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Archive for 10 septiembre 2013

Antonio Peña Jumpa[1]

 A la fecha se carece con certeza cuánto es el monto invertido por el Estado en la reconstrucción de las provincias de Pisco, Chincha, Ica, Cañete, Huaytará, Castrovirreyna y Yauyos, afectadas por el terremoto del pasado 15 de agosto de 2007. Sin embargo, cifras aproximadas difundidas por un medio local y confirmadas, en parte, por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento  de nuestro país señalan que superaron los 2,800 millones de soles. ¿Qué explica que a pesar de este alto monto de inversión pública miles de familia sigan aún viviendo en carpas o módulos de madera?

Si hoy, a 6 años del terremoto, viajamos por Pisco, por ejemplo, notaremos que hay veredas y pistas recién habilitadas o reconstruidas, con muchas casas también recién reconstruidas. Pero también notaremos que existe un gran muro de pared que cerca casi todas las cuadras del centro histórico. Tras este muro continúa el desastre de cientos de viviendas que no han sido reconstruidas por sus propietarios o poseedores. Algo semejante se repite en las otras provincias afectadas por el terremoto, pero el drama es extremo en distritos o centros poblados donde los programas de inversión pública simplemente no llegaron.

La Unidad de Comunicación Institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ha confirmado que su sector ha invertido la suma de 1,292.5 millones de soles en varios programas orientados a la reconstrucción. Así, el programa Techo Propio desembolsó la suma de 694 millones de soles a través de 41,579 Bonos Familiares Habitacionales, el Fondo Mivivienda desembolsó la suma de 105 millones de soles a través de 1,416 créditos, el Banco de Materiales (hasta agosto de 2011) desembolsó 54 millones de soles a través de 2,460 créditos, el Programa Bono 6000 desembolsó 169.6 millones de soles a través de 28,266 subsidios, así como el programa Mejoramiento Integral de Barrios ha transferido 130 millones de soles para 118 proyectos de pistas y veredas, y el programa Nacional de Saneamiento Urbano ha transferido 139.9 millones para la ejecución de 55 proyectos de agua y desagüe (publicado el 16 de agosto de 2013 en línea: http://www.vivienda.gob.pe/inicio/noticias.aspx, visitado el 22 de agosto de 2013).

A ello se suman las inversiones públicas gestionadas a través de FORSUR (Fondo para la Reconstrucción del Sur) que suman 1,000 millones de soles en sus diversas obras de saneamiento, electrificación, habilitación urbana, colegios, postas, centros médicos y comisarias, y también se suman las inversiones públicas de otros ministerios o sectores, incluidos los ministerios de educación, salud y trabajo, así como ESSALUD por un monto de 580 millones (diario El Comercio, 15 de agosto de 2013, página A10).

En total se obtiene la suma de 2,872.5 millones de soles en inversión pública para la reconstrucción del Sur en estos últimos 6 años.

¿Por qué no ha sido suficiente esa inversión para reconstruir las ciudades y pueblos afectados por el terremoto del 15 de agosto de 2007? ¿Se aplicaron gestiones inadecuadas? ¿La población aprovechó de su “viveza”? ¿Hubo corrupción de funcionarios? ¿Los órganos de control resultaron y resultan ineficientes? ¿La corrupción fue generalizada al extremo de comprometer a las empresas privadas que contratan con el Estado?

Hay muchas preguntas aún sin responder. Sin embargo, hay un hecho constatado por quienes tuvimos la oportunidad de seguir, desde el lugar del desastre, el proceso de reconstrucción como un derecho: la falta de participación en la gestión y ejecución de las obras de la propia población damnificada. En los primeros años del desastre se actúo gubernamentalmente al margen absoluto de dicha población considerándola incapaz, y en los últimos años aún no hay muestra de un actuar diferente.

Sin participación y compromiso de la propia población damnificada, no hay planificación ni control de las obras urgentes y, menos aún, del destino de la millonaria inversión pública. Al final, la pérdida no es solo para los damnificados, sino para todos por afectarse nuestro erario nacional.

¿Tenemos aún tiempo para rectificarnos? Creemos que sí, particularmente para evitar que los mismos errores se repitan en otros desastres.

Lima, 22 de agosto de 2013.


[1] Profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Abogado, Magister en Ciencias Sociales y PhD. in Laws.

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Antonio Peña Jumpa[1]

 Las últimas nevadas ocurridas en el Sur Andino peruano, con temperaturas de -10 ó -20 grados centígrados y muerte de miles de animales, destrucción de viviendas y daños económicos y a la salud de las personas, nos lleva a reflexionar la necesidad de un derecho que en otros países del mundo es fundamental: el derecho a la calefacción. ¿Qué limita que este derecho a la calefacción se reconozca e implemente a favor de la población de las comunidades o localidades andinas afectadas por dichas nevadas o por las  heladas, granizadas o el “fríaje”?

Heladas, granizadas, nevadas y “fríajes” son fenómenos normales durante el invierno de los Andes del Perú, entre los meses de Mayo y Agosto de cada año. En las zonas altas (de 4,000 metros sobre el nivel del mar) durante dichos meses se produce el descanso de la tierra agrícola y la migración estacional a otras regiones. En las zonas más altas (sobre los 4,300 metros) durante los mismos meses se buscan refugio y alimentos para sus animales o ganados (auquénidos u ovejas) y también se migra estacionalmente. Estas últimas zonas tienen el invierno más largo y extremo, incluyendo uno o dos meses adicionales de frio y cambios climáticos más bruscos; pero también cuentan con grandes extensiones de tierras con bofedales y un manto de vegetación que se integran a las cuencas hidrográficas (de cabecera) donde tienen su origen.

El derecho a la calefacción significa otorgarles a las personas que habitan estas zonas de nuestros Andes, priorizando a las personas que viven en las más altas,  condiciones favorables de vida frente al frio extremo o los cambios climáticos bruscos. Así, contra las heladas, granizadas, nevadas o “friajes” se impone la necesidad de contar con sistemas de calefacción basados en energías propias, como es el gas o los minerales extraídos del mismo Sur Andino. El gas natural de Camisea, por ejemplo, puede ser extendido desde la región de Cusco hacía otras regiones del Sur Andino dotando de energía barata a las poblaciones vulnerables.

Sin embargo, hay varias limitaciones que no hacen viable ese derecho a la calefacción. La primera es que las viviendas de los pobladores andinos no están preparadas para instalar los sistemas de calefacción. Segundo, nuestro país carece de una industria nacional para la fabricación o ensamblaje de sistemas de calefacción. Tercero, los comuneros o pobladores de las zonas altas de nuestros Andes son muy pobres para el mercado de la energía, no pudiendo pagar los costos por ese servicio. Cuarto, ellos constituyen una población menor que migra estacionalmente, no significando cuantitativamente un aporte importante para la economía nacional ni en votos políticos, y, por tanto, no justificando una inversión pública o privada de tal magnitud.

Como en Lima las autoridades del gobierno central y los cerca de 10 millones de habitantes no sufrimos de heladas, granizas, nevadas o “friajes”, el derecho a la calefacción es una ilusión. Aunque en los últimos años estamos experimentando inviernos más fríos, con temperaturas de 13 ó 12 grados centígrados, el derecho a la calefacción no aparece como una necesidad. Pero lo más curioso y contradictorio, humanamente, es que Lima sí cuenta con el gas natural de Camisea, trasladado desde el Sur Andino.

¿Qué hacer? Frente a la falta de comprensión y preocupación constante del problema, cabe reflexionar algunas sugerencias. En primer lugar es sumamente importante, y urgente, concientizar a la población nacional que un derecho fundamental no depende de una economía de mercado y menos de una diferencia de minorías o mayorías en cuanto a población. Segundo, es urgente promover u orientar parte de nuestra ingeniería y economía a desarrollar una industria local de calefacción adaptada a esas zonas andinas. Esto supone la construcción de viviendas adecuadas, la implementación de sistemas de traslado y centros de distribución de gas natural conforme al lugar y población, así como investigar formas alternativas o locales de energía.  Tercero, trabajar con la población damnificada o interesada desde el origen, y durante la ejecución, de los proyectos de inversión público o privado, para sumar aportes organizativos locales en salud, alimentación y justicia, y para controlar y evitar formas de corrupción.

Las heladas, granizadas, nevadas o “friajes” no son percibidos como negativos por la población comunal o local que los vive, sino como retos o desafíos. Ciertamente que en determinados momentos son inusuales por su intensidad y destrucción, y pueden tornarse frecuentes por el cambio climático, por lo que requiere del apoyo urgente de quienes no sufrimos sus efectos. Sin embargo, el mayor aporte para afrontar tales fenómenos naturales buscando evitar sus daños en los niños, ancianos, mujeres y hombres así como en sus propios animales que pueblan esas zonas es materializando su tratamiento como un derecho fundamental; el derecho fundamental a la calefacción.

Lima, 31 de agosto y 1ro. de setiembre de 2013.


[1] Profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Abogado, Magister en Ciencias Sociales, PhD. in Laws.

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