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Archive for 5 enero 2017

Antonio Peña Jumpa[1]

La operación Lava Jato, iniciado en Brasil y extendido a varios países latinoamericanos, muestra cómo el Derecho se puede imponer sobre el poder económico y los actos de corrupción. Particularmente la “limpieza” de actos de corrupción puesta de manifiesto en dicha operación a partir de la investigación y juzgamiento de altos directivos de empresas transnacionales y de políticos y altos funcionarios públicos, por millonarios actos de sobornos, es una oportunidad formidable para reconstruir una democracia libre de estos desastres políticos y, sobre todo, auténtica para nuestros países.

 

Si bien el imperio del Derecho es el que ha sometido a las empresas envueltas en estos desastres, como es el caso de la empresa Odebrecht, es a través del imperio del Derecho cómo estas empresas también operaron. Las adjudicaciones de obras públicas recibidas excepcionalmente, así como las ampliaciones de estas obras con nuevos presupuestos millonarios, muy favorable a las mismas empresas, no pudieron ser posible si es que no se recurría al propio imperio del Derecho.

 

En estos casos el Derecho significó un conjunto de normas y procedimientos puestos a disposición de políticos y funcionarios corruptos. Los principios y el razonamiento del mismo Derecho quedaron supeditados a las normas y procedimientos que favorecieron a las empresas cuestionadas. Pero, sobre todo, quedaron supeditados a los millones de dólares que en la forma de soborno pagaban a los políticos y funcionarios encargados de aplicar el Derecho.

 

La experiencia, aún por conocerse en su plenitud en el Perú, nos adelanta un aprendizaje que debemos aprovechar para fortalecer nuestro Estado. A continuación algunas recomendaciones.

  1. Es importante no confiarnos de todas las grandes empresas. Todas ellas buscan ganancias o lucro, frente a lo cual no dudarán en “comprar” políticos, altos funcionarios y profesionales de todas las tendencias (derecha, centro, izquierda). Estas grandes empresas, normalmente transnacionales, sub-contratan medianas y pequeñas empresas, consultoras y staff de profesionales, a las que conducen y orientan dentro del mismo actuar u objetivo.

 

  1. Tampoco nos podemos confiar de los políticos y altos funcionarios que laboran para el Estado. Es raro encontrar políticos honestos, pero existen. Sin embargo, es común encontrar políticos deshonestos que suelen hacer obras pero también “roban”. Ellos manejan el derecho durante su mandato o gestión y, por ello, tienen el poder de controlarlo y orientarlo en el sentido que les conviene. Un buen político utiliza el Derecho para el cambio social, un mal político utiliza el Derecho para su beneficio o para favorecer a personas o empresas que les conviene. El mal funcionario sigue a estos políticos.

 

  1. El espíritu de lucro y las ansias de consumo son los que guían a las malas empresas y a los malos políticos y altos funcionarios públicos. La concesión de una obra pública, servicio público o explotación de un recurso natural mueve millones de dólares que significan ganancias para la empresa transnacional o nacional y dinero disponible para consumo en los políticos y los altos funcionarios. El mercado se mueve con ese dinero. La empresa genera teóricamente más capital para reinvertir, mientras los políticos y altos funcionarios cuentan con dinero para comprar sus lujosos departamentos o autos; con ambos se mueve parte de la economía nacional e internacional.

 

  1. El más perjudicado con estos casos de corrupción es la población local. Ésta siente que todo el Estado y la sociedad son así (“podridos”), y que nada cambiará. La juventud crece con esta idea de Estado y sociedad que en unos casos buscan transformar y en otros simplemente se adaptan. Los más pobres no reciben ni el lucro, ni los sobornos de los negocios corruptos, aunque sí son partícipes de las obras o servicios públicos adjudicados ilícitamente, y de la tentación por la cultura de consumo con la que sueñan y no dudan en participar apenas la oportunidad se les presenta.

 

Comprender a los sujetos y el sentido de la corrupción de los casos investigados desde la operación Lava Jato, nos lleva a repensar el Derecho, las obras y servicios públicos, el rol de los políticos y altos funcionarios públicos, así como la presencia de las grandes empresas, particularmente transnacionales. Es una oportunidad para purificar el escenario político y económico actual, pero también para pensar en alternativas de políticas públicas y el uso del Derecho en un Estado peculiar, que busque evitar rebroten otras formas de corrupción semejantes al que se ha denunciado.

 

¿Por qué no pensar que las obras y servicios públicos se diseñen, gestionen y controlen legal y judicialmente con la población beneficiaria? ¿Por qué no iniciar una efectiva descentralización trasladando esa potestad a cada comunidad, distrito o provincia? Si bien se corre el riesgo que la corrupción se propague a estos niveles, también existe la posibilidad que la propia población local, afectada directamente, pueda hacer uso de un Derecho de control y juzgamiento antes que los casos se acrecienten.

 

Lima, 31 de diciembre de 2016

 

[1] Profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Abogado, Master en Ciencias Sociales y PhD. in Laws.

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Antonio Peña Jumpa[1]

La huelga de trabajadores del Poder Judicial y del Ministerio Público que al 30 de diciembre de 2016 lleva 38 días de paralización en sus labores, muestra los límites del Sistema de Justicia del Estado peruano. De un lado, se han afectado a pobres litigantes, como las alimentistas, los pensionistas o personas vulneradas en sus derechos fundamentales, pero también se afectaron a los jueces y fiscales que no pudieron cumplir con sus funciones, acrecentando la carga procesal, y también se afectaron a los abogados litigantes y a los propios trabajadores quienes perdieron días de trabajo y de ingresos.

 

La causa principal de esta huelga es los bajos sueldos de los trabajadores del Poder Judicial y del Ministerio Público, los mismos que se encuentran entre los más bajos en la administración pública. Por ejemplo, un abogado especialista del Poder Judicial puede tener un ingreso de 1,500 a 2,500 soles mensual, mientras que ese mismo profesional en su categoría pero en otra entidad percibe una remuneración de 4,000 a 5,500 soles mensuales. El problema se acrecienta si es que comparamos el sueldo del mismo trabajador con el de un juez o fiscal; el sueldo de estos últimos puede ser 10 veces más. Sin embargo, la pregunta de fondo es comprender cuán preparado se encuentra nuestro Estado con sus finanzas públicas para atender dicha demanda. Si cada año se acrecienta el número de despachos judiciales y fiscales, en razón a que la carga procesal se acrecienta y porque el Estado debe estar presente en los lugares más alejados del país, ¿Es viable con las actuales finanzas públicas garantizar ese crecimiento judicial y fiscal?

 

Nuestro Estado es débil, respecto a sus finanzas públicas, por dos razones principales: la corrupción de muchos de nuestros políticos y funcionarios públicos, pero también porque muchos ciudadanos y empresas privadas eluden el pago de sus impuestos. El alto grado de informalidad de nuestra economía, incluso cuando se hace efectiva la corrupción, demuestra ello. Bajo este Estado débil es muy difícil pensar que las crecientes demandas de los trabajadores del sistema de Justicia sean atendidas.

 

¿Cuál es la solución? ¿Qué otras alternativas de Justicia podemos buscar como solución? Ciertamente que, ante todo, no debemos dejar de atender los dos problemas principales antes citados: el de investigación y juzgamiento de actos de corrupción y el de fomento del pago de impuestos por parte de las personas naturales y jurídicas. Luego cabe promover la implementación de un sistema de Justicia más realista para nuestro país. Ante los límites de los despachos judiciales y fiscales por nuestras finanzas públicas, el sistema de justicia nacional se puede fortalecer con formas alternativas de Justicia, como es la Justicia Comunal de los Andes y la Amazonía peruana, así como de la justicia rondera que se practica en muchas regiones de nuestro país.

 

Se trata de fomentar que la propia población resuelva sus problemas o conflictos a nivel distrital, provincial y regional. Incluso los casos de corrupción se resuelven en forma más efectiva en esos niveles con la participación colectiva de la misma población. Solo los casos difíciles, como el asesinato, el narcotráfico o los casos de corrupción que trascienden la provincia y la región, necesitan ser abordados por los jueces y fiscales, y por los trabajadores del sistema de justicia nacional.

 

¿Nos podemos imaginar un Poder Judicial y un Ministerio Público con la mitad de su carga procesal? ¿Nos podemos imaginar a un sistema de justicia con jueces y fiscales preparados y con tiempo para atender los casos de su competencia? Esto solo es posible si las autoridades del Estado promocionan su Justicia alternativa. La Justicia comunal de regiones como Puno, Cusco, Huancavelica y Amazonas, y la contemporánea Justicia rondera de regiones como Cajamarca y San Martín, pueden ayudar a conseguir ese objetivo. Ello supone ciertamente respaldar estatalmente, con presupuesto y otro enfoque de Estado, a las comunidades, caseríos, anexos, centros poblados, distritos y provincias interesadas en el cambio.

 

La huelga de los trabajadores del Poder Judicial y del Ministerio Público nos muestra las debilidades del sistema de justicia nacional, pero al mismo tiempo nos hacen recordar que existen formas alternativas de resolución de conflictos para la población de nuestro país. Las dificultades de las finanzas públicas y la búsqueda por que la población aprenda a resolver sus propios conflictos, orientan una solución sostenible basada en esa justicia alternativa.

 

Lima, 31 de diciembre de 2016.

[1] Profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Abogado, magister en Ciencias Sociales, y PhD. in Laws.

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