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Archive for 2 mayo 2016

Antonio Peña Jumpa[1]

¿Es posible identificar un derecho fundamental por provincia o por región? ¿Es el transporte urbano en ciudades como Lima, en el Perú del año 2016, un serio problema que nos puede llevar a identificar necesidades urgentes y, por tanto, conceptualizar un derecho fundamental? Ambas preguntas buscamos absolverlas en el presente artículo.

Los derechos fundamentales son derechos humanos reconocidos y protegidos como prioritarios en el sistema jurídico de un Estado. Al aplicarse un sistema jurídico (entendido como el conjunto de normas, valores y procedimientos de un país determinado) su naturaleza regularmente es general, de ahí que los derechos fundamentales tengan el mismo carácter de aplicación general en el territorio de un país. Sin embargo, puede ocurrir que por eficacia, para afrontar un determinado problema, el propio sistema jurídico  aplique una norma (al lado de sus valores y procedimientos) en una parte del país, a manera de proyecto piloto o modelo, como ha sido recientemente la aplicación del nuevo Código Procesal Penal en el Perú.

Esto significa que sí podemos conceptualizar y regular un derecho fundamental por provincia o región. Su objeto sería conseguir una atención o prevención prioritaria buscando que sirva de modelo para otras provincias o regiones.

Sobre la segunda pregunta, cabe una mayor explicación. Para quienes nos desplazamos de un distrito a otro en la provincia de Lima, no cabe la menor duda que el transporte urbano es un serio problema, que también podemos identificar como un problema fundamental de la ciudad. No se trata solo de falta de vías públicas, ausencia de empresas organizadas, limitación de autoridades especializadas o de presupuestos, sino de aspectos cotidianos como la des-configuración periódica de los semáforos, huecos en las pistas de todos los distritos, paraderos improvisados y peligrosos, inconducta funcional de choferes y cobradores de buses y combis, conducta egoísta de choferes particulares y peatones, entre otros.

Es más, ante el fracaso del transporte público, por políticas controlistas (pro estatistas) y recientemente por políticas liberales (pro mercado), todos los ciudadanos buscamos tener un vehículo particular para nuestro desplazamiento, produciendo un resultado aún más catastrófico: la masificación de las vías públicas por vehículos particulares que en horas de ingreso y salida de la jornada laboral produce embotellamientos en todas las vías principales, sin que, al final, podamos desplazarnos ni en vehículos particulares ni en vehículos públicos.

El efecto de estas variables del problema del transporte urbano en Lima es aún más grave: pérdida de miles de horas laborales y de vida familiar, gastos en exceso de combustibles y de repuestos de los vehículos que importamos, distintos problemas de salud en conductores y usuarios que se reproducen por la desesperación el estrés y los pleitos que ocurren, y el acrecentamiento de los accidentes de tránsito.

A esta situación ya de desastre, se suman los efectos de las concesiones o autorizaciones que otorgan nuestros gobernantes para obras públicas o privadas que carecen de un plan efectivo de contingencia para el tránsito donde se ubica la obra. Obras monumentales de inversión pública o la construcción de una vivienda privada pueden producir más caos y la imposibilidad de desplazamiento al restringirse una vía o parte de una vía, ocasionando más embotellamientos y un mayor número de accidentes de vehículo o contra peatones sin que las autoridades ni funcionarios de las empresas favorecida asuman responsabilidad directa por los daños.

Si analizamos el conjunto de estas causas y efectos del problema del transporte urbano de Lima, no habrá duda de considerar que nos encontramos frente a un problema fundamental. Al ser un problema fundamental, es congruente equiparar su relación con la de un derecho fundamental: ante el problema descrito, el desplazamiento en Lima se torna una necesidad extrema, lo que produce la prioridad de su protección y tratamiento como derecho humano y, por tanto, su carácter de derecho fundamental.

Al establecerse como derecho fundamental el transporte urbano en Lima es posible que el sistema jurídico del Perú intervenga extraordinariamente en su protección y atención. Todos los ciudadanos que vivimos el problema tenemos sugerencias o aportes que nuestras autoridades y los funcionarios públicos y privados están en la obligación de escuchar y acoger. Dos de estas propuestas, conversadas con colegas y amigos, son las siguientes:

  1. Implementar una autoridad autónoma, que cuente con legitimidad formal y material, para que dirija y gestione el transporte urbano de Lima.
  2. Coordinar entre sectores ministeriales, municipios, gremios de trasportes y usuarios, la restricción, en determinadas horas del día, del transporte privado en vías públicas, para priorizar el transporte público.

¿Es posible alcanzar la materialización del derecho fundamental del transporte público en Lima poniendo en marcha propuestas como las señaladas u otras conocidas? Creemos que sí, particularmente con la participación de quienes sufrimos el problema como desastre cotidiano.

 

Lima, 19 de noviembre de 2015, 30 de marzo y 1ro. de mayo de 2016.

 

 

[1] Profesor Principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, abogado, magister en Ciencias Sociales, Ph.D. in Laws.

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