Por: Antonio Peña Jumpa
A dos años y tres meses del terremoto del 15 de agosto de 2007, cientos de escuelas públicas aún no terminan de ser reconstruidas y muchas de ellas se encuentran sin iniciar su reconstrucción. ¿Qué explica esta demora? ¿Falta de recursos? ¿Problemas burocráticos? ¿Quiénes son responsables?
***
El martes 28 de agosto de 2007, a 13 días del terremoto del Sur, el diario oficial El Peruano publicó en su portada una foto y la noticia sobre la donación de la suma de 750,000 dólares que hace la asociación de maestros de México, representada por la Sra. Elba Gordillo, al gobierno peruano, representado por el Sr. Alan García Pérez. Dicho dinero fue el producto de una colecta realizada entre los profesores del magisterio mexicano para destinarlo a la reconstrucción de las escuelas públicas afectadas tras el sismo.
El pasado 3 de noviembre de 2009, la Comisión de Educación del Congreso de la República del Perú, cuestionó al Ministro de Educación, Sr. José Antonio Chang, por la demora de su portafolio en la reconstrucción de las escuelas afectadas por el terremoto y particularmente por el aparente mal uso de la donación referida. El Ministro de Educación rehusó dar respuesta alegando la forma “grosera” o “sin pruebas” del cuestionamiento congresal.
Los medios de prensa publicaron posteriormente la justificación o explicación del Ministro de Educación: “la demora en la reconstrucción de las escuelas públicas (incluyendo el pendiente uso de la donación del magisterio mexicano) se debe a la burocracia estatal y la lentitud en el ministerio de educación en la elaboración y ejecución de expedientes técnicos”.
Esta explicación, sin embargo, no satisface a los damnificados. A dos años y 3 meses del terremoto del 15 de agosto de 2007, tener alumnos y profesores de escuelas de nivel primario y secundario bajo carpas o módulos es una vergüenza gubernamental que requiere de más de una explicación. De un lado, se incurre en la transgresión de derechos constitucionales, como aquel que obliga a las autoridades del Estado a asegurar el cumplimiento del Derecho Constitucional a la Educación: “Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones mentales o físicas”( Artículo 16º, tercer párrafo, de la Constitución Política del Perú). Pero, de otro lado, se incurre en una negligencia grave al omitir el uso de una donación destinada a la reconstrucción de escuelas que con tanto esfuerzo hizo el magisterio mexicano en solidaridad con colegas y escolares damnificados de nuestro país.
¿Qué explica la demora? ¿Sólo negligencia? ¿Incapacidad de nuestros gobernantes? ¿Inmoralidad de no dar el uso adecuado a un dinero que no es propio? ¿Inmoralidad por no considerar la situación de miles de niños y maestros que tienen que cumplir el mandato constitucional del derecho a la educación bajo carpas o módulos inadecuados previstos solo para una situación de emergencia no mayor a 6 meses?.
Frente a esta situación, es difícil pensar que sólo exista negligencia. Hay incapacidad evidente y omisión voluntaria, y, además, puede entenderse que exista indicio de corrupción. El monto de 750,000 dólares debe haber producido 100,000 dólares de intereses por el tiempo transcurrido, y las obras pudieron planearse y ejecutarse con el apoyo de empresas privadas o universidades desinteresadas políticamente.
En un análisis legal de los hechos descritos, cabe aplicar una sanción penal. Teniendo en cuenta el mandato constitucional, la existencia de recursos económicos a través de una donación y las condiciones de desamparo de los damnificados escolares y maestros, cabe aplicar al menos el artículo 377º del Código Penal: “El funcionario público que, ilegalmente, omite, rehusa o retarda algún acto de su cargo, será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de dos años y con treinta a sesenta días-multa”. Ciertamente, al lado de esta sanción penal aplicable corresponde la inhabilitación en el cargo de las autoridades responsables.
Solo entendiendo lo que significa trabajar o estudiar en una carpa o un módulo puede comprenderse lo grave de la situación. Pero, lo más grave es que estos hechos queden impunes.
(Lima, 6 de noviembre de 2009)
El pasado domingo, 26 de abril de 2009, los alumnos de la Facultad de Derecho de nuestra casa de estudios del curso de Temas de Teoría General del Derecho: enfoque Derecho y Desastre viajaron a Pisco con el objetivo de evaluar el proceso de reconstrucción de la ciudad después de año y medio de sucedido el terremoto. Para poder recolectar la información necesaria se elaboró un cuestionario objetivo y se tomó testimonio de algunas personas de la comunidad. El grupo se centró en evaluar la zona de “La Playa” y “Leticia”, perímetros determinados por la Cruz Roja como zona de muy alto riesgo debido a la inestabilidad del suelo. La Municipalidad de Pisco ha intentado reubicarlos hacia áreas más seguras, sin embargo gran parte de los habitantes de la localidad se niega a ser reubicada.
Después de recorrida parte de la ciudad, cuyo rostro estaba aun maquillado por esteras y calaminas, nos dirigimos al malecón en donde se dividiría al grupo para recolectar la información e incentivar a los vecinos a acudir a una charla que se daría en el malecón horas más tarde. Mientras que algunas familias se negaban a colaborar, cansadas por tantas promesas no cumplidas, hubo otro grupo de vecinos que no solo se contentaron con llenar las encuestas sino que brindaron testimonio de lo ocurrido hasta ahora y asistieron a la charla. Ahí se debatieron los temas jurídicamente relevantes y se intentó orientar a los vecinos en la medida de lo posible para poder solucionar, aunque sea en parte, sus problemas.








