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Archive for 20 agosto 2012

Antonio Peña Jumpa[1]

Adam Smith (1723-1790), padre de la economía liberal, sostuvo que una “mano invisible” guía el actuar de los agentes económicos en una economía de mercado, a través de la circulación de bienes y servicios puestos en movimiento por el egoísmo del hombre y el uso de capital, haciendo más próspera la economía de un lugar determinado.  ¿Cuánto de esta “mano invisible” ha operado en la economía de las provincias de Pisco, Chincha, Ica, Cañete, Castrovirreyna, Huaytará y Yauyos afectadas tras el terremoto del 15 de agosto de 2007 después de una inversión en capital de más de 1,500 millones de soles?

Al hacerse público que miles de familias de esas provincias afectadas continúan viviendo en condiciones infrahumanas en módulos de madera de 20 metros cuadrados, podemos afirmar que tal “mano invisible” ha fracasado. Tras 5 años la aplicación de ese millonario capital público y privado la situación del desastre continúa en dichas familias sin que el uso de tal capital haya cumplido con aliviarlos. ¿Qué explica este fracaso?

Dos causas principales explica, creemos, el fracaso de la “mano invisible” del mercado tras la experiencia de provincias como Pisco:

1ro. La corrupción pública y privada.

2do. La apuesta por empresas y mano de obra extrañas a la población del desastre.

La corrupción pública y privada es un tema permanente en los medios de comunicación. Casos de apropiación por funcionarios públicos de bienes donados destinados originalmente a la zona de desastres, hasta los casos de arreglos indebidos de autoridades con inversionistas para la reconstrucción de hospitales y escuelas, son claros ejemplos de esta causal de corrupción.  A ello cabe sumar los casos de pagos de “diezmos” (10%) o de porcentajes mayores por obras, ofrecidos y ejecutados muchas veces por grandes empresarios privados a favor de funcionarios públicos para alcanzar una adjudicación sin licitación pública. Asimismo, se suman los casos de uso indebido de los bonos de reconstrucción por parte de la misma población damnificada, condicionada por una distribución deshonesta por parte de ciertas autoridades y la falta de control a entidades privadas que “compraban” dichos bonos. Al final, autoridades, empresarios y la propia población local aparecen involucrados en casos de corrupción.

Sin embargo, la otra causa principal señalada es la que más ha perjudicado la reconstrucción del Sur. El capital público y privado aplicado sobre la reconstrucción ha estado bajo gestión o dirección de empresas y empresarios no residentes en las provincias afectadas. Grandes, medianas y pequeñas empresas favorecidas con las obras de reconstrucción han pertenecido a empresarios extranjeros, empresarios nacionales limeños o residentes fuera de las provincias afectadas, y muy pocas veces a empresarios locales. Como consecuencia de ello la mano de obra calificada contratada para ejecutar las obras ha sido también de personas no residentes en las indicadas provincias e, incluso, en muchos casos la mano de obra no calificada también lo era.  El resultado sobre el uso de la “mano invisible” entonces no era inesperado: el capital para la reconstrucción llegó a la zona del desastre, dejó algunas obras, pero no entró en circulación para que continúe la reconstrucción; se fugó en ganancias y salarios no locales.

¿Es aún tiempo para rectificar estos dos grandes errores de política y gestión para la reconstrucción del Sur? Creemos que sí. Una primera acción es que los actos de corrupción no queden impunes. La segunda y más importante acción es que se aplique el principio de subsidiaridad económica a favor de los damnificados y de los trabajadores y empresarios locales. Para ello, el artículo 58º de la Constitución Política del Perú faculta a las autoridades del Estado a promover el empleo, la salud, la educación, la seguridad, los servicios públicos e infraestructura dentro de una economía social de mercado.  Esto significa que la “mano invisible” del mercado puede tener una orientación específica dentro de un contexto determinado, esto es la orientación social a favor de los damnificados y trabajadores y empresarios locales en una zona de desastre. Es una obligación constitucional que se promueva la actividad económica local contratando a las empresas y trabajadores locales y solo en caso éstos no puedan realizar la obra en forma individual o colectiva se procede a extender el contrato a otras personas o empresas.

La “mano invisible” del mercado  ha fracasado en la reconstrucción del Sur. Pero, considerando la orientación económica constitucional de nuestro país, puede aún intentarse su recuperación o salvataje con un nuevo rostro o filosofía: si es que se retoma su sentido social y local para una zona de desastre. La prioridad en la promoción de actores económicos locales, de trabajadores y empresarios de las provincias afectadas, y siempre basada en la honestidad y en la realidad del lugar, aparece como una alternativa para el intento de un nuevo proceso de reconstrucción.

 Lima, 18 y 19 de agosto de 2012.


[1] Profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Abogado, Master en Ciencias Sociales y Ph.D. in Laws.

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