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Archive for 15 julio 2014

Por Antonio Peña Jumpa

Uno de los conflictos humanos muy íntimo pero al mismo tiempo muy complejo es el de la violencia familiar, más específicamente el de la violencia de pareja. El feminicidio es el extremo de su manifestación, pero el inicio del mismo está relacionado con riñas, enfrentamientos, maltratos psicológicos, entre otros, y, luego, palizas o pugnas incontrolables. Si bien el problema tiene causas estructurales y sistemáticas que requieren una atención de largo plazo, frente a los casos que hoy ocurren es urgente asumir su control o resolución. ¿Qué hacer para controlar estos casos o conflictos relacionados con la violencia de pareja?

En 1986, un grupo de estudiantes universitarios tuvimos la oportunidad de confrontar un caso de violencia de pareja a través de un consultorio jurídico gratuito del distrito de Carabayllo. Una joven pareja recurrió a nuestro servicio para resolver el problema de maltrato que ya se había tornado en físico y permanente. Primero, acudió la joven esposa, luego ésta acudió acompañada de su joven esposo. Ellos tenían toda la intención de seguir juntos, identificados con su calidad de inmigrantes de la región de Ancash. Intentamos la resolución del conflicto ante el Juez de Paz, quién amenazó al maltratador con la intervención de la policía en caso el hecho se repitiera. Recurrimos luego al apoyo de una psicóloga especialista en terapias de pareja, quien solidariamente acudió hasta nuestro consultorio. Pero el maltrato no cesó. La policía ni el Ministerio Público pudieron intervenir dado el contexto de violencia política de aquel entonces, pero sobretodo porque en otros casos semejantes los efectos de su intervención hizo que el daño sea mayor en la víctima inmigrante: si se detenía al maltratador, ella quedaba en abandono, y cuando aquél era liberado, la violencia se tornaba más aguda.

El caso nos sirvió para llevar su problemática a un trabajo de investigación sobre los sistemas de resolución de conflictos en las comunidades Aymaras del Sur Andino (Lima, PUCP, 1991, 1998). ¿Cómo se resuelven estos conflictos de violencia de pareja en las comunidades Aymaras como Calahuyo? ¿Conviven estas comunidades con conflictos permanentes como el experimentado en Carabayllo? Grata fue nuestra sorpresa al encontrar en la Justicia de los Aymaras una alternativa de resolución basada en su organización familiar y comunal. Esta Justicia Comunal tiene, desde muchos años atrás, mecanismos de control sobre dichos conflictos. Su procedimiento puede entenderse, en resumen, bajo el siguiente esquema:
1. El conflicto de violencia de pareja es, ante todo, un conflicto familiar. Ante un caso de maltratos es legítima la intervención de la familia de la víctima, y también de la familia del maltratador.
2. La intervención familiar supone que los representantes familiares de la pareja conversen y tomen las medidas que consideren adecuadas, evaluando los antecedentes de la pareja. Si cabe la reconciliación de la pareja, la analizan considerando la opinión de la víctima.
3. Si el conflicto persiste, los representantes familiares, con el apoyo de las autoridades comunales, deciden la separación de la pareja. Esta separación puede ser “voluntaria” o “forzada”. Ambas familias asumen las responsabilidades en gastos de los niños si los hubiere.
4. Acordada la separación, ambas familias (incluyendo sus vínculos extendidos) están alertas a los acontecimientos. Si saben o notan que el varón se está acercando a su ex pareja, inmediatamente “se pasan la voz” en la comunidad y se anteponen a la presencia del varón.
5. En caso el varón maltratador quiera reconciliarse, tiene que someterse a la fiscalización permanente de la familia, previo consentimiento de la ex víctima.

Si bien existen muchos detalles en el procedimiento de resolución de los comuneros Aymaras, el esquema presentado puede dar muestra de su efectividad. Es una alternativa de resolución del conflicto de violencia contra la pareja bajo la perspectiva de una justicia familiar – comunal. ¿Es posible su implementación en nuestro mundo urbano o moderno? Si bien en el mundo de los inmigrantes de primera generación resulta difícil, dada la pérdida del vínculo familiar, en aquellos casos donde sí existe el vínculo familiar o donde es posible revivir o fortalecer el vínculo familiar con el apoyo de la comunidad urbana (barrio o distrito), es posible implementarlo.

¿Por qué no apostar por experiencias como la de los Aymaras para atender los complejos conflictos de violencia de pareja? Si los procedimientos oficiales modernos, normalmente especializados y costosos, no funcionan o no son posibles de aplicar en la diversidad de nuestro país, no perdamos de vista que nuestra tradición cultural, en lo familiar y comunal, puede consolidar una mejor respuesta. La comprensión y decisión de cada uno de nosotros al respecto, más allá de la gubernamental, es urgente.

Ayacucho 29 de Junio, y Lima 13 de julio de 2014

 

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Antonio Peña Jumpa
¿Qué es la Justicia? Si consiste en “darle a cada uno lo que le corresponde” (concepción Iusnaturalista), cualquier apreciación basada en la ley se entiende desbordada. Si la Justicia es entendida como “el proceso de aplicación de la ley hecha por una autoridad o un magistrado para resolver un conflicto” (concepción positivista), la perspectiva anterior estaría desbordada por el parecer legal de la autoridad o el magistrado.
En el caso Bagua, ocurrido cinco años atrás, ambas concepciones de la Justicia parecen fluir en contra de los comuneros amazónicos o nativos procesados como supuestos responsables de los 34 muertos (incluido un oficial desaparecido) y 46 heridos, de acuerdo a la investigación del Ministerio Público. Son aproximadamente 50 comuneros amazónicos los acusados de delitos muy graves en cuatro procesos judiciales estimados para resolver el conflicto producto del desastre político (El Comercio, 5 de Junio de 2014, página A14).
Pero lo curioso es que en estos procesos judiciales no aparecen formalmente involucrados los actores políticos que guiaron el desenlace final: particularmente el Presidente de la República de aquel entonces, y sus ministras del Interior y de Producción. Las autoridades del gobierno central son las que aprobaron y aplicaron un conjunto de Decretos Legislativos con el propósito de suscribir el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, sin reparar que afectaban objetivamente los bienes jurídicos de las comunidades amazónicas (o nativas) y andinas (o campesinas). Dicha aprobación de Decretos se hizo sin aplicar, al mismo tiempo, el derecho de consulta previa reconocida en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas (de la Organización Internacional del Trabajo), en vigor en nuestro país desde el año 1995 según confirmaría el Tribunal Constitucional al resolver el caso Cordillera Escalera (Expediente N° 03343-2007-PA/TC) el 19 de Febrero del 2009 (cuatro meses antes del desastre de Bagua), ni el informe de la Comisión Especial Multipartidaria del Congreso de la República que el 19 de Diciembre del año 2008 (seis meses antes del desastre de Bagua) también concluyó que un grupo de Decretos Legislativos debían ser objeto de consulta previa. Últimos informes incluso revelan que existió presión extranjera para que las autoridades del gobierno central dieran inicio al uso de la fuerza pública (Wikileaks reveladores, en diario La Primera, 18 de Junio de 2014, página 5).
Sin embargo, lo más difícil o complejo de los hechos es que nuestras autoridades y la sociedad urbana peruana, en general, no logran percibir que tras el caso Bagua existen dos grupos de concepciones de Justicia diferentes: al lado de las concepciones de justicia iusnaturalistas y positivistas de los magistrados o jueces que emitirán un fallo en los procesos señalados, existen también las concepciones de Justicia de las autoridades y miembros de las comunidades amazónicas involucradas en el conflicto. Estos últimos también pueden sumar una perspectiva iusnaturalista o positivista en sus concepciones, pero basados en sus propios valores (incluido su propio lenguaje) y propias normas.
La identificación de estas diferentes concepciones de Justicia en las comunidades es jurídicamente válida, porque se encuentran garantizadas por nuestra Constitución Política. Si analizamos el artículo 149º de la Constitución, que trata de la jurisdicción especial de las comunidades campesinas y nativas, al lado del artículo 2º, inciso 19, y el artículo 89 de la misma Constitución, que tratan del derecho a la identidad étnica y cultural y el derecho a la autonomía de las mencionadas comunidades y sus miembros, notaremos que los comuneros amazónicos o nativos procesados tienen el derecho constitucional de acceso a la justicia en base a sus propias concepciones, sus propias normas y por sus propias autoridades.
Al haber dos grupos de concepciones de Justicia aplicables tras el caso, es legítimo que quienes juzguen tengan en cuenta ambos grupos de concepciones. En casos como Bagua es necesario contar con autoridades o magistrados que representen ambos grupos de personas y concepciones de Justicia. En tal sentido, ¿Por qué no implementar un tribunal mixto ad hoc que incluya jueces identificados con ambos grupos de concepciones de Justicia? Esta es una mínima garantía de debido proceso que la misma Constitución Política regula en su artículo 139º.
El caso Bagua ha significado el reencuentro de dos mundos con sus respectivas concepciones de Justicia. Si bien devino en un desastre político con un resultado fatal en muertos y heridos que se encuentra bajo investigación y juzgamiento, no perdamos la perspectiva de valorarla como una oportunidad. Fue y es aún una oportunidad para mirar nuestra realidad plural y diversa, comprender el universo de las víctimas sin reproducir nuevas víctimas, e identificar al “otro” que comparte diferentes concepciones de Justicia a las nuestras. El caso Bagua y su actual juzgamiento es la oportunidad para seguir aprendiendo y prevenir o evitar, en el futuro, desastres similares.

Lima, 7 y 24 de junio de 2014

 

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