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Archive for 11 octubre 2012

Antonio Peña Jumpa[1]

¿Por qué se producen y reproducen los conflictos sociales o socio-culturales que confrontan poblaciones locales con empresas extractivas en el Perú? Entre las múltiples causas o motivos podemos identificar un grupo de causas estructurales y sistémicas. A continuación intentamos aproximar una explicación sobre lo que son esta causas describiendo algunas de ellas.

Las causas estructurales son situaciones históricas que se han establecido a manera de columnas o estructuras en la sociedad, siendo difíciles de mover o cambiar. Entre las causas estructurales más conocidas o principales relacionadas a los conflictos sociales podemos citar:

  1. La ausencia del Estado en las zonas donde se produce el conflicto. En los Andes y la Amazonía existen poblaciones locales organizadas comunitariamente, pero sin autoridades o servicios del Estado. En dichas zonas no solo es necesario el ius imperium del Estado, sino la reciprocidad en servicios públicos acordes a las necesidades de la población local. Ejemplos clarísimos de estas zonas lo constituyen las cuencas o valles vinculadas al narcotráfico, pero también muchas zonas donde es la empresa extractiva la que asume la autoridad y control, y comparte parte de sus servicios privados.
  2. La deficiencia o ausencia de los servicios básicos en educación, salud y justicia para la población local que es parte del conflicto. Los sistemas de educación, salud y justicia profesional se encuentran alejados geográfica y/o culturalmente de las necesidades de las comunidades andinas y amazónicas que identifica a la población local involucrada en los conflictos sociales. A pesar de tratarse de servicios en parte descentralizados o regionalizados, como los de educación y salud, no existe una política efectiva que prepare técnica o profesionalmente a los miembros de la población local o controle las enfermedades crónicas que les afectan. Por ejemplo, la actual situación de los Kandozis y Shapras, en el Datem del Marañón, Loreto, infectados de hepatitis B sin un efectivo servicio de prevención y atención en salud, constituye uno de los casos más urgentes.
  3. El modelo de desarrollo aplicado y defendido por el gobierno central es excluyente. Ese modelo está basado en políticas neoliberales y en una economía de mercado  que promueven el crecimiento a través del consumo de bienes y servicios que, por su naturaleza, excluye a la población local como las comunidades andinas y amazónicas que comparten otra racionalidad económica. A través de ese modelo, se someten o excluyen económicamente, por ejemplo, sus relaciones comunitarias y de autosostenimiento. La presencia de las empresas extractivas en el área geográfica de estas comunidades produce cambios económicos extremos que puede conducir a la migración forzada del grupo local.

Las causas sistémicas, de otro lado, se refieren a aquellas creencias o actitudes que consideramos “buenas” o “malas” por nuestro aprendizaje previo (causas estructurales) y se desarrollan circularmente con posiciones de defensa de las mismas sin cuestionarlas o transformarlas. Entre estas causas sistémicas relacionadas a los conflictos sociales podemos citar:

  1. La cultura de consumo. En la sociedad limeña o capitalina de región aceptamos el consumo de bienes y servicios como guía de nuestras conductas económicas. Valorizamos ganar más dinero para acceder al mejor y numeroso consumo sin reparar que provocamos la misma actitud creciente en las generaciones venideras, pero particularmente en otros grupos sociales que históricamente no tienen la misma cultura de consumo. Si integramos a todos los grupos sociales bajo el mismo patrón y cultura de consumo, no solo sería imposible la convivencia humana en nuestro medio sino que estaríamos orientándonos a destruir nuestro planeta.
  2. La presencia de “beneficiarios” excluidos. Creemos y defendemos a la inversión privada (normalmente extranjera) como eje de desarrollo porque permite la multiplicación de actividades económicas que se orientan a la exportación y producen divisas que, a su vez, llevan en crecimiento a nuestra economía. Pero, no reparamos que esta inversión extranjera es para beneficio principal del mismo inversor extranjero que mantiene o recrea la relación desigual de grupos económicos mundiales. El mismo fenómeno se reproduce con las empresas privadas sub-contratadas por las empresas extranjeras y el mismo fenómeno se vuelve a repetir con las economías locales sub-contratadas o afectadas por las empresas contratistas o sus organismos no gubernamentales (ONGs) constituidos para ello. Al final, el aparente beneficiario local, de la actividad extractiva, siempre es marginado o excluido en la cadena económica.
  3. Las limitaciones de las autoridades del Estado para aplicar los tributos recolectados. A nivel de las autoridades nacionales, regionales y locales también se reproducen un conjunto de creencias y actitudes que también excluyen a las comunidades andinas y amazónicas principales integrantes de la población local involucrada con los conflictos sociales. El gobierno central elabora y aplica presupuestos pensados desde Lima, el gobierno regional hace lo mismo desde su capital regional y el gobierno local lo hace desde su capital provincial. Al final, la población directamente involucrada con el conflicto carece de participación en la elaboración y ejecución de los presupuestos generados por los tributos de la actividad extractiva, a pesar de recolectarse desde su ámbito territorial.

¿Cómo cambiar o mejorar la situación descrita tras estas causas estructurales o sistémicas de los conflictos sociales o socio-culturales en el Perú? Una primera respuesta es que comprendamos, todos, conscientemente la existencia de estas causas. Esto significa no ser indiferentes. Una segunda respuesta es que busquemos, a través del diálogo y el debate, más de una alternativa de solución considerando prioritariamente la situación de la población local involucrada en el conflicto. Aquí es necesario unir la razón con la sensibilidad, pero sobretodo asumir un rol activo en ese diálogo o debate.

Lima, PUCP, 6 y 10 de Octubre de 2012.


[1] Profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), abogado, magister en Ciencias Sociales, PhD, in Laws. El presente artículo tiene como base el Boletín Nº 70 de la Dirección de Proyección Social de Derecho (PROSODE) de la PUCP, y su presentación realizada el día 4 de Octubre de 2012.

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Antonio Peña Jumpa[1]

Antes o después de iniciado un conflicto, la prevención es la clave para evitarlo o gestionar su control o resolución. Cuando el conflicto ya se inició, la prevención buscará evitar su desarrollo negativo. En el caso de los conflictos sociales o socio-culturales, este trabajo de prevención, consiste en evitar que el conflicto termine en un desastre político: con muertes, heridos, daños a la propiedad pública y privada y con el consecuente descrédito de las autoridades oficiales intervinientes. ¿Cómo realizar este trabajo de prevención frente a los conflictos socio-culturales en el Perú?

A continuación presentamos siete recomendaciones de prevención o gestión de conflictos socio-culturales en el Perú que parten del conocimiento de los conflictos más conocidos en los últimos años: Bagua (2009), Loreto (2010), Puno (2011), Espinar (2012), Conga-Cajamarca (2012).

  1. Abrir o reabrir el diálogo con la población local que es parte del conflicto. Esto es evidente antes del conflicto, pero una vez iniciado el conflicto, a pesar de haberse alcanzado un acuerdo previo, el diálogo sigue siendo fundamental. Ello significa conversar con los líderes legítimos de esa población, pero también con la misma población. Cuando hay intereses políticos partidarios en los líderes, es importante transmitir el contenido del diálogo directamente a la población. Si fuera posible, en tal caso, el diálogo puede ser abierto al público o ante representantes de las distintas organizaciones que componen la población local.
  2. Estudiar y comprender la racionalidad cultural de la población local. Esto es esencial para iniciar o reiniciar el diálogo y llenarlo de contenido para alcanzar una propuesta que satisfaga a la población local. ¿Cuál es la posición de esta población local o, mejor aún, cuáles son sus intereses en el conflicto? Aquí es importante analizar causas presentes o actuales (daño ambiental y económico, o posible daño ambiental y económico, por ejemplo), así como las causas estructurales y sistémicas (la falta de servicios básicos o la exclusión de beneficios en la población local, por ejemplo) relacionados con el conflicto. Pero sobretodo importa resaltar la comprensión específica de las costumbres, rituales, deidades, fiestas patronales, organización social, actividades económicas principales, entre otras, de la población local.
  3. Las autoridades del Estado deben actuar en forma imparcial, alejados también de sus posiciones o intereses.  Si no se deja a un lado el solo interés por recaudar impuestos o ejecutar un proyecto de inversión por considerarlos de “interés nacional”, el conflicto se agudizará. Si fuera posible, en determinados casos, es necesario retroceder en las iniciativas o autorizaciones administrativas ya otorgadas. Esto significa priorizar un derecho flexible en momentos que se puede producir un desastre político.
  4. Articular los intereses de las empresas extractivas con los intereses de la población local, normalmente identificada con comunidades andinas y amazónicas. No basta valorar las ganancias de la inversión privada con pequeñas cuotas de responsabilidad social empresarial, sino alcanzar efectivas ganancias para todas las partes del conflicto. Esto sin que signifique la desintegración (por la migración forzada, por ejemplo) de las mencionadas comunidades andinas y amazónicas.
  5. Incluir la participación de la población local organizada en la cautela de sus derechos y obligaciones. Esto significa valorar la organización local destacando la práctica de criterios rotativos en el ejercicio de los cargos públicos de dicha población (práctica común de las comunidades andinas, por ejemplo) y la capacidad de autocontrol y defensa de sus derechos. La promoción de la Justicia Comunal en la población local aparece en tal sentido como una gran alternativa.
  6. Reparar o subsanar los errores, daños u omisiones. Si el conflicto tiene tras de sí la falta de una consulta previa (conforme se encuentra garantizado en la Constitución Política y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo) por anormalidad en la normatividad local o sectorial ministerial, hay que repararlo o subsanarlo y, de ser posible, cumplir con la consulta previa a pesar de encontrarse operativa la actividad extractiva. Esta reparación o subsanación es la mejor propuesta social para evitar mayores pérdidas o restricciones de ganancias de la empresa extractiva. Incluso es la mejor acción política para evitar otros conflictos similares en el país.
  7. Atender las causas estructurales o sistemáticas de los conflictos socio-culturales, al mismo tiempo que se atienden las causas presentes y específicas. Esto significa articular las demandas inmediatas con los evidentes problemas históricos o recurrentes de la población local: la ausencia o deficiencia de los servicios básicos de salud, educación y justicia o la indiferencia para incluir a la población local en el proceso de cambio o mejoras que viene experimentando  la sociedad urbana (capitalina) sin que signifique la pérdida de la cultura que los identifica.

En suma, si reparamos en el conjunto de sugerencias planteadas, la clave de la prevención o gestión de los conflictos sociales o socio-culturales en el Perú se encuentra en la comprensión, atención y perspectiva de la población local. En esta parte colectiva y humana es donde se encuentra la capacidad auto-compositiva pero también la capacidad resolutiva para poner fin a los indicados conflictos.

Lima, 7 y 8 de Octubre de 2012.


[1] Profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), abogado, magister en Ciencias Sociales, PhD, in Laws. El presente artículo tiene como base el Boletín Nº 70 de la Dirección de Proyección Social de Derecho (PROSODE) de la PUCP, y su presentación realizada el día 4 de Octubre de 2012.

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Antonio Peña Jumpa[1]

Normalmente, en el Perú, identificamos el pleito, lío o la confrontación de una población con una empresa extractiva minera o petrolera como un conflicto social. Esto supone la confrontación de dos intereses colectivos, siendo uno de tipo social (población local) y otro de tipo privado (empresa extractiva), sobre un tema, asunto, derecho o problema que pone en riesgo la vida, la salud o el desarrollo normal de las partes intervinientes: los pobladores o miembros de la población local y/o los trabajadores o miembros de la empresa extractiva.

Sin embargo, este tipo de conflicto no es solo social, sino multidimensional. En un inicio, y aún es predominante su uso, se le denominó conflicto “socio-ambiental”, dado el efecto evidente de la actividad extractiva sobre el ambiente, o dada la búsqueda de prevención y protección de los ecosistemas posiblemente afectados con la misma actividad. Posteriormente se unió la categoría económica, sosteniéndose que el conflicto es “socio-económico” por los intereses económicos en disputa, basados en la propiedad del suelo y la explotación de los recursos naturales (defendidos o deseados), y en la situación de pobreza y riqueza que identifica a las partes intervinientes.

En nuestra opinión el conflicto social en el Perú es ante todo un conflicto cultural o “socio cultural”. Este componente cultural es evidente o se destaca en los siguientes aspectos:

  1. Las partes que intervienen normalmente pertenecen a grupos culturales diferentes. Así, la población local se identifica con un tipo de cultura, en tanto los miembros y funcionarios de la empresa extractiva se identifican con otra cultura. En los Andes y la Amazonía esto resulta evidente en conflictos recientes como el caso Bagua (2009), el caso Puno (2011), hasta llegar al caso Espinar en Cusco (2012).  Es en parte discutible la situación de casos como el de Conga, en Cajamarca (2012), pero dada la identidad cultural rural de las comunidades, caseríos, anexos y estancias de Cajamarca, unida a su organización ronderíl, sostenemos que también destaca una cultura particular en ellas que contrasta con el de las empresas extractivas.
  2. Esta cultura diferente en las partes del conflicto, lleva a racionalizar el contenido del mismo conflicto también en forma diferente: no se trata solo de la disputa sobre un valor económico o valor de cambio del suelo o los recursos naturales, sino de la incomprensión sobre el valor espiritual o del sentido de vida (la razón de existir en un medio determinado) sobre dichos bienes. La población local defiende su suelo o tierra como territorio, esto es como identidad de vida (de origen y fin), importando menos su valor económico o ambiental (valor material).
  3. Lo cultural también destaca en la apreciación de los efectos del conflicto. Frente a la posición de la empresa extractiva o la posición de ciertos funcionarios del Estado que consideran que cuidando el medio ambiente y otorgando una indemnización económica a la población puede procederse legítimamente con la autorización de explotación de un recurso natural, sin importar sus efectos, cabe sustentar la necesidad de reflexionar límites. Con el desarrollo de la actividad extractiva se introducen un conjunto de actitudes y valores que contradicen los de la población local. Una vez terminada dicha actividad, la empresa se retira y la que queda, con todos los efectos o pasivos de dicha actividad, es la misma población local. ¿Qué y quién garantiza que la cultura local, el grupo humano local, no será transformado o destruido (a través de la migración, por ejemplo) por ese desarrollo o los efectos de dicha actividad extractiva? La extinción de una cultura en nuestro país es uno de los hechos más catastróficos que aún no alcanzamos a comprender: con la muerte de una cultura desaparece no solo una población, sino un conjunto de conocimientos que luego no podemos recuperar.

El conjunto de estos argumentos se encuentran respaldados jurídicamente en la Constitución Política de nuestro país, como en los tratados internacionales y la jurisprudencia internacional y nacional. El principal respaldo jurídico se encuentra en la Constitución Política, en su artículo 89º, cuando se regula de manera especial la existencia y autonomía de las Comunidades Campesinas y Nativas, que son las que comúnmente integran la población local identificada  en los referidos conflictos sociales. Pero, en forma general también se suma el respaldo jurídico del artículo 2º, inciso 19º, de la Constitución Política, en el que se regula el derecho fundamental de toda persona, pero sobretodo de todo colectivo, a una identidad étnica y cultural. Complementariamente, el artículo 149º de la misma Constitución reconoce una jurisdicción especial a favor de las mismas comunidades campesinas y nativas que, con el apoyo de las rondas campesinas, les permite materializar en su ámbito territorial los derechos previamente mencionados.

A las normas específicas de la Constitución Política citadas, se suma el respaldo jurídico de los Tratados y Declaraciones Internacionales. Al respecto, el Convenio Nro. 169 de la Organización Internacional del Trabajo, denominado de los Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, confirma un conjunto de derechos y obligaciones a favor de la población local antes identificada, lo que resulta exigible desde el año 1995 en el Perú. Pero también se suma la Jurisprudencia Internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Jurisprudencia Nacional del Tribunal Constitucional que han confirmado la existencia y prioridad de una propiedad colectiva o comunal unida a su valor espiritual, sobre los intereses privados de explotación de los recursos naturales.

Bajo estos criterios, entonces, cabe reiterar que la naturaleza jurídica de los conflictos sociales en el Perú es ante todo cultural.

Lima, PUCP, 5 de Octubre de 2012


[1] Profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), abogado, magister en Ciencias Sociales, PhD, in Laws. El presente artículo tiene como base el Boletín Nº 70 de la Dirección de Proyección Social de Derecho (PROSODE) de la PUCP, y su presentación realizada el día 4 de Octubre de 2012.

 

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