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Archive for 28 diciembre 2014

Antonio Peña Jumpa[1]

Las protestas realizadas por los jóvenes de Lima y otras ciudades del Perú contra la Ley Nro. 30288, denominada “Ley que promueve el acceso de los jóvenes al mercado laboral y a la protección social” (en adelante Ley Laboral Juvenil o, simplemente, la Ley), demuestra no solo el ejercicio de un derecho de protesta o indignación de estos jóvenes, sino un derecho de empoderamiento. Más allá de analizar y/o cuestionar el contenido constitucional y legal de la norma o su sentido liberal o anti-liberal en lo económico, conviene comprender el desarrollo de ese derecho. ¿En qué consiste este derecho de empoderamiento de los jóvenes peruanos que propicia, en estos momentos, el más importante conflicto social-urbano a causa de la Ley Laboral Juvenil?

Empoderar significa adquirir poder o facultades extraordinarias efectivas para orientar o decidir determinadas acciones, actividades o políticas. Se trata de un proceso de cambio en una persona o grupo de personas que transitan de una cierta tranquilidad o pasividad en sus acciones a una situación de notoria presencia y liderazgo. En el caso de los jóvenes limeños y peruanos en general ese cambio o tránsito se puede apreciar en las últimas protestas contra normas legales que les afectan directamente. Tal empoderamiento puede apreciarse, en particular, en el conflicto contra la Ley Nro. 30288 bajo tres momentos o etapas:

  • En la modalidad de convocatoria para realizar la protesta.
  • En el nivel de presencia de personas tras la convocatoria.
  • En la fuerza o presión que ejercen sobre los políticos de turno.

La modalidad de convocatoria de los jóvenes para protestar ya no es a través de los partidos, movimientos o agrupaciones políticas, ni de algún gremio estudiantil privilegiado, o de algún líder carismático, militar o social. La modalidad de convocatoria de los jóvenes para protestar es hoy muy pragmática y tecnológica: se realiza a través de las redes sociales virtuales, sus foros, y el uso de los teléfonos móviles. Esto significa que ya no existe un plan o discurso político clásico generado por el debate de dos o tres fuerzas públicas cuyas conclusiones son sistematizadas por los líderes ganadores quienes pasan a convocar la marcha. Los jóvenes se mueven hoy, políticamente, por coyunturas. No les interesa un plan, sino la afectación concreta de sus derechos e intereses. A través de esta afectación se produce un actuar difuso pero focalizado. Su actuación es difusa en tanto escuchan o leen y opinan sin llegar a un acuerdo representativo. Pero su actuación también es focalizada en tanto buscan informarse y comprender los alcances de la medida legal o política dada por la autoridad (pública o privada) que afecta sus intereses, desarrollando así su propio sentido de Justicia.

El nivel de presencia de personas en la protesta tras su convocatoria es producto del sentido difuso pero focalizado de la Justicia que se desarrolla en la concepción de los jóvenes afectados por la medida legal o política. Tras una breve convocatoria, de uno o dos días, los jóvenes ya identificados con la protesta ocupan plazas, calles, grandes avenidas y otros espacios públicos, paralizando el tránsito y toda actividad económica cercana de la ciudad. Esto ocurrió el pasado 18 de diciembre de 2014, cuando miles de jóvenes se reunieron y paralizaron varios distritos de la ciudad, hecho que se agudizó 4 días después, el pasado 22 de diciembre, cuando otros miles hicieron lo propio. Cabe precisar que en estos actos de protesta las “armas” de los jóvenes ya no son prioritariamente las piedras, los palos o las bombas caseras “molotov”, sino los celulares o teléfonos móviles que fotografían o filman los hechos que experimentan difundiéndolos simultáneamente en las redes virtuales. Esta última es una característica muy novedosa en la protesta de los jóvenes que cumple una doble finalidad: de un lado, prevenir o controlar a través de la evidencia de la fotografía los posibles abusos de las Fuerzas del Orden, y, de otro lado, transmitir la emoción, propia de la edad, convocando a más jóvenes para que se unan o integren a su protesta y juntos hagan más sólido su reclamo.

El tercer momento es producto de los anteriores: la fuerza o presión contra los políticos de turno se produce desde la convocatoria de los jóvenes para la protesta y se agudiza con la presencia de estos jóvenes en la misma protesta. Como los sujetos políticos (de los partidos o movimientos políticos de oposición, de centro o a favor del grupo gobernante) también se encuentran interconectados a las redes sociales virtuales, toman conocimiento del foro que se desarrolla en la convocatoria para la protesta y, luego, toman conocimiento de la presencia masiva de jóvenes que protestan, entonces se produce el cambio de posición frente a la medida legal o política que incluso ellos mismos causaron. Así, si bien los congresistas votaron por mayoría a favor de la Ley Laboral Juvenil, de pronto muchos de ellos se rectifican y cambian de parecer. Curiosamente, tras las efectivas protestas de los jóvenes, los políticos recién han comenzado a entender que la Ley recorta derechos constitucionales y que, bajo una mayor comprensión del contexto político-económico, resulta inoportuna.

El conjunto de estas etapas, momentos y hechos nos llevan a sostener la existencia del derecho de apoderamiento en los jóvenes del Perú. Cuando se trata de medidas administrativas o legislativas que afecte a un grupo social como los jóvenes, es una obligación de las autoridades y los políticos poner en práctica el debate y la consulta. La única manera de prevenir conflictos sociales-urbanos con graves riesgos de daños materiales y personales que se producen tras las protestas como las ocurridas recientemente, nos llevan a confirmar la necesidad de ese debate y consulta. Las nuevas modalidades de convocatoria para la protesta, el nivel de presencia en la protesta tras la convocatoria, y la fuerza o presión que ejercen sobre los políticos de turno, son experiencias que nos brindan los jóvenes para comprender una diferente concepción de justicia y prevenir la reproducción de nuevos conflictos a través de otros grupos humanos.

Con la caída, a mediados del presente año, de la Ley que obligaba el aporte de los trabajadores independientes menores de 41 años al sistema privado de pensiones, y que tuvo entre sus protagonistas a grupos de jóvenes, ya se había comprobado el derecho de apoderamiento que comentamos. Hoy la elaboración y promulgación de la Ley Laboral Juvenil no viene a ser sino un nuevo intento fallido, contra estos mismos jóvenes. Se trata, en suma, de una lección política, legal y de gobierno no aprendida. Sin embargo, estamos aún a tiempo de retomar el debate y la consulta pendientes, suspendiendo la vigencia de dicha Ley.

Lima, 25 y 27 de diciembre de 2014.

[1] Profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Abogado, Magister en Ciencias Sociales y PhD. in Laws.

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Antonio Peña Jumpa[1]

El Perú está siendo sede, durante el mes de diciembre de 2014, de las dos Conferencias de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático: la Vigésima Conferencia de las partes (COP-20) y la Décima Conferencia de Partes relacionadas al Protocolo de Kioto (CMP-10). Estas conferencias buscan controlar o mitigar uno de los problemas más complejos del actual contexto de globalización: el calentamiento global del planeta que produce el deshielo de los glaciares, el aumento de los niveles del mar, sequías y lluvias torrenciales irregulares, inundaciones, la movilización geográfica de enfermedades aún sin curación, el aumento del debilitamiento de la capa de ozono, entre otros hechos comprobados. ¿Qué hacer frente a este complejo problema? ¿Cuál es el rol de la acción humana individual y colectiva o institucional, teniendo en cuenta que es dicha acción humana la causante del problema global?

Desde el año 1992, en que se suscribe la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en la histórica Cumbre de la Tierra celebrado en Rio de Janeiro (Brasil), se coincidió claramente en la necesidad de abordar el problema global del cambio climático. Posteriormente, el año 1997, a través del Protocolo de Kioto (Japón), se consigue un acuerdo internacional comprometiendo a un grupo de países para reducir gradualmente las emisiones de gases con efecto invernadero, entre los que destaca en primer lugar el dióxido de carbono (CO2). De acuerdo a ello, la solución frente al cambio climático parece simple: que los países del mundo cumplan con la reducción de la emisión de CO2 y de los otros gases de efecto invernadero.

Sin embargo, la propuesta de solución no es sencilla en la práctica. La globalización del cambio climático tiene tras de sí otro tipo de globalización, la globalización de la prosperidad económica, que limita una actuación efectiva a favor de la primera. Al respecto, consideramos que son dos los temas cruciales para afrontar el problema global:

  • El tema de la Justicia Climática, y
  • El tema del consumo sostenible de bienes y servicios.

La Justicia Climática busca equiparar las causas y los efectos del cambio climático, basado en la desigualdad existente por parte de los grupos humanos y países del mundo en la emisión de los gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono (CO2). Una pregunta central guía esta búsqueda de Justicia: ¿Por qué determinados grupos humanos o sociales como las comunidades andinas o amazónicas en Sudamérica, o países como Bolivia, Ecuador o Perú, que emiten poco dióxido de carbono (CO2), tienen que afrontar los mismos o peores efectos del cambio climático, en comparación con los grupos humanos como los ciudadanos urbanos norteamericanos, o países como EEUU o China, que son los que más emiten o producen dióxido de carbono (CO2)?

Se trata evidentemente de una situación de INJUSTICIA CLIMÁTICA constatada en la realidad. Es un tipo de injusticia que tiene causas y efectos económicos al manifestarse a través de la “riqueza” y opulencia alcanzada por determinados grupos humanos y un grupo de países que son los que más contaminan o emiten gases con efecto invernadero, en contraste con la “pobreza” o mesura de grupos sociales y países menos contaminantes. Lo complejo de la situación es que resulta imposible, según los informes científicos mayoritarios, proponer que los grupos sociales o países con menor nivel de emisión alcancen el grado de desarrollo industrial y producción de dióxido de carbono (CO2) de los países “ricos” u opulentos porque simplemente el calentamiento global se aceleraría y la vida en nuestro planeta se destruiría. De ahí que surja la necesidad de una Justicia Climática efectiva que, entre sus varias formas, se manifiesta a través de la compensación que obliga, de una parte, a quienes emiten más dióxido de carbono (CO2) u otros gases de efecto invernadero, a pagar por el exceso de esa emisión a favor, de otra parte, de quienes emiten menos de estos gases.

El tema del consumo sostenible de bienes y servicios, de otro lado, complementa el concepto de Justicia Climática. La raíz de la desigualdad productiva de dióxido de carbono (CO2) se encuentra en la extrema desigualdad del consumo de bienes y servicios a nivel global. En términos sencillos podemos afirmar que, de un lado, tenemos a grupos humanos o países que tienen como interés o política económica el consumo constante de bienes y servicios procesados o industrializados (con el fin que sus economías continúen en crecimiento), emitiendo como efecto una mayor cantidad de dióxido de carbono (CO2). De otro lado, tenemos a grupos sociales o países que consumen menos bienes y servicios procesados o industrializados, con el efecto de una menor emisión de dióxido de carbono (CO2).

Por ejemplo, determinados grupos humanos, como quienes vivimos en zonas urbanas, compartimos el uso continuo de vehículos nuevos o usados para transportarnos, la renovación permanente de ropas o vestidos orientada por la moda, o el consumo masivo de alimentos (procesados y no procesados) que son trasladados de un lugar a otro, lo que se traduce inevitablemente en un mayor uso de energía y emisión de desechos (basura) que se expresa en una cifra mayor de dióxido de carbono (CO2). En contraste, otros grupos humanos, como las comunidades andinas o amazónicas, usan solo una vez a la semana o al mes el vehículo o el deslizador fluvial para transportarse, no siguen en lo absoluto la moda de ropa y consumen mínimamente alimentos no producidos por ellos, lo que se traduce en una producción muy limitada de energía y desechos, con una mínima cifra de dióxido de carbono (CO2).

Si bien el consumo de bienes y servicios industrializados es necesario para nuestra subsistencia urbana, este consumo se torna adverso al cambio climático cuando se practica exageradamente (por ejemplo, cuando tenemos más de un auto para el uso diario o familiar). Lo complejo del tema es que hay una relación de consumo con nuestros ingresos económicos: cuanto más ingresos económicos tenemos, es mayor nuestra tendencia a un consumo exagerado de bienes y servicios, y cuando más “necesidad” aparece o nos crean por este consumo, es mayor la tendencia hacía buscar los mejores ingresos para alcanzar ese nivel de consumo. Al final, este consumo exagerado, también denominado consumismo, fomenta la injusticia climática y, con ello, el problema global del cambio climático.

¿Qué hacer? Es difícil sostener que regulemos legislativamente o administrativamente nuestro nivel de consumo en bienes y servicios. Igualmente es difícil demandar judicialmente o mediante arbitrajes a los grupos humanos opulentos o a los países “ricos” o industrializados por consumir más y producir más dióxido de carbono (CO2) u otros gases con efecto invernadero. De acuerdo a ello, es difícil pensar que tras las Conferencias de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP-20 y CMP-10) se consiga una respuesta sostenible, esto es con efectos duraderos para futuras generaciones, de parte de los representantes de los países participantes frente a los dos temas estructurales abordados. Sin embargo, el solo hecho de debatir y comprender la dimensión de una Justicia Climática y la aspiración de un consumo sostenible de bienes y servicios puede motivar un cambio.

El reto no es solo de los países partes o los grupos sociales comprometidos o no con prevenir los efectos trágicos del cambio climático. El reto es, sobre todo, de nosotros como individuos y miembros de una familia, un grupo social y un país. Si cada uno de nosotros comprendiésemos y actuásemos, por ejemplo, dejando de usar nuestros vehículos de transporte al menos un día a la semana o dejando de seguir las constantes ofertas de consumo de las grandes tiendas de modas, contribuiremos a un nuevo contexto de consumo sostenible y de Justicia Climática. Se trata, en suma, de un tema ético que pone en evidencia nuestra vocación por la vida en nuestro planeta, basado en un sentido de Justicia.

Lima, 7 y 8 de diciembre de 2014.

[1] Profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Abogado, magister en Ciencias Sociales y Ph.D. in Laws. Autor de Manual de Justicia Climática (CEDAL, 2012), en línea, visitado el 8 de diciembre de 2014, http://cedal-peru.org/752/manual-de-justicia-climatica/.

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