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Archive for 30 diciembre 2013

Antonio Peña Jumpa[1]

En el año 1996 el gobierno central promulgó el Decreto Legislativo Nro. 882, Ley de Promoción de la Inversión en Educación, a través del cual se han constituido cerca de 80 universidades-empresas hasta el año 2013. Estas son universidades con fines de lucro dirigidas por inversionistas o promotores capitalistas. Han transcurrido más de 15 años y dichas universidades si bien han ampliado la cobertura de profesiones y número de estudiantes, no han demostrado eficiencia académica, y, por el contrario, se les identifica, salvo excepciones,  como “universidades-estafas” que propician la entrega fácil de títulos universitarios que, a su vez, no son aceptados en el mercado laboral generando una situación de desastre en la educación superior del Perú. ¿Qué explica que el interés de lucro no haya funcionado en el mercado de la educación superior de nuestro país a través de este modelo de universidad-empresa?

 

Algunas respuestas son las siguientes:

  1. La educación superior, y más precisamente la educación universitaria, no puede estar sujeto a un interés de lucro. La producción de conocimiento o saberes no está determinado por el dinero. Si bien los tres objetivos principales de una universidad que son enseñar, investigar y proyectar socialmente su contenido, requieren siempre de un presupuesto, éste no determina la calidad y sostenibilidad de los mismos. Por ejemplo, si un proyecto de investigación requiere de 100,000 nuevos soles para su ejecución, el éxito de dicha investigación no está determinado por ese monto de dinero, sino por la calidad, compromiso y sentimiento académico del investigador y las personas vinculadas al proyecto de investigación. Es más, el  resultado del proyecto de investigación una vez ejecutado no es dinero en sí, sino conocimiento. ¿Cuándo de este conocimiento puede comercializarse bajo las reglas del mercado? es un problema posterior. El conocimiento en sí está en el equipo de investigación y las personas, animales o cosas con los que se trabaje, así como en el producto de dicha investigación. Todos es invalorable: vale más que todo ese monto de dinero o, simplemente, vale nada.

 

  1. La educación universitaria, como todo tipo de educación superior, depende de una organización académica denominada comunidad universitaria integrada por profesores, estudiantes y personal administrativo. Los promotores capitalistas de una universidad-empresa se integran al personal administrativo pero no pueden estar por encima de profesores y estudiantes.  Son un apoyo importante para sostener esa organización académica pero no la pueden sustituir. De ahí que controlar a los profesores y estudiantes bajo el dominio del capital o del interés de lucro produce la inercia de la universidad o su extinción. Una universidad controlada por el interés del lucro es una empresa o corporación mercantil, ya no un centro de conocimiento o saberes; ya no una comunidad que promueve el desarrollo de escuelas del conocimiento donde profesores y estudiantes de encuentran, aportan aprenden y se suceden.

 

  1. La educación universitaria requiere de autonomía pero basada en la producción del conocimiento y la organización académica. Nunca esa autonomía puede estar basada en el dinero, el interés de lucro o el dominio de un promotor capitalista. El fracaso conocido hasta hoy de las universidades-empresas es porque se ha confundido autonomía universitaria con dirección empresarial. Por ejemplo, ¿qué autonomía (relacionada con la libertad de cátedra) puede tener un profesor universitario si su contrato, estabilidad laboral y salario depende de los intereses del promotor capitalista o del interés de uno o un grupo de estudiantes que puede exigir un determinado ritmo de exigencia y definir la situación del profesor a través del mismo promotor capitalista?

 

El interés de lucro prioriza ingresos monetario, cantidad de estudiantes y entrega de títulos o diplomas por doquier  no importando la calidad en la formación universitaria. No hay prioridad por la formación integral de los estudiantes, por el desarrollo de proyectos de investigación de profesores y estudiantes, y, menos aún, por la proyección o responsabilidad social universitaria.

 

Las universidades-empresas utilizan el interés de lucro para acumular dinero y, de ahí, favorecer a determinados políticos o personas de su entorno, dándoles la gracia de ser vicerrectores con sueldos fabulosos o financiando sus campañas políticas. Al final se forma un círculo vicioso: los estudiantes acceden a títulos fáciles a cambio de una pensión que sirve para acumular y favorecer los intereses de los promotores de dichas universidades.

 

Ante tal situación cabe un aprendizaje para evitar el desastre de nuestra educación superior. Si las universidades-empresas no se constituyen en promotores del conocimiento y no se rigen bajo una organización académica, es conveniente que dejen de ser universidades. En tal sentido  es legítimo que haya una supervisión desde fuera de dichas universidades. Esta supervisión corresponde  a la Sociedad o sus representantes antes que a las autoridades del Estado. Esto por una sencilla razón: la universidad se debe a la sociedad y es a ésta a la que pretende servir.

 

Lima, 26 y 29 de diciembre de 2013


[1] Profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Abogado, Master en Ciencias Sociales, PhD. in Laws.

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Antonio Peña Jumpa[1]

 

  1. 1.     Introducción

El 19 de Mayo de 2013 docentes y estudiantes de Derecho visitamos el asentamiento minero de Casapalca, en el distrito de Chicla, provincia de Huarochirí, Región de Lima. El asentamiento minero se encuentra ubicado a 4,200 metros sobre el nivel del mar. Al lado de dicho asentamiento minero existen otros, como Los Quenuales y Yauli Yaco. Sin embargo, Casapalca llamó nuestra atención, dada la información previa conocida por reclamos y movilización social.

 

Lo que constatamos en el lugar fue una situación de injusticia laboral, que muy bien podemos identificar como de desastre. La empresa minera ejerce un dominio vertical sobre el conjunto de relaciones de la población en la micro región, lo que limita una respuesta organizada de ésta población, la presencia firme de autoridades locales y, sobre todo, la puesta en vigencia de los derechos laborales.

 

A continuación presentamos a manera de muestra solo dos aspectos de esa injusticia laboral o situación de desastre de los derechos laborales. Uno de ellos está centrado en la situación de las remuneraciones y otro en los sub-contratos laborales que celebran los trabajadores mineros.

 

Un aspecto importante a tener en cuenta es la situación productiva de la empresa minera. Desde años anteriores, confirmado en los últimos 4 años (2008-2012), la empresa tiene acrecentada su productividad en metales como plata, plomo y zinc. El ministerio de Energía y Minas ha difundido el crecimiento nacional de esta productividad (ver boletín Estadístico de Minería 2013, Lima Agosto 2013), sin que empresas mineras como Casapalca hayan sido una excepción.

 

 

  1. 2.     Los contratos laborales y los sueldos

Casapalca tiene aproximadamente 2000 trabajadores, de los cuales 600 se encuentran sindicalizados (información del lugar, mayo 2013). El total de trabajadores, salvo un porcentaje mínimo, ejercen sus actividades a través de un contrato laboral con empresas sub-contratistas.

 

Lo particular del contrato laboral minero en Casapalca es que tienen un corto tiempo de duración. Los trabajadores mineros nos informaron que sus contratos son de menos de 3 meses.  Esto confirma la inestabilidad laboral.

 

Pero el extremo de dichos contratos está definido por sus remuneraciones. A pesar de tratarse de un trabajo minero en socavón, bajo extenuantes horas de trabajo, inhalando gases y sometidos a riesgos extremos, la remuneración comprende una escala entre 29 y 35 soles por salario jornal-día. En promedio pueden obtener 800 soles mensuales y si trabajan en sobre tiempo y domingos, la remuneración puede ser de 1,300 soles mensuales.

 

Una primera impresión de estos datos nos lleva a cuestionar la aceptación de los trabajadores por este grado de inestabilidad con sueldos diminutos. La explicación de su justificación estaría dada por dos razones:

–        Existe mano de obra en exceso en el lugar que hace posible renovar constantemente el número de trabajadores.

–        Que el trabajo que se realiza es simple, no requiriendo de mayor esfuerzo capacitar al personal para así materializar su renovación constante.

En cualquiera de estas dos razones, la desventaja de la empresa también es doble. Tener trabajadores esporádicos y con sueldos irrisorios produce:

–        Que el trabajador no esté comprometido con la empresa, y a la menor oportunidad la desacredite.

–        Que al ser trabajador de “tránsito” o “renovable” constantemente, su experiencia sea limitada produciendo otro doble efecto:

  • Las posibilidades de accidente se multipliquen, en aquellas situaciones no previsibles o no consideradas sencillas.
  • La capacidad productiva descienda, al desconocerse la funcionalidad total del puesto al que el trabajador habría sido asignado.

Si tenemos en cuenta que los costos de estos dos aspectos de desventaja pueden ser mayores a los costos relacionados a superar la inestabilidad del trabajador y mejorar sus remuneraciones ¿Por qué la empresa no mejora la situación de sus trabajadores?

 

Una interpretación posible está dada por el contexto: los trabajadores que llegan a la empresa minera son jóvenes y provienen de las regiones andinas vecinas.  Esto hace que se trata de trabajadores jóvenes “de paso”, en búsqueda de un trabajo mejor, salvo que ocurra algún cambio o expectativa en la misma empresa. Otra posible explicación es que los empleadores tienen una mentalidad extremadamente rentista y egoísta. A pesar de las ganancias obtenidas en años anteriores, la dirección de la empresa está obsesionada en obtener más ganancias no importando los derechos laborales de los trabajadores.

 

En forma complementaria se presenta otra explicación. En un análisis costo – beneficio resulta más barato violar derechos laborales y contratar a los abogados especialistas a sabiendas que es casi imposible que un trabajador del lugar reclame sumas altas por indemnización y que el sistema de justicia peruano se los otorgue.

 

Al final notamos que tenemos un conjunto de causas estructurales y sistémicas relacionados a la inestabilidad de derechos laborales y sueldos diminutos que valida el círculo vicioso de la injusticia laboral o desastre de derechos laborales en Casapalca.

 

  1. 3.     El sistema de subcontratación o tercerización  sin utilidades.

Complementando lo anterior, la violación de los derechos laborales en Casapalca se confirma por la existencia de numerosas empresas sub-contratistas que prestan sus servicios a la empresa minera. Son estas empresas subcontratistas las que promocionan el trabajo minero convocando a los jóvenes que concluyen sus estudios secundarios en las regiones andinas vecinas a Casapalca, ofreciéndoles favorables condiciones laborales aunque la realidad sea otra.

 

Del total de 2000 trabajadores antes mencionado, solo 200 son trabajadores directos de la empresa minera Casapalca (información proporcionada en el lugar, mayo 2013). Esto significa que el 90% de los trabajadores que labora en la mina son sub-contratados ejerciendo necesariamente el trabajo propio de la actividad minera.

 

La raíz del problema no es la existencia de la modalidad del sub-contrato. Si bien ésta es absurda jurídicamente dado el excesivo porcentaje de trabajadores contratados bajo dicha modalidad en la misma actividad laboral, la razón del problema se encuentra en la discriminación o desigualdad que genera.

 

Según datos proporcionados por los vecinos del lugar, los trabajadores que se encuentran en planillas como servidores directos de la empresa pueden tener sueldos que oscilan entre 50 y 120 soles jornal-diario. Además, estos trabajadores pueden recibir de utilidades 50,000 soles al año. En contraste, el trabajador sub-contratado recibe como remuneración la suma de 29 a 35 soles jornal-diario, y no tiene derecho a utilidades, salvo que por sus protestas y reclamos reciba un bono extraordinario de 700 soles o hasta 1,500 soles anuales (información en el lugar, mayo 2013).

 

Estos datos confirman la situación de injusticia laboral o desastre de los derechos laborales que se corrobora en la violación de derechos constitucionales o legales. Las normas específicas aplicables son la Ley Nro. 29245 y el Decreto Legislativo 1038 (ambos de Junio de 2008) que si bien permiten la subcontratación o tercerización bajo características específicas, de ninguna forma regulan favorablemente dicha situación injusta o de desastre. Así, la Ley Nro. 29245 establece como garantía en este tipo de contrato lo siguiente:

“Artículo 7.-  Garantía de Derechos Laborales

Los trabajadores de las empresas que prestan servicio de tercerización tienen los siguientes derechos, sin perjuicio de los ya establecidos en la legislación laboral vigente:

  1. Los trabajadores bajo contrato de trabajo sujetos a modalidad tienen iguales derechos que los trabajadores contratados a tiempo indeterminado. Este derecho se aplica a los trabajadores desplazados en una tercerización, respecto de su empleador.
  2. Los trabajadores que realicen labores en las instalaciones de la empresa principal en una tercerización, cualquiera fuese la modalidad de contratación laboral utilizada, como todo trabajador contratado a tiempo indeterminado o bajo modalidad, tiene respecto de su empleador todos los derechos laborales individuales y colectivos establecidos en la normativa vigente; en consecuencia, los trabajadores no están sujetos a subordinación por parte de la empresa principal.
  3. La tercerización de servicios y la contratación sujeta a modalidad, incluyendo aquella realizada en la tercerización de servicios, no puede ser utilizada con la intención o efecto de limitar o perjudicar la libertad sindical, el derecho de negociación colectiva, interferir en la actividad de las organizaciones sindicales, sustituir trabajadores en huelga o afectar la situación laboral de los dirigentes amparados por el fuero sindical.
  4. Cuando corresponda, los trabajadores pueden interponer denuncias ante la Autoridad Administrativa de Trabajo o recurrir al Poder Judicial (….)”

La enunciación de solo estos cuatro derechos, sobre igualdad y protección de derechos laborales individuales y colectivos, muestra cuán distante se encuentra la situación de Casapalca de la vigencia de la Ley.  Si solo la norma citada se respetara o cumpliera, la realidad de los trabajadores mineros de Casapalca y sus respectivas familias sería diferente. Pero, ¿Por qué la norma no se cumple? Varias explicaciones se pueden sugerir:

–        La explicación más simpe es que los trabajadores desconocen el contenido de dicha norma y sus derechos.  La distancia en su formación sobre el tema, y la prioridad por suplir sus necesidades vitales, lleva a omitir el aprendizaje de estos derechos.

–        Otra explicación es porque los contratos laborales son cortos, o de “renovación” constante, que lleva a tener una articulación débil en su organización sindical, lo que limita una protesta consistente.

–        La tercera explicación está dada por que cualquier reclamo supone un costo, sea ante la autoridad administrativa o la autoridad judicial, que no es posible de ser asumido por el trabajador dado su diminuta remuneración.

Bajo estas explicaciones se repite el ciclo vicioso de violación de los derechos laborales, sin que la autoridad del Estado o alguna otra autoridad intervenga seriamente a la fecha.

 

  1. 4.     Balance: proyectando perspectivas de solución.

Los irrisorios sueldos, la inestabilidad laboral y los sub-contratos irregulares (bajo violación del derecho de igualdad) en Casapalca aparecen como retos a superar para evitar la situación de injusticia y de desastre que viven sus trabajadores con sus respectivas familias.  El reto es para el Estado, pero también para la sociedad y sobre todo para el gremio de empresas mineras que directa o indirectamente justifica esta situación.

 

La “renovación” de trabajadores jóvenes a través de contratos cortos hace que el conjunto de trabajadores convivan en inestabilidad permanente, acepten remuneraciones diminutas o irrisorias sin calcular daños en la salud, y se sometan al sistema de sub-contratación sin posibilidades de reclamar utilidades y otros derechos colectivos. No importa si la empresa minera ha tenido un aumento en su productividad y mejores precios en la venta de los minerales, la situación se repite.

 

Este es el ciclo vicioso que constatamos en realidades como Casapalca.  Si a ello sumamos la ausencia de las autoridades del Estado o su presencia mínima, la incapacidad de la misma población de ejercitar sus reclamos y el silencio del gremio de empresas mineras, no cabrá la menor duda que nos encontraríamos bajo una situación de injusticia estructural o sistémica que bien puede traducirse en una situación de desastre de esa población y sus derechos laborales.

 

¿Qué hacer? La primera y principal alternativa de solución es que los propietarios de la empresa minera involucrada tomen consciencia de la situación y adecuen su política laboral a la Constitución y las leyes. Una segunda alternativa es que el gremio de empresas mineras se pronuncie expresamente frente a situaciones como Casapalca (que no es la única), y exija y colabore con las autoridades del Estado en cambiar dicha situación. La tercera alternativa es que las autoridades del Estado ingresen de oficio, bajo el concepto de emergencia dada la situación de desastre, para diagnosticar, comprobar y resolver la situación de Casapalca. Por último, una cuarta y no deseada alternativa, es que los gremios sindicales organicen una larga jornada de protesta en solidaridad con casos como los de Casapalca, para exigir el cambio de normas y la aplicación de la sanción que corresponda por las irregularidades que se siguen cometiendo.

 

 

Lima, 17, 18 de diciembre de 2013

 


[1] Profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Abogado, Master en Ciencias Sociales, PhD. in Laws.

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