Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for 27 enero 2013

Antonio Peña Jumpa[1]

El señor Natale Amprimo Plá, abogado del Cardenal y Arzobispo de Lima Monseñor Juan Luis Cipriani, ha defendido recientemente la decisión de éste, su patrocinado, de no renovar el mandato canónico de los sacerdotes docentes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) prohibiéndoles enseñar los cursos de Teología en dicho centro de estudios, basado en el canon Nro. 812 del Código Canónico vigente: “Quienes explican disciplinas teológicas en cualquier instituto de estudios superiores deben tener mandato de la autoridad eclesiástica competente” (El Comercio, 7 de Enero de 2013, página A18)[1]. ¿Cuál es el marco de interpretación del citado canon Nro. 812? ¿Permite el mandato de la autoridad eclesiástica prohibir totalmente la enseñanza de cursos de teología en una universidad? ¿Qué conviene hacer, a partir del mismo Código Canónico, para mitigar los efectos de la decisión ya tomada respecto a la PUCP?

El canon Nro. 812 del Código Canónico ciertamente obliga a los sacerdotes docentes de teología de un instituto o centro de estudios superiores, como es la PUCP, a recibir el mandato de la autoridad eclesiástica competente. En otras palabras, la autoridad eclesiástica tiene el derecho de otorgar o renovar ese mandato. Pero, ¿tal derecho es ilimitado? ¿Puede un obispo o arzobispo retirar o no renovar el mandato canónico a todos los docentes sacerdotes de una universidad, como ha ocurrido en el caso de la PUCP, sin justificarlo objetivamente?

Si analizamos el canon anterior y el canon posterior al Nro. 812, notaremos que el mismo Código Canónico prevé una respuesta. El canon Nro. 811 establece lo siguiente:

“Canon 811.- 1. Procure la autoridad eclesiástica competente que en las universidades católicas se erija una facultad, un instituto o, al menos, una cátedra de teología, en la que se den clases también a estudiantes laicos.

“2. En las universidades católicas ha de haber clases en las que se traten sobre todo las cuestiones teológicas que estén en conexión con las materias propuestas de sus facultades.”

El citado canon Nro. 811 regula la relación académica de las universidades católicas con la Iglesia Católica, estableciéndose que las primeras al menos deberían tener una cátedra de teología. En la PUCP no solo se cuenta con más de una cátedra de teología en sus diversas Facultades Académicas, sino con un Departamento Académico especializado en Teología. Pero el mismo canon Nro. 811 precisa, en su segundo párrafo, la obligación de desarrollar clases que traten cuestiones teológicas en conexión con otras materias (no teológicas). Esto último significa la necesidad de discutir la aplicación de la teología en otras materias o disciplinas; profundizar, por ejemplo, la enseñanza de Dios en materias psicológicas, médicas, sociológicas, políticas, matemáticas o de ingeniería. Se trata del ejercicio de la libertad de cátedra en teología que la misma autoridad eclesiástica está obligada a respetar.

Pero estas obligaciones relacionadas con la aplicación teológica universitaria no solo corresponden a universidades católicas. Conforme al canon Nro. 813 la obligación teológica se extiende también a universidades no católicas:

“Canon Nro. 813.- El obispo diocesano [obispo o arzobispo que dirige una Diócesis] ha de procurar una intensa cura pastoral para los estudiantes, incluso exigiendo una parroquia, o, al menos, mediante sacerdotes destinados establemente a esta tarea, y cuide de que en las universidades, incluso no católicas, haya centros universitarios católicos que proporcionen ayuda, sobre todo espiritual, a la juventud”.

Según el presente canon Nro. 813, la formación católica en la juventud universitaria, incluso de universidades no católicas, es una gran necesidad. Por ello se obliga a la autoridad eclesiástica, obispo o arzobispo de una Diócesis, a promover la implementación de parroquias y/o centros universitarios y a movilizar sacerdotes para materializar una asistencia religiosa a favor de la juventud universitaria. Nótese que es el acto de brindar ayuda espiritual a la juventud universitaria la esencia regulada en el canon.

Uniendo los significado de ambos cánones, el Nro. 811 y el Nro. 813, obtenemos como resultado la obligación de parte de la autoridad eclesiástica competente, sea el obispo o arzobispo de una Diócesis, de promover y respetar las cátedras de teología y brindar asistencia religiosa a la juventud de universidades (incluso no católicas). Integrando este significado con el contenido del canon Nro. 812, citado al inicio, notamos que las atribuciones de una autoridad eclesiástica no es ilimitada. El acto de renovar o retirar el mandato de la enseñanza teológica se hace dentro de ese marco de promoción y respeto de la cátedra de teología y la asistencia religiosa a la juventud universitaria. El obispo o arzobispo competente no puede anular una plana docente de sacerdote de una universidad sin justificación objetiva, y no puede dejar huérfana de la asistencia religiosa en las aulas a la juventud universitaria que la requiera.

Esta interpretación guarda coherencia con el conjunto de normas del Código Canónico. Solo para citar un ejemplo, el canon Nro. 383 establece el contenido de la función pastoral que debe identificar a un el obispo o arzobispo diocesano. Esta función destaca la actitud de no discriminación y tolerancia que debe guiar a dicha autoridad en la toma de decisiones trascendentes como la prohibición de la enseñanza teológica en una universidad:

“Canon Nro. 383.- 1. Al ejercer su función pastoral, el obispo diocesano debe mostrarse solícito con todos los fieles que se le confían, cualquiera que sea su edad, condición o nacionalidad, tanto si habitan en el territorio como si se encuentran en él temporalmente, manifestando su afán apostólico también a aquellos que, por sus circunstancias, no pueden obtener suficientemente los frutos de la cura pastoral ordinaria, así como a quienes se hayan apartado de la práctica de la religión.

(…..)

3. Debe mostrarse humano y caritativo con los hermanos que estén en comunión plena con la Iglesia Católica, fomentando también el ecumenismo tal y como lo entiende la Iglesia.

(.….)”

¿Cumple nuestro Cardenal y Arzobispo de Lima con la función pastoral del canon Nro. 383 citado? ¿Cuán humana, solícita y caritativa, de acuerdo al canon citado, ha sido su actitud al tomar la decisión de prohibir la enseñanza de teología en la PUCP? Aunque las respuestas no sean necesariamente positivas, es aún tiempo para que lo ordenado por el Código Canónico se materialice. Existe aún la posibilidad de rectificación, dentro del propósito de prever o contener un desastre ideológico-religioso en nuestro país.

 

Lima, 21, 23 y 24 de enero de 2013.

[1] Profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Abogado, Master en Ciencias Sociales, PhD. in Laws.

[1] Sobre información inicial vinculada a la prohibición de la enseñanza de los cursos de teología en la PUCP, se puede consultar diario La República (28/12/12, página 10), diario Perú 21 (27/12/12, en línea) y también la Web de la PUCP (28/12/12).

Anuncios

Read Full Post »

Los 10 millones de personas que habitamos la metrópoli de Lima podemos sentirnos satisfechos por la prolongada bonanza económica que se concentra particularmente en esta ciudad produciendo un mayor consumo en su clase media y en la mayoría pobre de origen migrante.  Sin embargo,  también vivimos problemas muy serios que pasan desapercibidos aunque constituyan la vulnerabilidad de una gran ciudad. El transporte urbano y la construcción de viviendas son dos de estos problemas estructurales de la Lima de hoy.

El transporte urbano involucra no solo la falta de un eficiente servicio público de transporte urbano, como el Metropolitano o el Tren Eléctrico, en toda la ciudad, sino el afán de los nuevos jóvenes y familias limeñas de adquirir más y más vehículos ilusionados por la modernidad. Antes era raro encontrar vehículos grandes y nuevos circulando en las calles de Lima, hoy podemos apreciar numerosos vehículos identificados como 4×2 o 4×4 en cada cuadra. Pero, el problema central no es solo la adquisición de estos vehículos pesados que producen un mayor consumo de combustible y mayor dependencia económica hacía sus fabricantes, sino el repoblamiento de las calles de Lima con excesivos vehículos que hace intransitable la ciudad en un horario “punta” en que parte de su población se moviliza hacia o desde sus centros de trabajo: 7: 00 a 9:30 am y 5:30 a 8 pm, incluyendo sábados por la mañana y al medio día. ¿Nos podemos imaginar si tuviéramos un caso de emergencia, como el trasladar a un familiar herido a un centro de salud, y quedamos atorados en calles principales sin poder avanzar?

El transporte está vinculado ciertamente al derecho de salud, pero no solamente por la ambulancia atrapada en la congestión sin poder llegar a su destino, sino por otros efectos masivos y silenciosos: la contaminación de la ciudad y el aumento de enfermedades sedentarias. Al poseer y usar más vehículos se consume más combustible, y, por más modernos y tecnológicos que  estos vehículos sean, expiden igualmente más anhídrido carbónico que daña los pulmones y agudiza las enfermedades alérgicas de los habitantes de Lima. Pero, aún más, al poseer y usar más vehículos las personas caminan menos, se mueven menos, produciendo el acrecentamiento de colesterol y triglicéridos en sus cuerpos y la reproducción de enfermedades sedentarias como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.

El problema de vivienda no es muy lejano al problema del transporte en una gran ciudad como Lima. A más población, necesitamos más viviendas, y si no las construimos generamos nuevas invasiones (informales y formales) que terminan arruinando valles de cultivo o extendiendo la ciudad a lugares inimaginables donde el costo de inversión en agua y desagüe, más electricidad, es también inimaginable. La respuesta  a esta necesidad ha consistido en promocionar la construcción vertical, “hacía arriba”, en lugares y distritos atractivos, y con apoyo de fondos públicos. Hay múltiples programas de vivienda que facilitan el endeudamiento de la clase social emergente de Lima, produciendo su movilización social y geográfica. Se han construido cientos de edificios de 10 a 20 pisos en distritos de clase media como Jesús María, Magdalena, Pueblo Libre, San Miguel, entre otros, y decenas más se siguen construyendo variando arbitrariamente la zonificación del uso del suelo urbano y las condiciones de vida de los vecinos. Pero, ¿Nos hemos preguntado cuál es el costo o valor  real, en términos de efectos, de este boom de la construcción? ¿No estaremos produciendo un nuevo asentamiento humano en Lima con efectos impredecibles a mediano y largo plazo?

Si antes en una vivienda de 400 m2 en un distrito como Magdalena vivía una familia de 10 miembros (incluidos familiares extendidos o servicio doméstico),  hoy sobre su suelo se levanta un edificio de 20 pisos, con 3 a 4 departamentos por piso, haciendo un total de 70 viviendas en promedio, con 70 familias  de 4 o 5 miembros por departamento, haciendo un total de 315 personas en promedio por edificio. La población original pasó de 10 personas a 315 personas por edificio, lo que es lo mismo a 31.5 veces más. Esto significa mayores ingresos fiscales para los municipios, el gobierno central y la actividad privada, pero también la necesidad de mayores servicios públicos como agua y alcantarillado, electricidad, transporte, salud, educación, recreación, entre otros. ¿Está Lima preparada para estos cambios? Solo para tener una idea de esta transformación podemos imaginar qué ocurriría si colapsa el sistema de desagüe de la calle donde está ubicado nuestro edificio de ejemplo, si ahora ya no se encuentran 10 viviendas de 400 m2, sino 10 edificios de 20 pisos sobre sus suelos, con un total de 3,150 personas que consumen 31.5 veces más agua, electricidad y alimentos que las 100 personas que fueron los vecinos originarios?

Los dos ejemplos narrados son parte de la realidad que envuelve hoy a Lima. No es necesario revisar la información que difunden nuestras autoridades políticas o municipales, ni las noticias optimistas de nuestros economistas o empresarios vinculados a la importación de vehículos o a la construcción de vivienda. Basta con salir a las calles, caminar unas cuadras y apreciar el presente y futuro caótico que envuelve Lima. ¿Es la falta de control de nuestras autoridades o la economía de libre mercado la causa de estos grandes problemas urbanos? Cual fuere la causa, importa hoy tomar acciones urgentes si es que no queremos vivir bajo un desastre urbano permanente.

Promocionar el transporte público desincentivando la compra irresponsable de vehículos y promocionar la descentralización o desconcentración de Lima desincentivando la construcción de edificios sin control urbano, son algunas de las ideas que brotan de los problemas presentados. Lima ha mejorado, pero al mismo tiempo se ha sometido a problemas estructurales que hay que resolver también estructuralmente. ¿Nos hemos olvidado que Lima es también una ciudad amenazada por sismos? ¿Cuál sería su situación en transporte y vivienda si ocurriere un sismo como el de Pisco de 2007? Deseamos que nunca ocurra.

Lima, 17 y 18 de enero de 2013

 

Read Full Post »