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Archive for 6 noviembre 2016

Antonio Peña Jumpa

El pasado 18 y 19 de octubre de 2016 fallecieron 3 jóvenes bomberos intentando salvar la vida de personas que se encontrarían en peligro tras un incendio que se inició en una fábrica de suelas y se extendió a un almacén del Ministerio de Salud, en el distrito de El Agustino, en Lima. La tragedia ha mostrado la vulnerabilidad material y presupuestal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), pero también ha destacado el compromiso y valentía de sus miembros, que muy bien podemos identificar como el derecho a salvar la vida de los demás, sobre sus propias vidas, o el derecho de optar por valores sin importar sus consecuencias.

Tras la muerte de los bomberos Alonso Salas Chanduví, Raúl Lee Sánchez Torres y Eduardo Porfino Jiménez Soriano, el Comandante César García ha llamado la atención sobre las limitaciones y dificultades materiales que atraviesa la institución: sus uniformes se encuentran desgastados y carecen de equipos suficientes (Entrevista en Canal N, El Comercio en línea, 20/10/16). Por ejemplo, contar con equipos electrónicos modernos que haga posible ingresar en un incendio a rescatar víctimas con la seguridad de ser ubicados en casos imprevistos, es previsible hoy. Pero, la situación es más grave aún si es que analizamos jurídicamente el caso concreto de la entidad: es una organización autónoma del Estado, pero sin un presupuesto sólido que lleve a garantizar que el ejercicio voluntario de sus miembros cuente al menos con un seguro especial de salud y de vida.

La ley Nro. 27067, ley del Cuerpo General del Bomberos Voluntarios del Perú, establece en su artículo primero, lo siguiente:

“Artículo 1.- Personería Jurídica: El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú – CGBVP, es una entidad con personería jurídica de derecho público interno. Constituye un pliego presupuestal de la Presidencia del Consejo de Ministros. Goza de autonomía técnica, económica y administrativa. Es la autoridad competente en materia de prevención, control y extinción de incendios” (Subrayado adicionado).

Esto significa que el presupuesto del CGBVP ha tenido y tiene a un responsable en el Estado: el Primer Ministro. ¿Por qué su Ministerio no ha previsto de un presupuesto digno al CGBVP?

Una posible explicación es la irresponsabilidad de nuestros tecnócratas y políticos. Se habría considerado ineficiente la entrega de fondos del Estado a una entidad autónoma que, por lo demás, cumple su trabajo voluntariamente. Esta apreciación tiene su fundamento en la misma ley citada. En el artículo 3º, que regula las funciones del CGBVP, se puede leer que dichas funciones consisten en prevenir y combatir incendios, así como intervenir en situaciones de desastres, pero con el añadido adicional:

Estas funciones serán ejercidas a título gratuito” (subrayado adicionado)

Puede interpretarse erróneamente que combatir incendios no cuesta nada, es a “título gratuito”, y por tanto no corresponde asumir el costoso presupuesto que significa comprar equipos electrónicos para el CGBVP y menos asegurar de manera especial la salud y vida de sus miembros.

Se confunde el compromiso y valentía VOLUNTARIO para salvar vidas, con la OBLIGACIÓN de contar con un presupuesto digno para cumplir con ese compromiso.

Felizmente, a pesar de esas limitaciones tecnocráticas y políticas, el CGBVP y, en particular, sus tres miembros fallecidos, han dado muestra de valor y aplomo poniendo en práctica el derecho a salvar la vida de los demás, sin importar el presupuesto de su entidad.  Como indica el mismo Comandante del CGBVP, antes citado, las tres personas fallecidas eran parte del grupo especializado encargado de ingresar a los lugares siniestrados antes que nadie para recatar posibles víctimas: “han entrado para salvar vidas y finalmente ofrendaron sus vidas al interior del local” (Ibidem). Esto muestra un modelo de acto humano realizado por los fallecidos que nos lleva a reflexionar sobre su importancia en nuestra sociedad y en nuestras vidas. Constituyen la expresión de un modelo de humanidad que no podemos perder y, por ello, más allá del apoyo de las autoridades del Estado, la sociedad toda está comprometida.

Lo ocurrido tras la muerte de los tres bomberos fallecidos debe servir para que nuestras autoridades reaccionen y provean en lo inmediato de un presupuesto digno al CGBVP. El derecho a salvar la vida de los demás no puede entenderse si es que no hay un mínimo de apoyo material y de seguridad para quienes van a sufrir por las lesiones o muerte de los bomberos. La entrega por los demás supone necesariamente que la institución del CGBVP provea de una mínima garantía en condiciones de trabajo y estabilidad a sus miembros, para que sigan desarrollando su labor.

Si las autoridades del Estado no reaccionan, es la oportunidad que los miembros de la sociedad nos comprometamos. No solo es necesario que renovemos nuestro reconocimiento a su labor o nos sumemos como voluntarios del CGBVP, sino que es posible sumar apoyos materiales a través de campañas o sumemos nuestro compromiso diario cediendo el paso a sus vehículos cuando se desplazan por las congestionadas calles de la ciudad.

Los Bomberos voluntarios del Perú son la institución más prestigiosa que tenemos en la sociedad peruana. Es la institución en la que más confiamos y con la que nos identificamos si nos encontramos en necesidad de auxilio. No reconocerles un apoyo material y presupuestal digno, es negar nuestra propia condición de humanos. El derecho a salvar la vida de los demás, pertenece a los bomberos, pero solo es posible si todos nos sumamos a su valor.

Lima, 20, 22 y 23 de octubre de 2016.

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Antonio Peña Jumpa

Conociendo las dificultades que el Proyecto Minero Las Bambas (localizado en las provincias de Cotabambas y Grau, en la región de Apurimac) ha tenido tras la muerte del comunero Quintino Cereceda Huisa, ocurrido el pasado viernes 14 de octubre de 2016, planteamos 7 condiciones que permitirían alcanzar una resolución sostenible al conflicto.

PRIMERO: Comprender que el conflicto involucra a tres partes principales que no pueden separarse o excluirse del mismo: las autoridades del Estado, los funcionarios de la empresa titular del proyecto minero, y los miembros de las comunidades campesinas o andinas donde se encuentra el yacimiento minero y su explotación. Si alguna de las tres partes no interviene en el proceso de resolución, el conflicto no se resolverá.

SEGUNDO: Entender que el conflicto es social y cultural más que ambiental. El estudio de impacto ambiental, u otro semejante, es importante, pero si no cuenta con el sentido social y cultural de las comunidades campesinas o andinas involucradas, pierde su importancia.

TERCERO: Otorgar a las comunidades campesinas o andinas que son parte del conflicto recursos para que intervengan en igualdad de condiciones como las otras partes del conflicto. La oportunidad de expresarse y conocer el contenido del proyecto minero y sus derechos solo lo pueden hacer a través de personas o profesionales de su confianza. Para ello deben contar con recursos para movilizarse y contratar a sus propios asesores.

CUARTO: Hacer público datos principales del proyecto minero Las Bambas. Esto significa hacer transparente el presupuesto del proyecto minero, incluyendo el pago realizado a un grupo de comunidades, a las empresas contratistas, a los funcionarios privados y públicos involucrados con el proyecto, entre otros. La transparencia es el vehículo de confianza. Si no se comparte información transparentemente, se pierde la confianza entre las partes del conflicto.

QUINTO: Redefinir objetivamente el área de influencia del proyecto minero.  Esto significa que las tres partes del conflicto identifiquen con la información del proyecto y los hechos ya conocidos el área de influencia directa e indirecta. No basta la intervención de una compañía consultora contratada por la empresa minera. Son los actores principales del conflicto los que tienen que fijar esa área de influencia.

SEXTO: Iniciar un diálogo horizontal (social e intercultural) remediando errores del pasado y construyendo acuerdos consensuales focalizados en el interés de la población local. El proyecto minero es de la sociedad peruana, pero más directamente es de la población local y las comunidades afectadas. La empresa minera y las autoridades estatales complementan ese interés. Si el diálogo no tiene en cuenta esa prioridad, los acuerdos serán relativos. Por ejemplo, no basta acordar la obra de asfaltado de la carretera donde circulan grupos de 200 camiones cargados de minerales, si es que antes no se prevé el ruido, las ondas sísmicas, el daño a la actividad agrícola y ganadera, los accidentes, entre otros.

SÉTIMO: Constituir un órgano mixto imparcial que haga seguimiento de los acuerdos. El órgano estaría integrado por las tres partes, y buscaría el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos. Si aparece un nuevo conflicto, este órgano sería el competente para convocar a las partes del conflicto para buscar nuevas soluciones.

Estas 7 condiciones constituyen, en nuestra opinión, la base para una resolución sostenible del conflicto. El comprender, pensar y compartir los hechos del contexto y la información del proyecto minero aparecen como aspectos generales indispensables. Pero si no se cuenta con recursos semejantes a favor de las tres partes, es difícil que se quiebre la asimetría que repercute constantemente en la provocación del conflicto. Solo bajo una aproximada simetría de las partes se puede iniciar un serio diálogo, para luego asegurar acuerdos sólidos y darles el seguimiento y cumplimiento apropiado.

Las condiciones señaladas son, en realidad, parte del proyecto minero. Si las tres partes del conflicto están convencidas de su efectiva participación bajo las indicadas condiciones, es posible que se alcance la resolución sostenible del conflicto y el proyecto minero sea un éxito para todos.

Lima, 21 y 23 de octubre de 2016.

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Antonio Peña Jumpa

¿Cuál es la legitimidad de la sentencia promovida por el representante del Ministerio Público y dictada por la Sala de Apelaciones Transitoria y Liquidadora de Bagua (Corte de Justicia de Amazonas) sobre los hechos ocurridos en la “Curva del Diablo” el pasado 5 de junio de 2009, tras el conflicto conocido como “El Baguazo”?

La sentencia del 22 de setiembre de 2016, de 392 páginas, se pronuncia absolviendo a los 52 comuneros nativos amazónicos y mestizos de 7 delitos, entre ellos el de la muerte de 12 miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP).  Si bien la citada sentencia resulta favorable a las comunidades involucradas, abre las puertas a muchas interrogantes que dada la dimensión del conflicto social son importantes de reflexionar.

¿Por qué solo se denunció y acusó a comuneros nativos y mestizos, y a sus dirigentes? ¿Por qué no aparecen involucrados en la investigación fiscal y el proceso judicial los actores políticos que participaron en los hechos? ¿Fueron las víctimas solo 12 miembros de la PNP? ¿Se investigó también si hubo comuneros nativos muertos o desaparecidos en el mismo lugar? ¿Quiénes defienden a los familiares de estas posibles víctimas? ¿Fue suficiente que los fiscales y jueces profesionales que intervinieron hayan resuelto el caso? ¿Por qué no se incluyó a miembros de las comunidades involucradas como investigadores y juzgadores, con su propio idioma?

Si bien está pendiente la resolución de tres procesos adicionales (sobre la muerte de 10 miembros de la PNP en la Estación 6 de Petro-Perú, la desaparición del Mayor PNP Felipe Bazán y la muerte de civiles por la acción de la PNP), en los que se pueden incluir la absolución de las preguntas formuladas, es muy difícil que ello ocurra. Las formalidades del derecho del Estado, la manera como han sido planteados los procesos y la propia formación de nuestros magistrados orientada a dicha formalidad y planteamiento, limitan esa posibilidad.

Sin embargo, a pesar de esas limitaciones, la primera sentencia sobre El Baguazo, nos permite apreciar un grato avance. Consideramos que tras su contenido puede leerse dos importantes innovaciones en relación al propio derecho penal aplicable a estos casos:

  1. La sentencia explica El Baguazo como un conflicto social con antecedentes políticos y legislativos, más allá de lo puramente legal. Los 101 Decretos Legislativos promulgados por autoridades gubernamentales para favorecer un Tratado de Libre Comercio sin consultar parte de ellos a comunidades directamente afectadas aparece dentro de estos antecedentes. Esta apreciación es fundamental para comprender la actitud de quienes protestaron, entre ellos los procesados, y, por tanto, de juzgarlos entendiendo íntegramente su situación jurídica penal.
  1. La sentencia destaca el tema del pluralismo cultural y jurídico, y el de las normas nacionales e internacionales relacionados a dicho tema, para luego aplicarlos al lado de los conceptos legales y procesales del derecho penal. El capítulo III y siguientes de la sentencia, que comprende 76 páginas del total de 392, destaca este sentido cultural a través de la prioridad sobre el territorio de las comunidades, su autonomía comunal, su identidad cultural, su jurisdicción especial, su derecho de consulta y otros, que se ponderan sobre otros derechos o bienes jurídicos en conflicto.

Bajo estas innovaciones es que se logra eximir de responsabilidad a los comuneros nativos y mestizos procesados en el caso. De un lado se logra confirmar los resultados negativos de la pericia balística y otras que demuestran que los procesados no dispararon a los policías. De otro lado, se pondera los derechos constitucionales culturales, incluyendo el derecho de protesta, sobre delitos complejos como los de motín o disturbio.

La sentencia es un avance frente a conflictos como los de Bagua, pero tiene muchos retos relacionado con nuestras preguntas iniciales. Destacamos dos de estos retos:

  1. Comprender que la resolución de estos casos confronta necesariamente otro concepto de derecho y, con éste, de juzgadores. El derecho que aplican los jueces y fiscales corresponde al derecho racional-formal que es muy diferente al derecho práctico y de principios, con su propio idioma, que practican los comuneros.
  2. Las causas estructurales y sistemáticas que envuelve el conflicto social y cultural de Bagua, no es abordado en la sentencia. El derecho aplicado se limita a considerar la situación individual de los procesados, pero no ingresa al nivel colectivo del conflicto y el derecho.

Si bien estos retos desbordan la función de los fiscales y jueces del Estado, en su clásica labor jurisdiccional, no son ajenas al conflicto objeto de análisis.

Sopesando las innovaciones y retos que brotan de la sentencia sobre los hechos de la “Curva del Diablo”, sostenemos que las primeras son un mérito especial de los miembros de la Sala de Apelaciones de Bagua. Dadas sus limitaciones desde el derecho penal para comprender el conflicto, han hecho un esfuerzo para legitimar argumentos sociales, culturales y políticos para así alcanzar el resultado ya conocido. Los retos, en cambio, nos conducen por una nueva perspectiva: comprender no solo el derecho penal, sino el conjunto del derecho, en su sentido plural pero también colectivo.

Lima, 3 y 7 de octubre de 2016.

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