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Archive for 4/05/17

Antonio Peña Jumpa[1]

 

¿Cómo hacer efectiva la prevención y la reconstrucción de zonas afectadas en el Perú tras los huaycos e inundaciones del inesperado fenómeno del niño del 2017? Siguiendo la experiencia de fracasos y éxitos tras el terremoto de Pisco (2007), y las recomendaciones de ayuda humanitaria del Proyecto Esfera (http://www.sphereproject.org), a continuación 11 sugerencias.

 

  1. Es imprescindible organizar a la población local damnificada. Este es un trabajo propio de los vecinos damnificados, con el apoyo o promoción del municipio distrital. En caso éste se encuentre limitado, el municipio provincial y el gobierno regional están obligados a suplirlo.

 

  1. La organización básica de la población consiste en conformar asociaciones (de hecho o bajo registro municipal), por cuadras, barrios, caseríos o comunidad, dependiendo de la magnitud de la afectación y de la afinidad de los integrantes. No es recomendable que exista más de una asociación en una cuadra, porque limitará una acción conjunta.

 

  1. Cada asociación de damnificados se compone de una asamblea general y una directiva. La asamblea es la autoridad máxima donde se deciden las acciones y medidas a tomar a favor de toda la asociación, y donde se elige y revoca a la directiva. La directiva se integra por cuatro miembros principales: presidente/a, secretario/a, tesorero/a y fiscal. Adicionalmente se pueden elegir comisiones de trabajo para actividades específicas.

 

  1. En periodos de crisis o emergencia, la asamblea de la asociación se reúne continuamente, por la mañana y la tarde, en forma diaria o como lo estimen sus miembros. La directiva es responsable de estas reuniones y su conducción.

 

  1. Toda ayuda de bienes y servicios de los gobiernos locales, regionales y el nacional, así como de las instituciones privadas, se viabiliza a través de la directiva de la asociación. La directiva informa inmediatamente a la asamblea de su asociación sobre la ayuda recibida, y en ésta se toma la decisión de distribución, ejecución o administración de dicha ayuda.

 

  1. La directiva, o comisión que se designe, está obligada a buscar o gestionar ayuda en caso ésta no llegue a su asociación. Esta búsqueda o gestión se focaliza en las principales necesidades: agua, alimentos, promoción de la higiene y refugio (carpas o viviendas provisionales).

 

  1. La directiva de la asociación también es la principal responsable de informarse de las medidas o gestiones que se realizan a nivel local, regional y nacional. Por ejemplo, es urgente informarse del contenido del Decreto de Urgencia Nro. 004-2017 publicado por el gobierno nacional el 17 de marzo de 2017. En este Decreto de Urgencia se regula la conformación y ejecución de un fondo especial para la reconstrucción y se regula la entrega de un bono familiar habitacional para quien ha perdido su vivienda. Una vez informada, esta directiva comparte la información con la asamblea de la asociación.

 

  1. Para la evaluación de necesidades y capacidad de respuesta, así como para la realización de obras o servicios por algún gobierno u órgano del Estado (local, regional o nacional) o una institución privada, la asociación de damnificados se constituye en la unidad básica de coordinación y ejecución. Si los miembros de la asociación son los beneficiarios de dichas evaluaciones, obras o servicios, tienen todo el derecho de dar su consentimiento y fiscalizar su realización.

 

  1. La transparencia y honestidad son fundamentales en el ejercicio de funciones de las autoridades, funcionarios y población en general. Cualquier miembro de la asociación tiene el deber de denunciar si una autoridad, funcionario, directivo o miembro de su asociación ofrece o recibe una coima, beneficio o comisión ilegal para favorecer la evaluación o la realización de alguna obra o servicio.

 

  1. La Contraloría General de la República y el Ministerio Público trabajan de la mano con las asociaciones de damnificados.

 

  1. En la realización de las obras o servicios públicos, los siguientes principios son exigibles:

 

  1. El dinero o capital con que se paga la obra o servicio lo gestiona la autoridad estatal pero pertenece a los damnificados.
  2. El capital estatal se invierte en las zonas de los damnificados, y gira o reinvierte en su entorno.
  3. Las personas o empresas a cargo de la obra o servicio son del lugar o están comprometidas en compartir y/o reinvertir sus beneficios en el lugar.
  4. Las autoridades del Estado promueven que los propios damnificados trabajen organizadamente en la reconstrucción, y se beneficien del capital estatal invertido.

Lima, 21, 22 y 31 de marzo de 2017

 

[1] Profesor Principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Abogado, Magister en Ciencias Sociales y PhD. in Laws.

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Antonio Peña Jumpa[1]

Toda persona tiene derechos. Pero, hay personas que tienen derechos especiales o diferentes dada su situación. Este es el caso de las personas damnificadas de desastres quienes tienen derechos esenciales, dada su situación de vulnerabilidad y necesidad. El proyecto Esfera, institución global orientada a sistematizar principios y normas para una efectiva y transparente respuesta humanitaria a favor de personas damnificadas (ver http://www.sphereproject.org), nos recuerda cuáles son estos derechos esenciales aplicables a los damnificados por las recientes lluvias, huaycos y deslizamientos en el Perú.

El proyecto Esfera presenta 6 normas esenciales en las que define los derechos y obligaciones a favor de los damnificados de desastres. Estas normas, en síntesis y aplicadas a nuestro contexto, son las siguientes:

  1. La respuesta humanitaria o ayuda a los damnificados está focalizada en las personas (los damnificados), y en especial en las más vulnerables (niños/as, ancianos/as, y discapacitados/as).

 

  1. Las instituciones públicas y privadas que toman parte en la respuesta humanitaria o ayuda a damnificados están obligadas a coordinar y colaborar.

 

  1. Las necesidades prioritarias de los damnificados se determina mediante una evaluación sistemática de la situación, de las amenazas (aún existentes o nuevas generadas en el desastre) y la capacidad de respuesta (de los propios damnificados y sus autoridades).

 

  1. La respuesta humanitaria de las autoridades del Estado (locales, regionales y nacionales) y de las instituciones privadas, se diseña y aplica de acuerdo a la evaluación realizada, el contexto, los riesgos (amenazas) y capacidad de los damnificados.

 

  1. Continuamente se examina y evalúa el desempeño y transparencia de las instituciones y organizaciones que participan en la ayuda a favor de los damnificados, así como se analiza el aprendizaje que brota de la experiencia.

 

  1. Los trabajadores humanitarios (profesionales y voluntarios), sean de instituciones públicas o privadas, se capacitan y adquieren los conocimientos, las competencias, los comportamientos y las actitudes (éticas) necesarios para planificar y llevar a cabo con humanidad y respeto su trabajo.

(Proyecto Esfera: Carta Humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitaria. 2011, páginas 56-82)

Las 6 normas citadas explicitan el contenido del trabajo que compromete a las instituciones públicas y privadas en las zonas de desastre. Tres ideas destacan al respecto. En primer lugar, que no hay que perder de vista que el objetivo central del trabajo humanitario es la ayuda a las personas damnificadas y, en esta relación humanitaria, el sujeto principal es el damnificado. El objetivo no puede ser la obra o servicio a rehabilitar, ni la preocupación por uno o dos dígitos de nuestro crecimiento económico. El objetivo central tiene como sujeto clave a la persona damnificada y sobre ésta deben girar las obras, servicios y preocupaciones.

En segundo lugar, las normas esenciales citadas obligan a las instituciones públicas y privadas a coordinar, colaborar y planificar. En situaciones de desastres no opera el libre mercado. Es imprescindible la organización de la población damnificada y es obligatorio que las instituciones públicas y privadas actúen en forma coordinada y colaborativa sobre la base de las necesidades de dichos damnificados. Para ello es indispensable el levantamiento de información a través de una evaluación sistemática (a partir de encuestas, entrevistas, datos previos y observación en el lugar) aplicada sobre la situación de los damnificados, las amenazas que aún sienten o perciben, y su capacidad de respuesta. Con la información obtenida, las instituciones públicas y privadas están obligadas a planificar, en forma coordinada y colaborativa, los proyectos de obras y servicios.

Por último, las normas esenciales citadas se ocupan de los trabajadores humanitarios o el profesional o voluntario que presta ayuda a los damnificados. Dos cualidades destacan en estos trabajadores: su competencia y su actitud ética. El trabajador humanitario es competente porque  cumple con eficiencia y eficacia el trabajo con los damnificados. Pero en este trabajador sobretodo destaca su actitud ética porque cumple su trabajo con respeto y honestidad a favor de los damnificados. El interés de lucro no vale en esta relación, y la posibilidad de enriquecerse a costa de los damnificados constituye violación de su condición de trabajador.

Bajo estas normas y comentarios, podemos confirmar que los derechos y obligaciones que priman en el trabajo humanitario o de ayuda a favor de los damnificados de nuestro país son esenciales y urgentes ¿Cumplimos o estamos dispuestos a cumplir con ellas?

 

Lima, 27 y 31 de marzo de 2017.

[1] Profesor Principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Abogado, Magister en Ciencias Sociales y PhD. in Laws.

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