La falta de reconstrucción de las escuelas tras el terremoto del sur: ¿Negligencia o corrupción?

Por: Antonio Peña Jumpa

A dos años y tres meses del terremoto del 15 de agosto de 2007, cientos de escuelas públicas  aún no terminan de ser reconstruidas y muchas de ellas se encuentran sin iniciar su reconstrucción. ¿Qué explica esta demora? ¿Falta de recursos? ¿Problemas burocráticos? ¿Quiénes son responsables?

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El martes 28 de agosto de 2007, a 13 días del terremoto del Sur, el diario oficial El Peruano publicó en su portada una foto y la noticia sobre la donación de la suma de 750,000 dólares que hace la asociación de maestros de México, representada por la Sra. Elba Gordillo, al gobierno peruano, representado por el Sr. Alan García Pérez. Dicho dinero fue el producto de una colecta realizada entre los profesores del magisterio mexicano para destinarlo a la reconstrucción de las escuelas públicas afectadas tras el sismo.

El pasado 3 de noviembre de 2009, la Comisión de Educación del Congreso de la República del Perú, cuestionó al Ministro de Educación, Sr. José Antonio Chang, por la demora de su portafolio en la reconstrucción de las escuelas afectadas por el terremoto y particularmente por el aparente mal uso de la donación referida. El Ministro de Educación rehusó dar respuesta alegando la forma “grosera” o “sin pruebas” del cuestionamiento congresal.

Los medios de prensa publicaron posteriormente la justificación o explicación del Ministro de Educación: “la demora en la reconstrucción de las escuelas públicas (incluyendo el pendiente uso de la donación del magisterio mexicano) se debe a la burocracia estatal y la lentitud en el ministerio de educación en la elaboración y ejecución de expedientes técnicos”.

Esta explicación, sin embargo, no satisface a los damnificados. A dos años y 3 meses del terremoto del 15 de agosto de 2007,  tener alumnos y profesores de escuelas de nivel primario y secundario bajo carpas o módulos es una vergüenza gubernamental que requiere de más de una explicación. De un lado, se incurre en la transgresión de derechos constitucionales, como  aquel que obliga a las autoridades del Estado a asegurar el cumplimiento del Derecho Constitucional a la Educación: “Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones mentales o físicas”( Artículo 16º, tercer párrafo, de la Constitución Política del Perú).  Pero, de otro lado, se incurre en una negligencia grave al omitir el uso de una donación destinada a la reconstrucción de escuelas que con tanto esfuerzo hizo el magisterio mexicano en solidaridad con colegas y escolares damnificados  de nuestro país.

¿Qué explica la demora? ¿Sólo negligencia? ¿Incapacidad de nuestros gobernantes? ¿Inmoralidad de no dar el uso adecuado a un dinero que no es propio? ¿Inmoralidad por no considerar la situación de miles de niños y maestros que tienen que cumplir el mandato constitucional del derecho a la educación bajo carpas o módulos inadecuados previstos solo para una situación de emergencia no mayor a 6 meses?.

Frente a esta situación, es difícil pensar que sólo exista negligencia. Hay incapacidad evidente y omisión voluntaria, y, además, puede entenderse que exista indicio de corrupción. El monto de 750,000 dólares debe haber producido 100,000 dólares de intereses por el tiempo transcurrido, y las obras pudieron planearse y ejecutarse con el apoyo de empresas privadas o universidades desinteresadas políticamente.

En un análisis legal de los hechos descritos, cabe aplicar una sanción penal. Teniendo en cuenta el mandato constitucional, la existencia de recursos económicos a través de una donación y las condiciones de desamparo de los damnificados escolares y maestros, cabe aplicar al menos el artículo 377º del Código Penal: “El funcionario público que, ilegalmente, omite, rehusa o retarda algún acto de su cargo, será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de dos años y con treinta a sesenta días-multa”. Ciertamente, al lado de esta sanción penal aplicable corresponde la inhabilitación en el cargo de las autoridades responsables.

Solo entendiendo lo que significa trabajar o estudiar en una carpa o un módulo puede comprenderse lo grave de la situación. Pero, lo más grave es que estos hechos queden impunes.

 

(Lima, 6 de noviembre de 2009)

La Utopía Capitalista en las Comunidades Andinas y Amazónicas Buscando comprender la vulnerabilidad económica de nuestras comunidades bajo el principio del Ser Colectivo.

Por: Antonio Peña Jumpa

Un debate histórico sobre las comunidades Andinas y Amazónicas de nuestro país ha sido el afirmar o negar su asimilación o integración a la economía de mercado o capitalista dominante en el contexto nacional. Muchos analistas opinaron 80 años atrás que las comunidades serían asimiladas y entonces desaparecerían por la expansión de las relaciones capitalistas. Sin embargo, ello no ha ocurrido. ¿Qué ha limitado dicha asimilación? ¿Qué tan posible es un desarrollo capitalista en sus espacios geográficos y sociales?

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En 1988, el autor del presente artículo tuvo la oportunidad de realizar un inicial trabajo de campo en las comunidades Aymaras de Huancané, en la región de Puno, a las que ha continuado visitando. A inicios del año 2009, también tuvo la oportunidad de realizar un breve trabajo de campo en las comunidades awajún o aguarunas de Bagua, en la región de Amazonas. En ambas experiencias encontró un elemento central que integraba el conjunto de relaciones humanas de los miembros de estas comunidades: el principio del Ser Colectivo. Las actividades económicas y su resolución de conflictos giran en torno a este principio.

¿Qué es el Ser Colectivo y qué relación tiene con la “asimilación” o “integración” capitalista?

El Ser Colectivo de las comunidades Andinas y Amazónicas viene a ser, en breve, el principio que une a las familias y sus individuos en cada comunidad: constituye el interés por Lo Comunal que identifica a cada uno de sus miembros o familias, el sometimiento a las reglas que éstos mismos elaboran para su comunidad, y el ser parte activo o transformador de ese mismo interés comunal y sus reglas.

Dentro de este principio de Ser Colectivo se encuentra la idea de “progreso”, “desarrollo” o bienestar de la comunidad. El interés por Lo Comunal ocurre porque brinda a los miembros de la comunidad beneficios (por ejemplo, seguridad) y porque éstos miembros comuneros definen o redefinen tales beneficios de acuerdo al interés de cada uno (o su familia), el consenso o la mayoría de ellos influidos por los conocimientos que operan dentro y fuera de la comunidad. Si bien los comuneros practican un progreso familiar-individual, la idea de progreso o desarrollo es ante todo colectiva: los miembros de una comunidad sienten, como ocurre en un Estado Nación, que si la comunidad no progresa, sus miembros tampoco. Puede haber un desarrollo familiar-individual excepcional, sobre el comunal, pero ello significará que tal familia-individuo tenga que abandonar o emigrar de la comunidad para continuar desarrollándose o evitar la discrepancia de los demás.

Así, el Ser Colectivo y su idea de bienestar hace posible que la resolución de conflictos de los comuneros opere exitosamente. Cada familia o miembro de la comunidad confía en los sistemas de resolución que brotan de su propia estructura de Lo Comunal o Ser Colectivo. Pero con ello hace posible que la economía comunal y familiar también funcione exitosamente. La distribución de tierras, el respeto por las parcelas familiares, la defensa de sus tierras (de agentes extraños no comunales), el uso común de pastos, bosques y recursos naturales, la administración de la escuela o la posta de salud comunal, etc., son productos de ese Ser Colectivo. Pero también, dentro de este principio de Ser Colectivo los comuneros ansían un mayor bienestar: viviendas equipadas o acondicionadas al frío o el calor, conexiones de agua y desagüe, servicio eléctrico, teléfono, computadoras y acceso a internet, colegios y universidades, hospitales y clínicas que se identifiquen con su cultura, entre otros.

El principio de Ser Colectivo, incluida la idea de progreso o bienestar, es el que construye la economía de los comuneros y dentro de ésta los conceptos de empresa familiar y comunal. Estas empresas operan con muy poco dinero (liquidez) o bienes de cambio de uso (el ganado o los productos de sus tierras), pero sobre todo operan con una extensa mano de obra y las riquezas de su medio ambiente. Empresa familiar y empresa comunal existen sin estar registrados en una oficina central, y sin tener acceso a los créditos formales de bancos o empresas crediticias. Si el desarrollo capitalista valora esta concepción económica, es seguro que se puede articular con ella armónicamente, caso contrario el conflicto social o cultural aparece o se reproduce.

Las empresas privadas capitalistas tienen un doble reto para evitar la reproducción de conflictos ante la explotación de los recursos naturales que yacen bajo o sobre la superficie de las comunidades: articular su relación con gobernantes honestos del Estado, pero sobre todo articularse con la propia comunidad y su concepción de Ser Colectivo. De un lado tienen que mostrar que su presencia o sus inversiones pueden ayudar a consolidar la economía familiar y comunal existente, pero de otro tienen que demostrar que solo con su aporte se puede alcanzar el mayor bienestar o las comodidades ansiadas por los comuneros.

Esta búsqueda de armonía es compleja pero posible. No basta la titulación de tierras o el acceso a créditos a través de títulos individuales. Menos aún proyectos o acciones que regalan dinero o aumentan la liquidez por familia-individuo. Si se lograra comprender que el principio de Ser Colectivo, con su idea de progreso o bienestar, se localiza antes o sobre el concepto de capital, entonces tal armonía se producirá. El capitalismo es una utopía sin esta comprensión o integración. La capitalización del principio del Ser Colectivo aparece como esta solución. Es allí donde reside la causa para superar la aparente vulnerabilidad económica de nuestros Andes y nuestra Amazonía.

(Lima, PUCP, 9/9/09 y 22/10/09)

¿La empresa puede más que el Estado? El Caso Doe Run en el Perú Buscando prevenir un mayor desastre.

Por: Antonio Peña

En un trabajo sobre la globalización de la economía y el trabajo en el contexto Europeo, Hans-Peter Martin y Harold Schumann (1996: La trampa de la Globalización. El ataque contra la democracia y el bienestar) describen como la competencia por inversiones y generación de empleo llevan a los Estados a flexibilizar sus normas de economía y a adaptarse a las condiciones de empresas poderosas transnacionales. Los autores cuestionan que el Estado esté perdiendo su rol tuitivo y Ius Imperium, dando paso a un superpoder de ciertas empresas privadas.

La experiencia de la empresa Doe Run parece indicar, en extremo, la misma realidad en el Perú. La ampliación por tercera vez de plazos para el cumplimiento del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de la empresa en sus actividades metalúrgicas-mineras en La Oroya, muestra qué tan débil es el Estado Peruano en una situación tan compleja que pone en riesgo la vida de miles de niños y población en general contaminados por dichas actividades.

Ciertamente que el origen del problema del medio ambiente no pertenece a la empresa en cuestión. La Oroya se ha venido contaminando gradualmente desde que otra empresa transnacional (Cerro de Pasco Cooper Corporation) y luego el propio Estado a través de una de sus empresas estatales (Centromin Perú) no pudieron mitigar los efectos contaminantes de la actividad empresarial. Pero desde el año 1997, Doe Run asumió un compromiso que incluyó beneficios económicos a su favor y el cumplimiento del PAMA, lo que lleva a pensar que si no cumplió este último tampoco debió beneficiarse económicamente.

Una nueva prórroga de 20 meses, según la comisión gubernamental, o de 36 meses, según el plazo fijado por la misma empresa, no muestra sino que nuestros actuales gobernantes son exageradamente flexibles o parcializados para renegociar convenios de estabilidad empresarial en contextos de crisis. Las amenazas de paralización de actividades y generación de desempleo fuerzan a esta exagerada flexibilidad del gobierno central. Sin embargo, siempre caben otras alternativas: ¿Por qué no se fomentó, desde la segunda prórroga al menos, que otra empresa o grupos de empresas sustituyan a Doe Run en caso no cumpla con sus compromisos?

El caso Doe Run es lamentablemente otro ejemplo de ineficiencia en la gestión gubernamental que pone en evidencia la debilidad del Estado frente al poder de las empresas transnacionales. Se prioriza el desarrollo económico al desarrollo humano, pero más aún se pone en riesgo vidas y medio ambiente, generando la amenaza de un desastre humano mayor.

(Lima, 18 de septiembre de 2009)

Vulnerabilidad institucional y social tras el terremoto del Sur: desorganización y desastre

Por: Antonio Peña Jumpa

En medio de la calle de la quinta cuadra del Jirón Comercio, en Pisco-Pueblo, una señora (de condición civil separada) acompañada de tres menores hijos vive en una carpa deteriorada y frágil por el paso del tiempo. Se trata de la Sra. Flor R.M., quien después del terremoto del 15 de agosto del 2007 no encontró mejor alternativa que permanecer en la calle, bajo la oscuridad y soledad de aquella carpa gestionada por la organización barrial circunstancial a pocas semanas del desastre.

Si el caso de la Sra. Flor fuere un caso aislado, los reclamos y protesta de la población del sur contra las autoridades centrales, regionales y locales, a dos años del sismo, no serían legítimas. Al igual que la Sra. Flor existen miles de personas que aún viven en carpas o módulos de madera ubicados en los terrenos donde anteriormente se encontraban sus viviendas. Tras un desastre las carpas son un instrumento de auxilio por 3 o máximo 6 meses, en tanto los módulos de madera lo pueden ser por un año; el transcurso de dos años bajo tales condiciones explica la gravedad del problema. Pero al problema de la vivienda se suman también los problemas relacionados a los servicios básicos: no se terminan de reconstruir las escuelas ni los hospitales, no se culminan las obras de agua y alcantarillado, tampoco la comisaría, cementerios u otras instituciones públicas, y en algunos casos ni siquiera se han iniciado tales obras.

¿Por qué tanta lentitud o ineficiencia? Si el Estado cuenta con recursos económicos y, además, ha recibido el apoyo de la cooperación internacional ¿Qué es lo que atrasa el proceso de reconstrucción de las ciudades y pueblos afectados tras el terremoto como Cañete, Chincha, Ica, Yauyos, Castrovirreyna, Huaytará y Pisco? Una palabra, creemos, sintetiza esta ineficiencia: Desorganización.

Ocurrido el terremoto, dos años atrás, no hubo organización de las autoridades centrales, regionales ni locales –salvo excepciones-, y tampoco de la mayoría de la población damnificada. La organización fue, y sigue siendo, la principal arma para enfrentar el desastre, pero las autoridades no lo entendieron así.

A nivel institucional, la desorganización se apreció en el conflicto persistente del gobierno central con los gobiernos regionales y locales. Las autoridades confundieron el contenido trágico y penoso del desastre –y lo siguen confundiendo aún-, con la ocasión política para capturar votos de la población nacional y local consternada, y muchos de ellos vieron incluso la ocasión de beneficiarse económicamente con las obras que se ejecutarían. Se crearon o facilitaron instituciones centralizadas e ineficientes como el FORSUR y se elaboraron y promulgaron proyectos y normas, respectivamente, ineficaces como el Bono-6000.

A nivel social, la desorganización se apreció en la falta de participación del regojo de escombros y la inequidad en la distribución de alimentos, carpas, módulos de viviendas para con los más vulnerables, como el caso de la Sra. Flor. Pero esta desorganización también se vio – y se sigue viendo aún- en la falta de una sólida acción colectiva que fiscalice, cuestione y efectivice reclamos y destituciones de los funcionarios o autoridades por sus malas gestiones. Asimismo, la actividad empresarial privada vinculada a la reconstrucción careció de un criterio de solidaridad ante los efectos del desastre: vio la oportunidad de lucrar o beneficiarse ante la gran demanda de materiales o instrumentos para la reconstrucción, y muchos de sus empresarios no dudaron en aliarse a políticos y damnificados desesperados para que estos últimos transformen sus bonos de reconstrucción de vivienda en dinero, un artefacto eléctrico u otro tipo de mercancía.

A dos años del terremoto la desorganización institucional y social continúa vigente. El Presidente de la República y su ministro de vivienda acusan a las autoridades locales y regionales de ineptitud, y estas últimas hacen lo mismo contra las primeras. La población damnificada se ha resignado a la ineficiente gestión de sus autoridades con poca esperanza de una mejoría colectiva, olvidando que el poder político y los recursos del Estado son al final también de ellos. Ciudades como Pisco carecen aún de un catastro urbano, a pesar de su urgente necesidad tras el terremoto, y están limitados por un alto porcentaje de viviendas sin saneamiento legal o bajo poseedores que no son propietarios, los que impedirían el diseño y ejecución de eficientes y eficaces obras de reconstrucción.

Si la falta de organización institucional y social es el problema principal ¿Por qué no iniciar la resolución de este problema? ¿Por qué no promover la coordinación desinteresada de los diversos gobiernos del Estado y la participación dinámica, en aportes y fiscalización, de parte de la población damnificada? El caso de la Sra. Flor, como el de cientos de otras madres, ancianos y niños damnificados, es emblemático para que autoridades y población organizada trabajen coordinadamente para superarlo. Lo triste y lamentable es creer que tengamos que esperar el desenlace de otro movimiento social como el ocurrido en Bagua dos meses atrás para reflexionar y actuar.

(Lima, 14 y 16 de Agosto 2009)

LA VULNERABILIDAD INSTITUCIONAL (DEL ESTADO) COMO CAUSA DE CONFLICTOS SOCIALES (Y DESASTRES POLÍTICOS)

Por: Antonio Peña Jumpa

¿Qué es lo que produce y reproduce los numerosos conflictos sociales que hoy identifica el escenario político de nuestro país? ¿Insatisfacción? ¿Pobreza? ¿Abusos? ¿Enriquecimiento ilícito? ¿Corrupción? ¿Defraudación electoral? ¿Injusticias? ¿Desigualdades? Muchas son las posibles respuestas, sin embargo hay una causa que normalmente no destacamos: la vulnerabilidad institucional.

Vulnerabilidad significa debilidad (sensible a daños o perjuicios físicos o morales) y lo institucional está referido al Estado. En términos sencillos, vulnerabilidad institucional significa debilidad del Estado; debilidad que está relacionado a las capacidades o incapacidades, ausencia o falta de legitimidad de nuestras autoridades políticas y funcionarios del Estado.

Precisando más aún el concepto podemos decir que la vulnerabilidad institucional se relaciona con los problemas estructurales de una sociedad que sus autoridades políticas no pueden mitigar (calmar o aliviar) o resolver. Uno de estos problemas estructurales es el centralismo del Estado. Las grandes decisiones políticas, legislativas, económicas, educativas, de salud o de justicia dependen de un pequeño grupo de políticos, pero sobre todo se siguen tomando desde la capital de nuestro país. Si a ello sumamos las decisiones sobre las actividades de las grandes empresas productivas, de las empresas bancarias y financieras, o de las empresas de comercialización o servicios, que también son tomadas en la capital, notaremos que el problema es muy grave.

Esta vulnerabilidad es la que produce o reproduce los 273 conflictos sociales cuantificados hasta el mes de junio del 2009 de todo el país por la Defensoría del Pueblo. Es curioso notar que estos conflictos tengan como actores sociales y reclamos un carácter local y muchos veces histórico, pero el origen de tales reclamos responden a un carácter nacional y centralista: procedimientos administrativos y legislación general elaborados y controlados desde Lima, bajo intereses normalmente limeños.

En una sociedad o en un país es normal el desarrollo de conflictos sociales, pero cuando estos se multiplican desproporcionalmente o devienen en desastres políticos, resultan inaceptables. Los recientes sucesos de Bagua, en nuestra Amazonía, y los sucesos de años pasados en Ilave, en nuestros Andes, son claros ejemplos de esta anormalidad social y política. Lo particular de estos conflictos es que su causa u origen, y su resolución o prevención, se encuentran en actos humanos (de nuestros políticos, empresarios y líderes sociales), pero no llegan a ser comprendidos o atendidos.

¿Es posible diseñar otras alternativas institucionales para evitar la reproducción de dichos conflictos y sus posibles desastres políticos? La propuesta de una ley de consulta y participación de nuestra población originaria o local, así como la iniciativa gubernamental de conformar oficinas especializadas en la resolución de conflictos sociales a nivel de los ministerios parecen interesantes alternativas. Sin embargo, nuevamente parece repetirse la causa del problema estructural ¿No será que se sigue diseñando e implementando alternativas desde nuestro centralismo institucional?

La enseñanza de Bagua e Ilave nos muestra que hay que mirar y actuar con la población local. Es esta población la que sufre los efectos de la vulnerabilidad institucional a la que nos hemos referido. En consecuencia, ¿No parece sensato trabajar con ellos para elaborar una propuesta legislativa de consulta y sus propios mecanismos de resolución de conflictos sociales?

(17 Julio 2009)

La Necesidad de una “Solución Desastrosa” tras el Desastre Financiero del 2008-2009

Por: Antonio Peña Jumpa

Con agrado he leído los comentarios que hacen Freddy Escobar y Guillermo Cabieses bajo el título “Una solución desastrosa para el desastre financiero” (Revista Enfoque Derecho Nro. 83, Lima, PUCP, 2009) sobre el artículo que publicara en la misma revista bajo el título “Prevención legal ante el desastre financiero: gravar a los ‘nuevos ricos’” (Revista Enfoque Derecho Nro. 82, Lima, PUCP, 2009). Buscando aclarar el mencionado artículo y sus comentarios, a continuación se sustenta la necesidad de la misma solución legal (identificada como “solución desastrosa” por los comentaristas), que ahora identificamos como solución legal de emergencia, con el propósito de controlar las recientes causas del pánico financiero que reproduce las condiciones del desastre económico que vivimos desde el año 2008.

El presupuesto básico de nuestra preocupación es el siguiente. Las Bolsas de Valores del mundo, incluyendo la nuestra, continúan aún muy inestables. Si se revisan los diarios de los 6 últimos meses (enero- junio 2009) puede apreciarse cómo las Bolsas de Valores reportan cíclicamente que suben, lenta o rápidamente, para luego derrumbarse, lenta o estrepitosamente, produciendo inestabilidad económica, pérdidas millonarias, quiebras de empresa y desempleo.

El origen de este pánico financiero, hoy traducido en desastre, ciertamente no se encuentra en las “acciones irracionales” de los agentes económicos. Por el contrario, el origen se encuentra en las “acciones sociales racionales de acuerdo a fines” ( Max Weber, Economía y Sociedad, 1922) de un grupo de inversionistas que empaquetaron complejos productos financieros sin respaldo efectivo (como los bonos hipotecarios sub-prime) y que vendieron en todo el planeta desde fines del siglo pasado. Estas acciones racionales de acuerdo a fines se acumularon en una gran burbuja económica que finalmente estalló produciendo los efectos que estamos viviendo.

Lo “irracional” a que nos referimos en nuestro artículo anterior está relacionado justamente a los efectos de esa racionalidad económica que produce el pánico financiero. Se trata de aquellas acciones sociales que se reproducen en pleno pánico financiero y que reciben la denominación de “acciones sociales de tipo afectivo o tradicional” (Weber, ibídem). Estas acciones son irracionales por que se materializan a sabiendas de las pérdidas millonarias que produce para sí o para otro el retiro de valores o posiciones bursátiles por parte de grandes, medianos y pequeños inversionistas guiados por el temor de perderlo todo o guiados por acciones sociales de otros.

Esta actitud irracional ciertamente contrasta con la actitud de un grupo de inversionistas (los “nuevos ricos”) que beneficiados de información privilegiada o preferente o por otras razones, vendieron o retiraron sus posiciones bursátiles oportunamente (actuación muy racional por cierto). Sin embargo son estos “nuevos ricos” los que vienen reproduciendo, no necesariamente con intención, la continuidad del pánico financiero que se traduce en el desastre descrito. Ellos siguen actuando muy racionalmente de acuerdo a sus fines, comprando y vendiendo sus nuevos valores o posiciones bursátiles, sin percatarse o a sabiendas de la reproducción del pánico financiero.

Es en esta situación que formulamos como necesidad la aplicación de medidas legales de emergencia, identificadas por los comentaristas como “solución desastrosa”. Con el propósito de evitar daños mayores, es una necesidad o urgencia el control temporal de determinadas acciones racionales y legítimas de ciertos inversionistas (los “nuevos ricos”) que reproducen el pánico financiero. En una situación de desastre es más legítimo (por la prioridad de principios y valores) intervenir con todos los medios para evitar sus efectos nefastos (traducidos hasta en suicidios) buscando proteger a los principales damnificados (trabajadores, pequeñas empresa, profesionales dependientes o independientes, sub-empleados, o la sociedad en general). Esta es una medida de Derecho de Emergencia que debe complementarse con la tarea no-legal y más efectiva que harán los economistas.

La imposición de cargas tributarias a las “sobre-ganancias” de las transacciones racionales en Bolsa de estos “nuevos ricos” no es inmoral ni ineficiente. Todo lo contrario. Es más bien inmoral enriquecerse a través de tales transacciones que liquidan a empresas o pequeños inversionistas ya caídos en desgracia tras el desastre financiero, y es ineficiente no controlar las causas del actual pánico financiero que se traduce en la continuidad del desastre.

La propuesta es una medida temporal, no permanente, aplicable en tanto el pánico o inestabilidad bursátil persista. Pero también hay que entender que esta medida debe ser coordinada con otras Bolsas de Valores mundiales.

Si repasamos la historia, el gran Crack de 1929 reprodujo un pánico financiero de muchos años, antes de pasar a un período de recesión y recién aspirar a un proceso de recuperación económica. En el mismo sentido creemos que es posible conseguir la estabilidad de las Bolsas de Valores mundiales (que consiste en un movimiento “natural” de subidas y caídas pero no estrepitosas) para recién pensar en la reconstrucción económica. Esto significará entonces, en términos legales, aplicar recién efectivamente un Derecho Reparador, un Derecho Garantista y un Derecho Sancionador (a los responsables originarios principalmente) tras el desastre financiero.

(Lima, 2 julio 2009).

Los límites del Derecho Oficial en el Desastre Político de la Amazonía

Por Antonio Peña Jumpa

El día de hoy, 5 de Junio de 2009, algunos medios de prensa informan de los sucesos que vienen ocurriendo en la Región de Amazonas donde agentes policiales especializados iniciaron el desalojo forzado  de las comunidades amazónicas que ocupaban las vías principales de tránsito  como acto de protesta por la desatención del gobierno central de su pedido de derogatoria de decretos legislativos inconstitucionales. Ciudadanos de Bagua, con desesperación llamaron a los medios de prensa para informar que la situación se tornaba incierta, al generarse que la población urbana de dicha ciudad como las comunidades vecinas se estaban movilizando para apoyar a las comunidades amazónicas que estaban siendo desalojadas.

Este contexto muestra el fracaso del derecho oficial y de las autoridades políticas del gobierno central (el Presidente de la República, los Congresistas, los Ministros) frente al origen del problema: la insistencia o imposición de decretos legislativos promulgados en aras del libre comercio sin analizar su contenido constitucional o cumplir con los procedimientos que nuestra propia Constitución Política prevé.

¿Qué corresponde hacer? ¿Qué puede pasar?

1. Ante todo, la acción violenta de los agentes policiales o desde las Fuerzas Armadas debe suspenderse. El Presidente de la República y los Ministros correspondientes son los responsables de esta medida. El contexto geográfico y la identidad de las comunidades en conflicto hace que el uso de la fuerza produzca mayor violencia.

1. Entre las consecuencias, el primero y principal efecto de los hechos señalados es que los pueblos reprimidos por la policía o las fuerzas armadas, acrecienten su odio al Estado y a sus gobernantes. Se comprueba una vez más el histórico etnocentrismo de nuestra sociedad y particularmente de nuestros gobernantes.

1. Otra posible consecuencia es que las protestas de las comunidades amazónicas pueden ser replicadas por las comunidades andinas y los gremios sindicales del país que pasivamente han esperado una respuesta democrática del gobierno central: que suspendan la validez de los decretos legislativos cuestionados a través del uso de medios institucionales para luego iniciar un serio diálogo.

1. El número de muertes que vienen ocurriendo a las 15 horas del día según información de la prensa, supera las 30, entre civiles y agentes policiales. Estas muertes y los cientos de heridos, producen responsabilidad política que deben ser asumidos por las autoridades del gobierno central. La Constitución Política prevé la renuncia o vacancia de dichas autoridades.

La alternativa de solución que viene adoptando el gobierno central frente a los reclamos de las comunidades amazónicas muestra una vez más qué alejados nos encontramos para comprender nuestra diversidad cultural, ecológica y humana. Qué difícil es comunicarnos con los dirigentes o representantes de comunidades o pueblos históricos diferentes. Qué difícil es que nuestras autoridades oficiales se sientan como ellos y entiendan cómo se vive y de qué se vive en sus contextos culturales y ecológicos. ¿Qué hubiere pasado si la Amazonía fuere Lima y la minoría de limeños originarios protestaran como las comunidades amazónicas? ¿Se autorizaría el uso de las Fuerzas Policiales y Fuerzas Armadas para desalojarlos?

Lo descrito nos conduce a una nueva experiencia de desastre político en nuestro país.

LA LEGÍTIMA DEFENSA CONSTITUCIONAL DE LAS COMUNIDADES AMAZÓNICAS: DERECHOS CONSTITUCIONALES QUE PUEDEN PREVENIR UN DESASTRE POLÍTICO

Por Antonio Peña

 

Miles de nuestras comunidades amazónicas (mal llamadas “nativas” en la Constitución y las Leyes) de las regiones de Amazonas, Loreto, Ucayali, San Martín, Cusco, entre otras, se encuentran por segunda vez en una “huelga indefinida” (o reclamo masivo efectivo) que supera los 35 días. La razón principal de esta “huelga” o reclamo masivo se encuentra en la puesta en vigencia de Decretos Legislativos (normas dadas por el Presidente de la República por delegación del Congreso de la República) y ciertas Leyes que, en opinión de los comuneros, afectan sus derechos ancestrales a la propiedad y recursos naturales de subsistencia en las tierras que ocupan históricamente. El reclamo tiene relación directa con un derecho garantista constitucional, a favor de dichas comunidades, que normalmente se desconoce y que bien podría evitar un desastre político.

 

En primer lugar, la Constitución Política de nuestro país reconoce el derecho a la identidad étnica y cultural de los miembros de las comunidades amazónicas (Artículo 2º, inciso 19º). Este derecho les otorga la facultad de ser diferentes y considerar, desde su concepción como grupo étnico, una apreciación crítica o contraria al contenido de los Decretos o Leyes cuestionadas.

 

Bajo este mismo derecho de identidad, la Constitución Política del Perú coincide con la vigencia del derecho de consulta a favor de pueblos “indígenas” u originarios regulado en la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo, del que el Perú es parte. De acuerdo a este derecho, debía haber al menos una consulta previa con las comunidades afectadas antes de la aprobación de una medida o promulgación de una norma.

 

En segundo lugar, la Constitución Política del Perú reconoce el derecho de propiedad como inviolable (Artículo 70º), garantizando un tipo de propiedad privada y comunal (Artículo 88º). Dentro de esta misma línea de derechos, la Constitución Política reconoce el derecho de autonomía de las comunidades amazónicas: “Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible…” (Artículo 89º). Ese concepto de propiedad y esta autonomía responden a derechos históricos y consuetudinarios; un marco legal no puede negarlos o contradecirlos sino simplemente regularlos sin desnaturalizarlos.

 

En tercer lugar, la Constitución Política de nuestro país reconoce a las comunidades amazónicas un derecho a su justicia propia o justicia comunal: “Las autoridades de las Comunidades [Andinas] o [Amazónicas], con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona….” (Artículo 149º). Este derecho constitucional otorga a las comunidades amazónicas la facultad de juzgar o resolver sus conflictos relacionados a su propiedad y recursos naturales siguiendo su derecho consuetudinario. Esto significa que tienen el derecho constitucional de ejercer el control difuso constitucional o aplicar la supremacía constitucional en su territorio (Artículo 138º): constitucionalmente pueden no acatar los Decretos y Leyes que afectan sus históricos derechos de propiedad y recursos naturales de subsistencia por considerar que atentan contra la misma Constitución Política del Perú.

 

Por último, la Constitución Política de nuestro país reconoce en las comunidades amazónicas derechos que todo ciudadano puede ejercer y deben hacer valer: el derecho de protesta, reclamo o petición colectiva (Artículo 2º, inciso 20º) y el derecho de legítima defensa (Artículo 2º, inciso 23º). Es legítimo que las comunidades amazónicas reclamen o se defiendan si sienten que se les está agrediendo a través del despojo directo (a través de empresas abusivas) o indirecto (a través de los Decretos o Leyes) de su propiedad o recursos naturales.

 

(Lima, 16 mayo de 2009)

Última visita a Pisco

Por: Patricio Ato del Avellanal (Alumno del curso “Derecho y Desastres” en la PUCP)

El pasado domingo, 26 de abril de 2009, los alumnos de la Facultad de Derecho de nuestra casa de estudios del curso de Temas de Teoría General del Derecho: enfoque Derecho y Desastre viajaron a Pisco con el objetivo de evaluar el proceso de reconstrucción de la ciudad después de año y medio de sucedido el terremoto. Para poder recolectar la información necesaria se elaboró un cuestionario objetivo y se tomó testimonio de algunas personas de la comunidad.  El grupo se centró en evaluar la zona de “La Playa” y “Leticia”, perímetros determinados por la Cruz Roja como zona de muy alto riesgo debido a la inestabilidad del suelo. La Municipalidad de Pisco ha intentado reubicarlos hacia áreas más seguras, sin embargo gran parte de los habitantes de la localidad se niega a ser reubicada.

El viaje comenzó recogiendo a parte de los alumnos desde tres paraderos distintos para luego tomar la Panamericana Sur, la cual nos llevaría a destino. En el trayecto de tres horas para llegar a Pisco muchos se sorprendían por el collage rural-urbano que se podía apreciar desde la carretera. Al llegar a Pisco lo primero que se notó fueron los programas de reconstrucción: para acceder a la ciudad uno debe pasar por una avenida principal llamada “El cruce”, la cual estaba siendo reconstruida. Lo curioso para todo el grupo fue que se decidió romper toda la avenida a la vez, con lo cual el acceso a la ciudad era sumamente complicado. En Pisco, fuimos recibidos por la Cruz Roja de la localidad y tuvimos un conversatorio para saber en detalle qué es lo que había pasado en todo este tiempo. Temas como el de los bonos de reconstrucción otorgados desorganizadamente por diversas entidades a solo un grupo de gente (propietarios), la falta de fiscalización respecto a éstos, la impotencia de no poder socorrer a las familias que aun viven en carpas o módulos (cuya vida útil es de menos de un año), entre otros temas eran de suma preocupación ante un posible recorte de ayuda del Estado, así como de otras entidades.

Después de recorrida parte de la ciudad, cuyo rostro estaba aun maquillado por esteras y calaminas, nos dirigimos al malecón en donde se dividiría al grupo para recolectar la información e incentivar a los vecinos a acudir a una charla que se daría en el malecón horas más tarde. Mientras que algunas familias se negaban a colaborar, cansadas por tantas promesas no cumplidas, hubo otro grupo de vecinos que no solo se contentaron con llenar las encuestas sino que brindaron testimonio de lo ocurrido hasta ahora y asistieron a la charla. Ahí se debatieron los temas jurídicamente relevantes y se intentó orientar a los vecinos en la medida de lo posible para poder solucionar, aunque sea en parte, sus problemas.

Es inconcebible enterarse de denuncias comunes que, en primer lugar, culpan a empresas constructoras por no haber refaccionado casas del vecindario y haberse quedado con sus bonos;  en segundo lugar, que si bien las autoridades otorgan bonos, éstos no pueden ser cobrados por problemas de valoración del inmueble; y que finalmente concluyan en que la única razón para ser reubicados radica en la venta de ese terreno para la construcción de un proyecto hotelero. Tantos fueron los reclamos y la indignación que se incentivó a la gente a organizarse para canalizar la ayuda mediante ONGs trabajando en la zona, la Cruz Roja y de programas de ayuda  afines que ofrece nuestra casa de estudios. Fue de esta manera que se reanudaron cabos y se tendió un nuevo puente con parte de la población de Pisco.

Los resultados de la investigación serán próximamente  publicados en el blog del curso (http://derechoydesastre.wordpress.com/). Es necesario aplaudir el apoyo de la Facultad de Derecho por dar la oportunidad a los alumnos de poder obtener una experiencia distinta del Derecho al permitirnos realizar estos viajes. Esperemos que este apoyo siga de esta forma en adelante.

El TLC en tiempos de desastres financieros: el caso peruano

Artículo de Antonio Peña Jumpa acerca de la conveniencia de celebrar tratados de libre comercio en esta época de crisis financiera global, en la que las potencias tienen menos posibilidades de ayudarnos:

Los avances en las negociaciones de Tratados de Libre Comercio (TLC) con países como China, Canadá, la Comunidad Europea, entre otros, aparte de los TLC suscritos con Estados Unidos (EEUU) y Chile, muestran la importancia de tales tratados en la agenda de Comercio Internacional en países como el Perú. Pero, ¿Qué tan convenientes son tales tratados en tiempos de crisis financiera internacional o desastre financiero?

 

Un TLC significa una especie de contrato de dos partes, en realidad se trata de un gran contrato o acuerdo de compromisos entre dos grandes partes: los intereses económicos de dos países o dos grupos de países están de por medio comprometiendo a todos sus agentes económicos, a productores y consumidores o su población en general. A través del TLC un país como el Perú, o un grupo de países como la Comunidad Europea o el mismo EEUU en la práctica, se comprometen a liberar su economía nacional (quitar trabas legales, tributarias o administrativas) para conseguir que cada uno de ellos, recíprocamente, exporte o importe libremente sus mercancías o las mercancías del otro país.

 

Dentro de un criterio de libertad económica y desarrollo global tales tratados se aprecian como lógicamente convenientes y hasta necesarios si es que se aspira a seguir el crecimiento de los países más poderosos que guían la economía mundial. Con ello se conseguiría que países como el Perú se inserten a la economía global y sean parte de un desarrollo económico internacional (que forzosamente debía arrastrar el desarrollo de su economía doméstica). Sin embargo, qué tanto tal criterio es aplicable o sigue siendo aplicable en el contexto de crisis que viven los propios países hegemónicos o más poderosos.

 

En el supuesto que la crisis financiera internacional (por la inestabilidad de las Bolsas de Valores del mundo) se prolongue un año más, sus efectos económicos serán duplicados o triplicados en duración en los países poderosos, y serán extendidos exponencialmente en países como el Perú. La explicación a esto es simple: los países emergentes o “subdesarrollados” como el Perú son dependientes o periféricos a los países poderosos, entonces al afectarse por la crisis estos últimos se afectarán los primeros y al liberarse de la misma crisis aquellos últimos lo harán a costa de los primeros.

 

Un TLC idealmente debe firmarse entre dos Estados cuyas economías domésticas sean semejantes. Como en cualquier contrato, se trata de dos partes privadas que negocian y llegan a acuerdos en condiciones de igualdad. Pero un tratado también podría celebrarse entre un país poderoso y otro débil a sabiendas que ambos se beneficiarían dentro de un criterio de solidaridad: el país poderoso conseguiría un aliado a cambio de compartir su riqueza con el débil. En este último supuesto, dentro de la economía de los países débiles como el Perú operarían cambios importantes: las pérdidas de un sector económico se verían favorecidas con las ganancias en otro sector. Así, frente a las pérdidas o quiebras en la industria nacional o la agricultura tradicional del país débil, ocurren los beneficios de las exportaciones mineras y la agro-exportación. Pero lo más importante es que los países débiles se ven aparentemente favorecidos por sus mejores condiciones para inversiones de capitales por parte de países poderosos, lo que promovería gradualmente una equidad en el intercambio de ambos países.

 

Esta apreciación ideal, sin embargo, tampoco se confirma y su aplicación en un futuro inmediato menos puede ocurrir  teniendo en cuenta el contexto internacional. Los países poderosos se han debilitado por la inestabilidad de sus economías y la amenaza de una larga recesión, lo que significa que en ningún momento serán o continuarán siendo solidarios. Pero a ello se han sumado datos más objetivos: la agro-exportación y la exportación de minerales de países como el Perú ya cayó, y no tiene perspectiva de recuperarse establemente en tanto continúe la inestabilidad económica o continúen las restricciones asumidas por los consumidores de los países poderosos.

 

El resultado de los aspectos comentados nos arroja un saldo negativo de los TLCs en el contexto actual de crisis o desastre financiero. Respecto a EEUU, y seguro respecto al conjunto de países poderosos o países con economías cercanas a éstos, países aún débiles como el Perú pierden con un TLC. La libertad económica en países débiles puede producir 0% de beneficios y 100% de desventajas. En tiempos de crisis las economías nacionales se protegen, y si países como el Perú no se protegen son vulnerables a un mayor desastre financiero y económico comparado al que ya viene ocurriendo en los países poderosos.

 

Por ello creemos que es urgente suspender las negociaciones de TLC actualmente en marcha y revisar o preveer los efectos de los TLC suscritos. Esta suspensión debía durar en tanto los países poderosos no tengan estabilidad y muestren condiciones de solidaridad en el compartir sus riquezas. No se trata solo de un tema o derecho de identidad económica (defender la industria y agricultura nacional) sino de un derecho de urgencia económica (preveer un mayor desastre).

 

 (Lima, 18/04/2009)