Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for the ‘Testimonios’ Category

Por: Antonio Peña Jumpa

Graves daños por muerte de peces, animales y plantas, por destrucción o alteración de hábitats, por enfermedades y/o muerte de personas, así como por la paralización de actividades económicas agrícolas, pesqueras y ganaderas que afectan a pueblos o comunidades numerosas son el producto de la contaminación de ríos, bosques y valles ocasionados por actos humanos débilmente controlados por el Estado. ¿Qué hacer frente a tales situaciones que son identificadas como desastres ecológicos? Las líneas siguientes tratan de reflexionar algunas sugerencias desde el Derecho, aplicables a dos casos recientemente ocurridos en el Perú, pero también aplicable a casos futuros buscando prever sus efectos dañinos.

LOS CASOS

El pasado 19 de Junio del 2010 se denunció el derrame de 400 barriles de petróleo (5,000 litros aproximadamente) de una embarcación de la empresa de transportes Sanám contratada por la empresa petrolera argentina PLUS PETROL, en la región amazónica de Loreto. El hecho trajo consigo la contaminación de las aguas del río Marañón así como la afectación de la reserva Nacional Pacaya-Samiria (una de las más grandes del Perú), con la consecuente muerte de peces y plantas del lugar, y daños subsecuentes no previstos como enfermedades y/o muerte de personas y animales de comunidades amazónicas que se alimentan de dichas aguas y peces.

Seis días después, el 25 de Junio del mismo año, ocurre otro desastre ecológico, esta vez en los Andes: colapsa la presa que contenía cientos de toneladas de desechos tóxicos de la empresa minera Caudalosa Chica, propiedad del grupo económico Raffo, los mismos que fueron a parar primero al rio Escalera, luego a los ríos Totoropampa y Opomayo, en la región de Huancavelica, y posteriormente hasta el río Cachi, en la región de Ayacucho. El hecho produjo, nuevamente, la contaminación de las aguas de los ríos citados con la consecuente muerte de peces y plantas del lugar, y enfermedades y posibles muertes de personas y animales de comunidades andinas cuyas actividades económicas agrícolas y ganaderas dependen de los ríos.

¿Qué corresponde hacer frente a estos dos hechos que como otros muestran la difícil relación entre producción minera y petrolera con la vida y el medio ambiente de comunidades o pueblos amazónicos y andinos afectados? La pregunta es más compleja si se tiene en cuenta, de un lado, que las autoridades del Estado tienen una posición muy débil o parcializada al respecto, y, de otro lado, tenemos una economía nacional dependiente de la producción y exportación de los minerales y petróleo para financiar nuestro presupuesto.

LA INTERVENCIÓN DEL DERECHO

Desde el Derecho aplicable a los desastres, sugerimos las siguientes acciones:

Primero, nunca olvidar la aplicación de un derecho de emergencia. Esto significa, dependiendo de la magnitud de los daños, declarar el Estado de Emergencia (la Constitución Política lo dispone bajo responsabilidad del presidente de la República) para movilizar a las autoridades políticas y a las fuerzas del orden, más allá de las acciones de seguridad previstas por la empresa involucrada, con el fin de abastecer de agua y recursos a las comunidades o pueblos afectados. Estas acciones deben coordinarse con la población damnificada organizada, dando prioridad a los ancianos, los niños y las mujeres.

Segundo, hay que aplicar un derecho reparador o de indemnizaciones por los daños ocasionados. Las empresas involucradas como causantes deben garantizar un fondo de compensaciones que incluya el daño efectivo y el lucro cesante (reparación de pérdidas que se dejan de percibir) calculados por las autoridades del Estado en coordinación con los damnificados. El pago de daños a través del indicado fondo no libera de responsabilidad a las empresas involucradas por daños no estimados (daños futuros, daños a la persona y daños morales, por ejemplo), los que serían ventilados ante el Poder Judicial. Para esto último, es indispensable que las autoridades del Poder Judicial dispongan de juzgados y tribunales ad hoc para procesar legalmente los posibles reclamos.

Tercero, es fundamental promover un derecho sancionador a nivel administrativo y a nivel penal. De un lado, administrativamente son las autoridades del gobierno central en coordinación con las autoridades regionales las encargadas de aplicar eficientemente multas, suspensiones y/o clausuras a las empresas petroleras o mineras involucradas. Dentro de estas medidas puede exigirse la formación del fondo de compensaciones antes mencionado. De otro lado, penalmente son las autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial las competentes de identificar a las personas naturales responsables por comisión u omisión de la materialización de los delitos contra la seguridad pública, contra la salud pública, contra la ecología, contra la vida el cuerpo y la salud, y contra la administración pública. Los altos funcionarios públicos y de las empresas petroleras y mineras involucradas deben dar el ejemplo sometiéndose y facilitando la investigación.

BUSCANDO UN FUTURO MEJOR

Sin embargo, más allá de estos tres grupos de acciones que tienen pleno amparo constitucional y legal cabe preguntarse por el futuro de la relación entre comunidad o población damnificada con la empresa petrolera o minera. ¿Cabe continuar protegiendo o respaldando la explotación de los recursos petroleros o mineros con el riesgo o amenaza de daños humanos y ambientales como los citados? Obviamente que no. Hay que ponernos en el lugar de la persona damnificada. Resulta entonces urgente revisar los contratos de concesión minera o petrolera dentro del propósito de prevenir futuros desastres.

Si las empresas privadas no aceptan esta revisión, las autoridades del Estado tienen la facultad constitucional, por seguridad humana (pública) y ecológica, de suspender dichas concesiones. Esto responde a una regla de negocios muy simple aceptada mundialmente: no cabe continuar con actividades riesgosas cuyos daños probados o probables son mayores a los beneficios que, al permitirlas, reciben la sociedad en su conjunto y el mismo Estado.

Si las autoridades del Estado y los altos funcionarios de las empresas involucradas no cumplen su misión y funciones, cabe, por último, una vía constitucional y legal alternativa o complementaria. Las comunidades damnificadas a través de sus propias autoridades pueden asumir la resolución de los conflictos por daños ambientales que hubieren ocurrido en su territorio, tal como lo faculta el artículo 149º de la Constitución Política del Perú.

(Lima y Yurimaguas y San Lorenzo, 2, 7 y 12, 14 Julio de 2010)

Anuncios

Read Full Post »

Artículo por Ileana Rojas:

ilena-rojas-articulo-viaje-a-pisco-junio-2008

Read Full Post »

Artículo escrito por Alida Centeno

Hacer clic en: alida-centeno-viaje-a-pisco

Read Full Post »

por: Oscar Súmar

El domingo pasado, 1 de Junio de 2008, realizamos, junto al grupo Enlace pisco-derecho, alumnos y jefes de páctica de prosode y alumnos de la pucp, guiados por miembros de la Cruz Roja, una nueva visita a pisco, esta vez preeminentemente a la zona rural (específicamente el pueblo de Bernales). Dada la escasez de tiempo y recursos, no hicimos un levantamiento “masivo” de información, aunque sí unas encuestas rápidas que aun no procesamos. Sin embargo, de nuestra observación del lugar y conversaciones, tanto al momento de realizar las encuestas, como en los talleres que realizamos; hemos podido constatar algunas cosas que nos hacen dudar acerca de la conveniencia del otorgamiento, a través de leyes, de bonos a las víctimas de un sismo, para la reconstrucción de sus casas. Algunos posibles inconvenientes son:

1. Demora en el proceso de reconstrucción: las víctimas están esperando el bono, en lugar de reconstruir por su cuenta, y la entrega de éste, dada la ineficiencia y probable corrupción de las autoridades, viene demorado más de ocho meses. Las fotos mostradas abajo, tomadas durante la visita, demuestran el estado en el que se encuentra el proceso de reconstrucción.

2. Subida de los precios de los materiales de construcción: la propia necesidad de reconstruir elevó los precios, pero esto se vió agravado con el hecho de que se “monopolizara” la compra de materiales a algunas empresas ligadas al gobierno, en lugar de estimular la competencia. La lógica detrás de esto era que los bonos fueran utilizados para reconstruir, en lugar de para comprar alimentos, etcétera. Así, en lugar de entregarse el dinero directamente, se entregaron tarjetas parecidas a las de “débito”, del Banco de Materiales, que solo podía ser utilizadas en determinados lugares autorizados.

3. Utilización ineficiente o desordenada de los bonos: si la prioridad del gobierno era la reconstrucción de las viviendas afectadas, aunque eso fuera discutible, quizá la mejor opción no era dar bonos, ya que estos han sido y son utilizados para otros propósitos, como la reventa, la compra de alimentos (cuando es entregado en efectivo), etcétera. Desde otra perspectiva, esto demostraría que la prioridad del Gobierno no era la misma que la de la población, extremandamente pobre.

Fotos: Ileana Rojas (alumna del curso Sociología del Derecho en la pucp)

Read Full Post »

Por: Antonio Peña J.

En este artículo: carencias-de-derechos-y-discriminacion-pisco-rural.pdf el autor nos narra su experiencia al visitar distritos rurales de Pisco donde sólo se han entregado los “bonos de reconstrucción” previstos por el gobierno a quienes tuviesen anteriormente casas de adobe, mas no de otros materiales como la quincha (más baratos), pese a que la norma no hacía distinción alguna.

Read Full Post »

Proyecto Muyuhuasi

Por: Julio Avellaneda R.

El gran terremoto que afectó al Perú a mediados de agosto de 2007, tuvo entre las provincias más afectadas, a la de Huancavelica. Frente a esta situación, un grupo de voluntarios del Instituto de Defensa Legal viene llevando a cabo una serie de pequeños programas de ayuda y desarrollo en el centro poblado de MUYUHUASI, perteneciente al distrito de Huamatambo, Provincia de Castrovirreyna, en Huancavelica; en las siguientes áreas: justicia y violencia, educación, salud, y tierras… Para más información ver: muyuhuasi.doc

Read Full Post »

Por: Leónidas Wiener

Si usted no tiene hogar que lo cobije en las noches, paredes para colgar los cuadros de sus familiares, ni una ducha donde pueda sacarse la capa de polvo producto de la montañas de escombros esparcidas a lo largo de la ciudad, es probable que un concepto jurídico como prescripción adquisitiva de dominio le resulte, por decir lo menos, irrelevante o inútil.

Sin embargo, ante usted está un grupo de estudiantes de Derecho destinados a decirles que, sumados a todos los problemas que podríamos imaginar en la peor situación posible, probablemente algún problema legal en el terreno en el cual solía estar su vivienda pueda complicar aún más su atribulada condición.

(más…)

Read Full Post »

Older Posts »