Solidaridad con Haití

Por: Antonio Peña Jumpa

El día martes 12 de enero de 2010, a las 5:10 pm, hora local, un terremoto de grado 7.3 en la escala de Richter y varias réplicas de grado 5 y 6 azotaron el hermano país de Haití. El epicentro fue localizado a pocos kilómetros de la capital del país, Puerto Príncipe, por lo que los efectos del sismo han sido catastróficos en dicha ciudad: miles de muertos bajo los escombros, miles de viviendas destruidas, 3 millones de damnificados, y los servicios públicos de agua, electricidad, seguridad, entre otros, suspendidos.

Las condiciones de pobreza del país (identificado como el más pobre en Latinoamérica), condicionan una mayor vulnerabilidad para el desastre. Los damnificados más afectados serán aquellos ancianos, niños y mujeres que integran el 60% más pobre de la población.

En estas circunstancias, la solidaridad internacional es lo inmediato y urgente a materializar. La experiencia vivida en el Perú, tras el terremoto del 15 de agosto del 2007 (epicentro Pisco-Chincha), nos muestra la dimensión de un desastre que lleva a clamar por esa solidaridad sin limitación alguna. Si bien el tratamiento a los efectos del terremoto ocurrido en nuestro país no ha sido exitoso, sí puede enseñar a los connacionales de Haití algunas acciones que no deben o sí deben realizar.  Entre estas acciones podemos recomendar las siguientes:

-          No prometer a la población más ayuda de la que es posible brindar.

-          No negar o poner trabas a la cooperación internacional para las  acciones urgentes de rescate y atención de heridos.

-          Priorizar actividades o proyectos de organización social de la población, antes de aplicar cualquier tipo de ayuda. La organización social por barrios es sumamente importante para distribuir ayuda, calmar psicológicamente a los damnificados, resolver sus conflictos, como para brindar seguridad al conjunto de la población.

-          Coordinar institucionalmente entre órganos locales, regionales y nacionales. Si el órgano local puede realizar la acción de urgencia, brindarle todo el apoyo; caso contrario, intervenir desde el gobierno central o regional con toda la fuerza posible para materializar las medidas urgentes.

-          Brindar ayuda a los damnificados priorizando a los ancianos, niños y mujeres.

-          Priorizar la reconstrucción de los servicios públicos de salud, agua, electricidad, comunicaciones, educación y otros que la población considere prioritarios.

-          No discriminar entre damnificados. Por ejemplo, una política de reconstrucción de viviendas debe beneficiar por igual a propietarios y no-propietarios.

Lo lamentable de un terremoto, como cualquier desastre natural o humano, es la desgracia en la que queda sumida la población. Sin embargo, sobre ello hay que pensar que es posible reconstruir una mejor situación de la ciudad y su pueblo. Un desastre constituye una ocasión para reconstruir no solo la estructura de la ciudad, sino la sociedad toda. Esta es la oportunidad que ahora se le presenta al pueblo de Haití. (Lima, 13-15/01/2010).

Derecho a la Salud y Desastre Humano en la Comunidad Amazónica Kandozi

Por: Antonio Peña Jumpa

Medios de prensa y organismos no gubernamentales han informado en los últimos días que la comunidad o pueblo Kantozi, de la provincia Datem, Región Loreto, integrada por 2,500 miembros, se encuentra desprotegida frente a la infección de Hepatitis B que sufre la mayoría de su población. Desde varios años atrás se denuncia que esa enfermedad está produciendo la muerte de niños, mujeres y hombres de la comunidad sin que se haya puesto en práctica una seria acción pública. ¿Qué hacer? ¿Quiénes son responsables?

La Constitución Política del Perú regula en su artículo 7º que “todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa….” Esta norma, aplicada al caso de la comunidad Kandozi, tiene un doble significado: otorga a los miembros de esa comunidad la facultad de reclamar por la falta de protección de su salud, pero también obliga a todo ciudadano del territorio peruano a contribuir con la promoción y defensa de esa protección de la salud.

De un lado, el reclamo legítimo que faculta a los miembros de la comunidad Kandozi se encuentra garantizado por otro derecho constitucional superior: el derecho a la vida e integridad física regulado en el artículo 2º, inciso 1º, de la misma Constitución. Las numerosas muertes ocurridas pero, sobre todo, el riesgo de muerte al que se encuentran expuestos la mayoría de esa población faculta a reclamar por LA VIDA más que por la salud propiamente.

De otro lado, el deber de todo ciudadano a contribuir a mitigar ese riesgo de muerte del pueblo Kantozi conduce a identificar a los mayores responsables ante esa situación de desastre. De acuerdo a la Constitución Política, las autoridades del Estado son las principales responsables. ¿Qué autoridades? Las autoridades del Poder Ejecutivo son las responsables directas, y, dentro de este Poder, más responsables son el Presidente de la República y el Ministro de Salud (Artículo 118º, inciso 1º, y Artículo 128º de la Constitución). Pero también se suman como responsables las autoridades del gobierno regional de Loreto, siendo los mayores responsables el Presidente Regional y sus Consejeros (Artículo 192, inciso 7º, de la Constitución).

La situación de desastre humano que vive la comunidad Kantozi pone en ejercicio la democracia constitucional de nuestro país. Si dejamos que la comunidad perezca devorada por la Hepatitis B, estaríamos permitiendo un nuevo etnocidio en pleno siglo XXI. Si evitamos esa tragedia, estaríamos consiguiendo no solo salvar 2,500 vidas, sino particularmente una cultura humana, un conocimiento milenario de una parte de la Amazonía, que es irremplazable. La vulnerabilidad del desastre humano que vive la comunidad Kantozi y que afectaría a toda la sociedad peruana justo reside allí, en la pérdida de su conocimiento humano.

(Lima, 1º y 2/12/2009)

Espionaje y corrupción como vulnerabilidad institucional: ¿Cuál es la diferencia?

Por: Antonio Peña Jumpa

El caso de la venta de información secreta por miembros de la Fuerza Armada peruana a un país vecino ha conmovido la sociedad peruana y ocupado las primeras planas de los medios de comunicación. Sin embargo, poco se informa de las causas del problema ¿Por qué los agentes militares toman parte de este tipo de delitos?

Una explicación posible creemos se encuentra en su relación con los actos de corrupción que se practican en forma generalizada por funcionarios públicos y entes privados.

¿Qué diferencias existen entre los actos de un congresista oficialista, con mucha influencia en decisiones educativas, que asociado a una universidad privada (dependiente de esas decisiones educativas) recibe ingresos superiores a los 300,000 soles mensuales, y los actos de los militares que venden información secreta por 10,000 o 20,000 soles mensuales?

¿Qué distingue los actos de un alcalde con empresarios constructores que negocian comisiones que oscilan entre 7.5% y 25% a favor del primero a cambio de la adjudicación de obras millonarias a favor de los segundos (incluso en zonas de desastre tras el terremoto del 2007), respecto a los actos del mismo caso de venta de información secreta?

En términos morales es difícil encontrar diferencias. Los tres casos destruyen la consciencia colectiva y afectan el erario nacional de nuestro país. Pero lo más lamentable es que los propios casos de corrupción alientan los delitos de espionaje en la modalidad de venta de información secreta. Al no existir moral en nuestras autoridades, menos se puede exigir de nuestros subalternos.

Corrupción y espionaje son ejemplos de nuestra vulnerabilidad institucional. ¿Qué hacer para mitigarla? Apoyar la educación y el deporte, resaltando en los niños y jóvenes la formación en valores. Pero, en el corto plazo, cabe denunciar e investigar esos casos por igual para evitar que queden impunes.

(20/11/2009)

La falta de reconstrucción de las escuelas tras el terremoto del sur: ¿Negligencia o corrupción?

Por: Antonio Peña Jumpa

A dos años y tres meses del terremoto del 15 de agosto de 2007, cientos de escuelas públicas  aún no terminan de ser reconstruidas y muchas de ellas se encuentran sin iniciar su reconstrucción. ¿Qué explica esta demora? ¿Falta de recursos? ¿Problemas burocráticos? ¿Quiénes son responsables?

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El martes 28 de agosto de 2007, a 13 días del terremoto del Sur, el diario oficial El Peruano publicó en su portada una foto y la noticia sobre la donación de la suma de 750,000 dólares que hace la asociación de maestros de México, representada por la Sra. Elba Gordillo, al gobierno peruano, representado por el Sr. Alan García Pérez. Dicho dinero fue el producto de una colecta realizada entre los profesores del magisterio mexicano para destinarlo a la reconstrucción de las escuelas públicas afectadas tras el sismo.

El pasado 3 de noviembre de 2009, la Comisión de Educación del Congreso de la República del Perú, cuestionó al Ministro de Educación, Sr. José Antonio Chang, por la demora de su portafolio en la reconstrucción de las escuelas afectadas por el terremoto y particularmente por el aparente mal uso de la donación referida. El Ministro de Educación rehusó dar respuesta alegando la forma “grosera” o “sin pruebas” del cuestionamiento congresal.

Los medios de prensa publicaron posteriormente la justificación o explicación del Ministro de Educación: “la demora en la reconstrucción de las escuelas públicas (incluyendo el pendiente uso de la donación del magisterio mexicano) se debe a la burocracia estatal y la lentitud en el ministerio de educación en la elaboración y ejecución de expedientes técnicos”.

Esta explicación, sin embargo, no satisface a los damnificados. A dos años y 3 meses del terremoto del 15 de agosto de 2007,  tener alumnos y profesores de escuelas de nivel primario y secundario bajo carpas o módulos es una vergüenza gubernamental que requiere de más de una explicación. De un lado, se incurre en la transgresión de derechos constitucionales, como  aquel que obliga a las autoridades del Estado a asegurar el cumplimiento del Derecho Constitucional a la Educación: “Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones mentales o físicas”( Artículo 16º, tercer párrafo, de la Constitución Política del Perú).  Pero, de otro lado, se incurre en una negligencia grave al omitir el uso de una donación destinada a la reconstrucción de escuelas que con tanto esfuerzo hizo el magisterio mexicano en solidaridad con colegas y escolares damnificados  de nuestro país.

¿Qué explica la demora? ¿Sólo negligencia? ¿Incapacidad de nuestros gobernantes? ¿Inmoralidad de no dar el uso adecuado a un dinero que no es propio? ¿Inmoralidad por no considerar la situación de miles de niños y maestros que tienen que cumplir el mandato constitucional del derecho a la educación bajo carpas o módulos inadecuados previstos solo para una situación de emergencia no mayor a 6 meses?.

Frente a esta situación, es difícil pensar que sólo exista negligencia. Hay incapacidad evidente y omisión voluntaria, y, además, puede entenderse que exista indicio de corrupción. El monto de 750,000 dólares debe haber producido 100,000 dólares de intereses por el tiempo transcurrido, y las obras pudieron planearse y ejecutarse con el apoyo de empresas privadas o universidades desinteresadas políticamente.

En un análisis legal de los hechos descritos, cabe aplicar una sanción penal. Teniendo en cuenta el mandato constitucional, la existencia de recursos económicos a través de una donación y las condiciones de desamparo de los damnificados escolares y maestros, cabe aplicar al menos el artículo 377º del Código Penal: “El funcionario público que, ilegalmente, omite, rehusa o retarda algún acto de su cargo, será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de dos años y con treinta a sesenta días-multa”. Ciertamente, al lado de esta sanción penal aplicable corresponde la inhabilitación en el cargo de las autoridades responsables.

Solo entendiendo lo que significa trabajar o estudiar en una carpa o un módulo puede comprenderse lo grave de la situación. Pero, lo más grave es que estos hechos queden impunes.

 

(Lima, 6 de noviembre de 2009)

La Utopía Capitalista en las Comunidades Andinas y Amazónicas Buscando comprender la vulnerabilidad económica de nuestras comunidades bajo el principio del Ser Colectivo.

Por: Antonio Peña Jumpa

Un debate histórico sobre las comunidades Andinas y Amazónicas de nuestro país ha sido el afirmar o negar su asimilación o integración a la economía de mercado o capitalista dominante en el contexto nacional. Muchos analistas opinaron 80 años atrás que las comunidades serían asimiladas y entonces desaparecerían por la expansión de las relaciones capitalistas. Sin embargo, ello no ha ocurrido. ¿Qué ha limitado dicha asimilación? ¿Qué tan posible es un desarrollo capitalista en sus espacios geográficos y sociales?

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En 1988, el autor del presente artículo tuvo la oportunidad de realizar un inicial trabajo de campo en las comunidades Aymaras de Huancané, en la región de Puno, a las que ha continuado visitando. A inicios del año 2009, también tuvo la oportunidad de realizar un breve trabajo de campo en las comunidades awajún o aguarunas de Bagua, en la región de Amazonas. En ambas experiencias encontró un elemento central que integraba el conjunto de relaciones humanas de los miembros de estas comunidades: el principio del Ser Colectivo. Las actividades económicas y su resolución de conflictos giran en torno a este principio.

¿Qué es el Ser Colectivo y qué relación tiene con la “asimilación” o “integración” capitalista?

El Ser Colectivo de las comunidades Andinas y Amazónicas viene a ser, en breve, el principio que une a las familias y sus individuos en cada comunidad: constituye el interés por Lo Comunal que identifica a cada uno de sus miembros o familias, el sometimiento a las reglas que éstos mismos elaboran para su comunidad, y el ser parte activo o transformador de ese mismo interés comunal y sus reglas.

Dentro de este principio de Ser Colectivo se encuentra la idea de “progreso”, “desarrollo” o bienestar de la comunidad. El interés por Lo Comunal ocurre porque brinda a los miembros de la comunidad beneficios (por ejemplo, seguridad) y porque éstos miembros comuneros definen o redefinen tales beneficios de acuerdo al interés de cada uno (o su familia), el consenso o la mayoría de ellos influidos por los conocimientos que operan dentro y fuera de la comunidad. Si bien los comuneros practican un progreso familiar-individual, la idea de progreso o desarrollo es ante todo colectiva: los miembros de una comunidad sienten, como ocurre en un Estado Nación, que si la comunidad no progresa, sus miembros tampoco. Puede haber un desarrollo familiar-individual excepcional, sobre el comunal, pero ello significará que tal familia-individuo tenga que abandonar o emigrar de la comunidad para continuar desarrollándose o evitar la discrepancia de los demás.

Así, el Ser Colectivo y su idea de bienestar hace posible que la resolución de conflictos de los comuneros opere exitosamente. Cada familia o miembro de la comunidad confía en los sistemas de resolución que brotan de su propia estructura de Lo Comunal o Ser Colectivo. Pero con ello hace posible que la economía comunal y familiar también funcione exitosamente. La distribución de tierras, el respeto por las parcelas familiares, la defensa de sus tierras (de agentes extraños no comunales), el uso común de pastos, bosques y recursos naturales, la administración de la escuela o la posta de salud comunal, etc., son productos de ese Ser Colectivo. Pero también, dentro de este principio de Ser Colectivo los comuneros ansían un mayor bienestar: viviendas equipadas o acondicionadas al frío o el calor, conexiones de agua y desagüe, servicio eléctrico, teléfono, computadoras y acceso a internet, colegios y universidades, hospitales y clínicas que se identifiquen con su cultura, entre otros.

El principio de Ser Colectivo, incluida la idea de progreso o bienestar, es el que construye la economía de los comuneros y dentro de ésta los conceptos de empresa familiar y comunal. Estas empresas operan con muy poco dinero (liquidez) o bienes de cambio de uso (el ganado o los productos de sus tierras), pero sobre todo operan con una extensa mano de obra y las riquezas de su medio ambiente. Empresa familiar y empresa comunal existen sin estar registrados en una oficina central, y sin tener acceso a los créditos formales de bancos o empresas crediticias. Si el desarrollo capitalista valora esta concepción económica, es seguro que se puede articular con ella armónicamente, caso contrario el conflicto social o cultural aparece o se reproduce.

Las empresas privadas capitalistas tienen un doble reto para evitar la reproducción de conflictos ante la explotación de los recursos naturales que yacen bajo o sobre la superficie de las comunidades: articular su relación con gobernantes honestos del Estado, pero sobre todo articularse con la propia comunidad y su concepción de Ser Colectivo. De un lado tienen que mostrar que su presencia o sus inversiones pueden ayudar a consolidar la economía familiar y comunal existente, pero de otro tienen que demostrar que solo con su aporte se puede alcanzar el mayor bienestar o las comodidades ansiadas por los comuneros.

Esta búsqueda de armonía es compleja pero posible. No basta la titulación de tierras o el acceso a créditos a través de títulos individuales. Menos aún proyectos o acciones que regalan dinero o aumentan la liquidez por familia-individuo. Si se lograra comprender que el principio de Ser Colectivo, con su idea de progreso o bienestar, se localiza antes o sobre el concepto de capital, entonces tal armonía se producirá. El capitalismo es una utopía sin esta comprensión o integración. La capitalización del principio del Ser Colectivo aparece como esta solución. Es allí donde reside la causa para superar la aparente vulnerabilidad económica de nuestros Andes y nuestra Amazonía.

(Lima, PUCP, 9/9/09 y 22/10/09)

¿La empresa puede más que el Estado? El Caso Doe Run en el Perú Buscando prevenir un mayor desastre.

Por: Antonio Peña

En un trabajo sobre la globalización de la economía y el trabajo en el contexto Europeo, Hans-Peter Martin y Harold Schumann (1996: La trampa de la Globalización. El ataque contra la democracia y el bienestar) describen como la competencia por inversiones y generación de empleo llevan a los Estados a flexibilizar sus normas de economía y a adaptarse a las condiciones de empresas poderosas transnacionales. Los autores cuestionan que el Estado esté perdiendo su rol tuitivo y Ius Imperium, dando paso a un superpoder de ciertas empresas privadas.

La experiencia de la empresa Doe Run parece indicar, en extremo, la misma realidad en el Perú. La ampliación por tercera vez de plazos para el cumplimiento del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de la empresa en sus actividades metalúrgicas-mineras en La Oroya, muestra qué tan débil es el Estado Peruano en una situación tan compleja que pone en riesgo la vida de miles de niños y población en general contaminados por dichas actividades.

Ciertamente que el origen del problema del medio ambiente no pertenece a la empresa en cuestión. La Oroya se ha venido contaminando gradualmente desde que otra empresa transnacional (Cerro de Pasco Cooper Corporation) y luego el propio Estado a través de una de sus empresas estatales (Centromin Perú) no pudieron mitigar los efectos contaminantes de la actividad empresarial. Pero desde el año 1997, Doe Run asumió un compromiso que incluyó beneficios económicos a su favor y el cumplimiento del PAMA, lo que lleva a pensar que si no cumplió este último tampoco debió beneficiarse económicamente.

Una nueva prórroga de 20 meses, según la comisión gubernamental, o de 36 meses, según el plazo fijado por la misma empresa, no muestra sino que nuestros actuales gobernantes son exageradamente flexibles o parcializados para renegociar convenios de estabilidad empresarial en contextos de crisis. Las amenazas de paralización de actividades y generación de desempleo fuerzan a esta exagerada flexibilidad del gobierno central. Sin embargo, siempre caben otras alternativas: ¿Por qué no se fomentó, desde la segunda prórroga al menos, que otra empresa o grupos de empresas sustituyan a Doe Run en caso no cumpla con sus compromisos?

El caso Doe Run es lamentablemente otro ejemplo de ineficiencia en la gestión gubernamental que pone en evidencia la debilidad del Estado frente al poder de las empresas transnacionales. Se prioriza el desarrollo económico al desarrollo humano, pero más aún se pone en riesgo vidas y medio ambiente, generando la amenaza de un desastre humano mayor.

(Lima, 18 de septiembre de 2009)

Vulnerabilidad institucional y social tras el terremoto del Sur: desorganización y desastre

Por: Antonio Peña Jumpa

En medio de la calle de la quinta cuadra del Jirón Comercio, en Pisco-Pueblo, una señora (de condición civil separada) acompañada de tres menores hijos vive en una carpa deteriorada y frágil por el paso del tiempo. Se trata de la Sra. Flor R.M., quien después del terremoto del 15 de agosto del 2007 no encontró mejor alternativa que permanecer en la calle, bajo la oscuridad y soledad de aquella carpa gestionada por la organización barrial circunstancial a pocas semanas del desastre.

Si el caso de la Sra. Flor fuere un caso aislado, los reclamos y protesta de la población del sur contra las autoridades centrales, regionales y locales, a dos años del sismo, no serían legítimas. Al igual que la Sra. Flor existen miles de personas que aún viven en carpas o módulos de madera ubicados en los terrenos donde anteriormente se encontraban sus viviendas. Tras un desastre las carpas son un instrumento de auxilio por 3 o máximo 6 meses, en tanto los módulos de madera lo pueden ser por un año; el transcurso de dos años bajo tales condiciones explica la gravedad del problema. Pero al problema de la vivienda se suman también los problemas relacionados a los servicios básicos: no se terminan de reconstruir las escuelas ni los hospitales, no se culminan las obras de agua y alcantarillado, tampoco la comisaría, cementerios u otras instituciones públicas, y en algunos casos ni siquiera se han iniciado tales obras.

¿Por qué tanta lentitud o ineficiencia? Si el Estado cuenta con recursos económicos y, además, ha recibido el apoyo de la cooperación internacional ¿Qué es lo que atrasa el proceso de reconstrucción de las ciudades y pueblos afectados tras el terremoto como Cañete, Chincha, Ica, Yauyos, Castrovirreyna, Huaytará y Pisco? Una palabra, creemos, sintetiza esta ineficiencia: Desorganización.

Ocurrido el terremoto, dos años atrás, no hubo organización de las autoridades centrales, regionales ni locales –salvo excepciones-, y tampoco de la mayoría de la población damnificada. La organización fue, y sigue siendo, la principal arma para enfrentar el desastre, pero las autoridades no lo entendieron así.

A nivel institucional, la desorganización se apreció en el conflicto persistente del gobierno central con los gobiernos regionales y locales. Las autoridades confundieron el contenido trágico y penoso del desastre –y lo siguen confundiendo aún-, con la ocasión política para capturar votos de la población nacional y local consternada, y muchos de ellos vieron incluso la ocasión de beneficiarse económicamente con las obras que se ejecutarían. Se crearon o facilitaron instituciones centralizadas e ineficientes como el FORSUR y se elaboraron y promulgaron proyectos y normas, respectivamente, ineficaces como el Bono-6000.

A nivel social, la desorganización se apreció en la falta de participación del regojo de escombros y la inequidad en la distribución de alimentos, carpas, módulos de viviendas para con los más vulnerables, como el caso de la Sra. Flor. Pero esta desorganización también se vio – y se sigue viendo aún- en la falta de una sólida acción colectiva que fiscalice, cuestione y efectivice reclamos y destituciones de los funcionarios o autoridades por sus malas gestiones. Asimismo, la actividad empresarial privada vinculada a la reconstrucción careció de un criterio de solidaridad ante los efectos del desastre: vio la oportunidad de lucrar o beneficiarse ante la gran demanda de materiales o instrumentos para la reconstrucción, y muchos de sus empresarios no dudaron en aliarse a políticos y damnificados desesperados para que estos últimos transformen sus bonos de reconstrucción de vivienda en dinero, un artefacto eléctrico u otro tipo de mercancía.

A dos años del terremoto la desorganización institucional y social continúa vigente. El Presidente de la República y su ministro de vivienda acusan a las autoridades locales y regionales de ineptitud, y estas últimas hacen lo mismo contra las primeras. La población damnificada se ha resignado a la ineficiente gestión de sus autoridades con poca esperanza de una mejoría colectiva, olvidando que el poder político y los recursos del Estado son al final también de ellos. Ciudades como Pisco carecen aún de un catastro urbano, a pesar de su urgente necesidad tras el terremoto, y están limitados por un alto porcentaje de viviendas sin saneamiento legal o bajo poseedores que no son propietarios, los que impedirían el diseño y ejecución de eficientes y eficaces obras de reconstrucción.

Si la falta de organización institucional y social es el problema principal ¿Por qué no iniciar la resolución de este problema? ¿Por qué no promover la coordinación desinteresada de los diversos gobiernos del Estado y la participación dinámica, en aportes y fiscalización, de parte de la población damnificada? El caso de la Sra. Flor, como el de cientos de otras madres, ancianos y niños damnificados, es emblemático para que autoridades y población organizada trabajen coordinadamente para superarlo. Lo triste y lamentable es creer que tengamos que esperar el desenlace de otro movimiento social como el ocurrido en Bagua dos meses atrás para reflexionar y actuar.

(Lima, 14 y 16 de Agosto 2009)

LA VULNERABILIDAD INSTITUCIONAL (DEL ESTADO) COMO CAUSA DE CONFLICTOS SOCIALES (Y DESASTRES POLÍTICOS)

Por: Antonio Peña Jumpa

¿Qué es lo que produce y reproduce los numerosos conflictos sociales que hoy identifica el escenario político de nuestro país? ¿Insatisfacción? ¿Pobreza? ¿Abusos? ¿Enriquecimiento ilícito? ¿Corrupción? ¿Defraudación electoral? ¿Injusticias? ¿Desigualdades? Muchas son las posibles respuestas, sin embargo hay una causa que normalmente no destacamos: la vulnerabilidad institucional.

Vulnerabilidad significa debilidad (sensible a daños o perjuicios físicos o morales) y lo institucional está referido al Estado. En términos sencillos, vulnerabilidad institucional significa debilidad del Estado; debilidad que está relacionado a las capacidades o incapacidades, ausencia o falta de legitimidad de nuestras autoridades políticas y funcionarios del Estado.

Precisando más aún el concepto podemos decir que la vulnerabilidad institucional se relaciona con los problemas estructurales de una sociedad que sus autoridades políticas no pueden mitigar (calmar o aliviar) o resolver. Uno de estos problemas estructurales es el centralismo del Estado. Las grandes decisiones políticas, legislativas, económicas, educativas, de salud o de justicia dependen de un pequeño grupo de políticos, pero sobre todo se siguen tomando desde la capital de nuestro país. Si a ello sumamos las decisiones sobre las actividades de las grandes empresas productivas, de las empresas bancarias y financieras, o de las empresas de comercialización o servicios, que también son tomadas en la capital, notaremos que el problema es muy grave.

Esta vulnerabilidad es la que produce o reproduce los 273 conflictos sociales cuantificados hasta el mes de junio del 2009 de todo el país por la Defensoría del Pueblo. Es curioso notar que estos conflictos tengan como actores sociales y reclamos un carácter local y muchos veces histórico, pero el origen de tales reclamos responden a un carácter nacional y centralista: procedimientos administrativos y legislación general elaborados y controlados desde Lima, bajo intereses normalmente limeños.

En una sociedad o en un país es normal el desarrollo de conflictos sociales, pero cuando estos se multiplican desproporcionalmente o devienen en desastres políticos, resultan inaceptables. Los recientes sucesos de Bagua, en nuestra Amazonía, y los sucesos de años pasados en Ilave, en nuestros Andes, son claros ejemplos de esta anormalidad social y política. Lo particular de estos conflictos es que su causa u origen, y su resolución o prevención, se encuentran en actos humanos (de nuestros políticos, empresarios y líderes sociales), pero no llegan a ser comprendidos o atendidos.

¿Es posible diseñar otras alternativas institucionales para evitar la reproducción de dichos conflictos y sus posibles desastres políticos? La propuesta de una ley de consulta y participación de nuestra población originaria o local, así como la iniciativa gubernamental de conformar oficinas especializadas en la resolución de conflictos sociales a nivel de los ministerios parecen interesantes alternativas. Sin embargo, nuevamente parece repetirse la causa del problema estructural ¿No será que se sigue diseñando e implementando alternativas desde nuestro centralismo institucional?

La enseñanza de Bagua e Ilave nos muestra que hay que mirar y actuar con la población local. Es esta población la que sufre los efectos de la vulnerabilidad institucional a la que nos hemos referido. En consecuencia, ¿No parece sensato trabajar con ellos para elaborar una propuesta legislativa de consulta y sus propios mecanismos de resolución de conflictos sociales?

(17 Julio 2009)

La Necesidad de una “Solución Desastrosa” tras el Desastre Financiero del 2008-2009

Por: Antonio Peña Jumpa

Con agrado he leído los comentarios que hacen Freddy Escobar y Guillermo Cabieses bajo el título “Una solución desastrosa para el desastre financiero” (Revista Enfoque Derecho Nro. 83, Lima, PUCP, 2009) sobre el artículo que publicara en la misma revista bajo el título “Prevención legal ante el desastre financiero: gravar a los ‘nuevos ricos’” (Revista Enfoque Derecho Nro. 82, Lima, PUCP, 2009). Buscando aclarar el mencionado artículo y sus comentarios, a continuación se sustenta la necesidad de la misma solución legal (identificada como “solución desastrosa” por los comentaristas), que ahora identificamos como solución legal de emergencia, con el propósito de controlar las recientes causas del pánico financiero que reproduce las condiciones del desastre económico que vivimos desde el año 2008.

El presupuesto básico de nuestra preocupación es el siguiente. Las Bolsas de Valores del mundo, incluyendo la nuestra, continúan aún muy inestables. Si se revisan los diarios de los 6 últimos meses (enero- junio 2009) puede apreciarse cómo las Bolsas de Valores reportan cíclicamente que suben, lenta o rápidamente, para luego derrumbarse, lenta o estrepitosamente, produciendo inestabilidad económica, pérdidas millonarias, quiebras de empresa y desempleo.

El origen de este pánico financiero, hoy traducido en desastre, ciertamente no se encuentra en las “acciones irracionales” de los agentes económicos. Por el contrario, el origen se encuentra en las “acciones sociales racionales de acuerdo a fines” ( Max Weber, Economía y Sociedad, 1922) de un grupo de inversionistas que empaquetaron complejos productos financieros sin respaldo efectivo (como los bonos hipotecarios sub-prime) y que vendieron en todo el planeta desde fines del siglo pasado. Estas acciones racionales de acuerdo a fines se acumularon en una gran burbuja económica que finalmente estalló produciendo los efectos que estamos viviendo.

Lo “irracional” a que nos referimos en nuestro artículo anterior está relacionado justamente a los efectos de esa racionalidad económica que produce el pánico financiero. Se trata de aquellas acciones sociales que se reproducen en pleno pánico financiero y que reciben la denominación de “acciones sociales de tipo afectivo o tradicional” (Weber, ibídem). Estas acciones son irracionales por que se materializan a sabiendas de las pérdidas millonarias que produce para sí o para otro el retiro de valores o posiciones bursátiles por parte de grandes, medianos y pequeños inversionistas guiados por el temor de perderlo todo o guiados por acciones sociales de otros.

Esta actitud irracional ciertamente contrasta con la actitud de un grupo de inversionistas (los “nuevos ricos”) que beneficiados de información privilegiada o preferente o por otras razones, vendieron o retiraron sus posiciones bursátiles oportunamente (actuación muy racional por cierto). Sin embargo son estos “nuevos ricos” los que vienen reproduciendo, no necesariamente con intención, la continuidad del pánico financiero que se traduce en el desastre descrito. Ellos siguen actuando muy racionalmente de acuerdo a sus fines, comprando y vendiendo sus nuevos valores o posiciones bursátiles, sin percatarse o a sabiendas de la reproducción del pánico financiero.

Es en esta situación que formulamos como necesidad la aplicación de medidas legales de emergencia, identificadas por los comentaristas como “solución desastrosa”. Con el propósito de evitar daños mayores, es una necesidad o urgencia el control temporal de determinadas acciones racionales y legítimas de ciertos inversionistas (los “nuevos ricos”) que reproducen el pánico financiero. En una situación de desastre es más legítimo (por la prioridad de principios y valores) intervenir con todos los medios para evitar sus efectos nefastos (traducidos hasta en suicidios) buscando proteger a los principales damnificados (trabajadores, pequeñas empresa, profesionales dependientes o independientes, sub-empleados, o la sociedad en general). Esta es una medida de Derecho de Emergencia que debe complementarse con la tarea no-legal y más efectiva que harán los economistas.

La imposición de cargas tributarias a las “sobre-ganancias” de las transacciones racionales en Bolsa de estos “nuevos ricos” no es inmoral ni ineficiente. Todo lo contrario. Es más bien inmoral enriquecerse a través de tales transacciones que liquidan a empresas o pequeños inversionistas ya caídos en desgracia tras el desastre financiero, y es ineficiente no controlar las causas del actual pánico financiero que se traduce en la continuidad del desastre.

La propuesta es una medida temporal, no permanente, aplicable en tanto el pánico o inestabilidad bursátil persista. Pero también hay que entender que esta medida debe ser coordinada con otras Bolsas de Valores mundiales.

Si repasamos la historia, el gran Crack de 1929 reprodujo un pánico financiero de muchos años, antes de pasar a un período de recesión y recién aspirar a un proceso de recuperación económica. En el mismo sentido creemos que es posible conseguir la estabilidad de las Bolsas de Valores mundiales (que consiste en un movimiento “natural” de subidas y caídas pero no estrepitosas) para recién pensar en la reconstrucción económica. Esto significará entonces, en términos legales, aplicar recién efectivamente un Derecho Reparador, un Derecho Garantista y un Derecho Sancionador (a los responsables originarios principalmente) tras el desastre financiero.

(Lima, 2 julio 2009).

Los límites del Derecho Oficial en el Desastre Político de la Amazonía

Por Antonio Peña Jumpa

El día de hoy, 5 de Junio de 2009, algunos medios de prensa informan de los sucesos que vienen ocurriendo en la Región de Amazonas donde agentes policiales especializados iniciaron el desalojo forzado  de las comunidades amazónicas que ocupaban las vías principales de tránsito  como acto de protesta por la desatención del gobierno central de su pedido de derogatoria de decretos legislativos inconstitucionales. Ciudadanos de Bagua, con desesperación llamaron a los medios de prensa para informar que la situación se tornaba incierta, al generarse que la población urbana de dicha ciudad como las comunidades vecinas se estaban movilizando para apoyar a las comunidades amazónicas que estaban siendo desalojadas.

Este contexto muestra el fracaso del derecho oficial y de las autoridades políticas del gobierno central (el Presidente de la República, los Congresistas, los Ministros) frente al origen del problema: la insistencia o imposición de decretos legislativos promulgados en aras del libre comercio sin analizar su contenido constitucional o cumplir con los procedimientos que nuestra propia Constitución Política prevé.

¿Qué corresponde hacer? ¿Qué puede pasar?

1. Ante todo, la acción violenta de los agentes policiales o desde las Fuerzas Armadas debe suspenderse. El Presidente de la República y los Ministros correspondientes son los responsables de esta medida. El contexto geográfico y la identidad de las comunidades en conflicto hace que el uso de la fuerza produzca mayor violencia.

1. Entre las consecuencias, el primero y principal efecto de los hechos señalados es que los pueblos reprimidos por la policía o las fuerzas armadas, acrecienten su odio al Estado y a sus gobernantes. Se comprueba una vez más el histórico etnocentrismo de nuestra sociedad y particularmente de nuestros gobernantes.

1. Otra posible consecuencia es que las protestas de las comunidades amazónicas pueden ser replicadas por las comunidades andinas y los gremios sindicales del país que pasivamente han esperado una respuesta democrática del gobierno central: que suspendan la validez de los decretos legislativos cuestionados a través del uso de medios institucionales para luego iniciar un serio diálogo.

1. El número de muertes que vienen ocurriendo a las 15 horas del día según información de la prensa, supera las 30, entre civiles y agentes policiales. Estas muertes y los cientos de heridos, producen responsabilidad política que deben ser asumidos por las autoridades del gobierno central. La Constitución Política prevé la renuncia o vacancia de dichas autoridades.

La alternativa de solución que viene adoptando el gobierno central frente a los reclamos de las comunidades amazónicas muestra una vez más qué alejados nos encontramos para comprender nuestra diversidad cultural, ecológica y humana. Qué difícil es comunicarnos con los dirigentes o representantes de comunidades o pueblos históricos diferentes. Qué difícil es que nuestras autoridades oficiales se sientan como ellos y entiendan cómo se vive y de qué se vive en sus contextos culturales y ecológicos. ¿Qué hubiere pasado si la Amazonía fuere Lima y la minoría de limeños originarios protestaran como las comunidades amazónicas? ¿Se autorizaría el uso de las Fuerzas Policiales y Fuerzas Armadas para desalojarlos?

Lo descrito nos conduce a una nueva experiencia de desastre político en nuestro país.