificados en la zona principal del enfrentamiento (entre comuneros y policías), miles de comuneros y mestizos de Puerto Imacita decidieron invadir el centro de explotación petrolero tomando de rehenes a los 38 policías. La radio y otros medios difundieron en horas de la tarde que los comuneros demandaban el cumplimiento de dos pedidos para dejar libres a los agentes policiales:

  1. Que cese el desalojo violento por parte de los agentes policiales y Fuerzas Armadas en la zona del enfrentamiento.
  2. Que les entreguen a sus muertos (dado que habían tomado conocimiento que sus muertos estaban siendo llevados a otros lugares por helicóptero).

 El desalojo y enfrentamiento violento continuó todo el día en la zona “La Curva del Diablo” y se dio permiso para que ingrese las Fuerzas Armadas en Puerto Imacita con el fin de rescatar a los policías rehenes. Al día siguiente se informó que 9 rehenes fueron “asesinados” cruelmente por los comuneros (bajo degollamiento con cuchillo o machete o atravesados con lanzas) mientras los otros lograron huir y ser rescatados. No se informó de cuántos comuneros habrían sido muertos o capturados.

 El conflicto así narrado aparece como un hecho social, cultural, político, económico y jurídico. Pero, es más socio-cultural-político-económico que jurídico.

 Es un conflicto Social, Cultural y Político por la relación de las partes involucradas y el contenido de la disputa. De un lado, es un conflicto que confronta a dos grupos sociales o humanos con lenguajes, costumbres y formas de vida y organizaciones diferentes. De otro lado, el contenido de la disputa es por un interés trans-comunal en opinión de los comuneros o político en opinión de nosotros: se trata de la amenaza o interferencia “externa” de personas, empresas privadas y el gobierno central respecto a los recursos naturales o el territorio de las comunidades.

 Es un conflicto económico porque los recursos naturales bajo posesión de las Comunidades Amazónicas, en el presente caso, son el principal objetivo de disposición o apropiación de parte de las autoridades del gobierno central y las empresas privadas extractivas. Hay un interés de lucro y aparente generación de impuestos en las empresas y las autoridades del Estado, respectivamente. Pero ese interés se confronta con la racionalidad económica de las Comunidades, basada en la auto-subsistencia y su identidad con un Ser Colectivo.

 Pero si bien el conflicto de Bagua pudo ser y sigue siendo un conflicto socio-cultural-político-económico y no de Derecho, es a través del Derecho que debió y debe resolverse. El Derecho es el medio y el fin para resolver conflictos. Sin embargo, transcurrido 3 años las autoridades legislativas del Estado no han emitido un informe jurídico uniforme sobre los acontecimientos para alcanzar una solución. Hay de 3 a 5 informes del Congreso cuando menos, sin que se haya identificado responsabilidad política de quienes decidieron y guiaron la intervención policial. Pero, las autoridades fiscales y policiales tampoco han coincidido en identificar constitucional y legalmente a los responsables o los autores intelectuales de los sucesos. El resultado de las investigaciones al 6 de Junio de 2012 es: Dos indígenas presos en el Penal de Chachapoyas, región de San Martín, y un indígena con arresto “domiciliario” (en una cárcel privada, según testigos del lugar). ¿Son estos prisioneros los responsables de los lamentables sucesos de Bagua?

 A tres años del desastre político de Bagua cabe aún reflexionar otras soluciones. Si bien es imperativo que se investigue y sancione a las autoridades y funcionarios principalmente responsables (autores intelectuales, mediatos y materiales) de los sucesos, también es importante que comprendamos, todos, nuestras limitaciones de legislar y convivir con grupos humanos de culturas diferentes. Estos son grupos que tienen un orden social, cultural, político, económico y jurídico diferente. El solo hecho de comprender estas diferencias antes de legislar será un gran logro para superar esos conflictos.

* Presentado en la mesa “Entre conflicto y consulta: Industrias extractivas y Territorio en la encrucijada”, coordinado por la revista Anthropía, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, realizado el día 6 de Junio de 2012 dentro de la semana de actividades “3 años después: yo recuerdo Bagua”, organizado por la plataforma de Derechos Humanos, conformada por APRODEH, IDL, Comisión Episcopal de Acción Social, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Agencia Diakonía.


[1] Profesor Principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Abogado, Master en Ciencias Sociales, PhD. in Laws.

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