Por: Antonio Peña Jumpa
¿Qué es el Derecho? ¿Se puede afirmar que es la Ley que todos estamos obligados a respetar? ¿Es el ordenamiento jurídico que regula la sociedad?, o ¿Es el conjunto de normas, principios y procedimientos que recoge el quehacer de la sociedad? Cual fuere la corriente o perspectiva de pensamiento que defina el Derecho, el conflicto ocurrido en Bagua quebró cada una de sus estructuras.
Los lamentables sucesos acaecidos el pasado 5 de Junio del 2009 en Bagua, región de Amazonas, donde se enfrentaron comunidades indígenas amazónicas y las Fuerzas del Orden, mostró cómo se puede transgredir la Ley, el orden jurídico o el conjunto de normas, principios y procedimientos que regula la sociedad peruana quebrando todo contenido de Derecho. La decisión política tomada en aquella fecha por el Presidente de la República, la ministra del Interior, el Ministro de Defensa, el Primer Ministro y la Ministra de Comercio Exterior y Turismo (hoy Ministra de Economía) con el propósito de resolver o controlar por la fuerza el conflicto social o cultural de Bagua, cuyo origen se encontraba en Decretos Legislativos dados por estas mismas autoridades, mostró y sigue mostrando ese quiebre de Derecho. Se comprobó el divorcio de dos mundos socio-culturales y jurídicos donde gobernantes actúan sin comprender o negando la realidad del país.
Las comunidades Aguarunas o Awajun que lideraron las movilizaciones indígenas de protesta actuaron luego de un largo proceso de espera y planificación de sus acciones. Ellas decidieron tomar las carreteras de la región luego de esperar cuando menos 8 meses una respuesta del gobierno central a sus reclamos. Ante el desinterés del gobierno, las comunidades organizadas a través de sus gremios planearon su acción de lucha desde Diciembre de 2008 o Enero del 2009, para finalmente iniciar sus movilizaciones y toma de carreteras en Abril de 2009.
La primera semana del mes de Marzo del año 2009, el autor de esta nota tuvo oportunidad de visitar Bagua, particularmente Puerto Imacita,[1] y pudo conocer a través del diálogo con los dirigentes aguarunas de la gran movilización que preparaban. Si una persona extraña al lugar pudo conocer con anticipación el malestar y los preparativos de la población, ¿El servicio de inteligencia nacional no lo sabría? Ciertamente que sí, y lo sabrían todas las autoridades del gobierno central antes mencionados.
Bajo estos antecedentes era inconcebible que las autoridades del gobierno actuaran policial y militarmente sin calcular sus efectos. Ante miles de ciudadanos cansados de esperar una respuesta a sus reclamos y afectados por numerosos problemas ocasionados por personas no-indígenas y empresas privadas que dañan sus territorios, se podía entender claramente que la resolución del conflicto pasaba por un serio diálogo, “de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias”, como lo exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El enfrentamiento total entre indígenas y mestizos con las Fuerzas Policiales y las Fuerzas Armadas dejó al menos 34 muertos y cientos de heridos aquél 5 de Junio. La prensa difundió los acontecimientos y el país pudo conocer con mayor detalle la ineficiencia de nuestras autoridades. El país se dividió en dos, unos a favor de la medida policial-militar y otros en contra. Decenas de movilizaciones sociales se reprodujeron en los días siguientes, algunos de solidaridad y otros además con propias reivindicaciones.
El conflicto así narrado aparece como un hecho social y cultural. Es un conflicto socio-cultural más que un conflicto jurídico. Para los comuneros se trata de un conflicto trans-comunal de tipo político. El conflicto de Bagua trascendió los intereses intra-comunales e inter-comunales centrándose en intereses que van más allá de las comunidades: intereses trans-comunales, donde existe la amenaza o interferencia “externa” de personas, empresas privadas y el gobierno central respecto a los recursos naturales o al territorio de las comunidades.
Pero si bien el conflicto de Bagua pudo ser un conflicto socio-cultural y no de derecho, es a través del Derecho como debió y debe resolverse. El Derecho es el medio y el fin para resolver conflictos. Sin embargo, a la fecha, las autoridades del Estado no han emitido un informe jurídico uniforme sobre los acontecimientos para alcanzar una solución. Cuando menos hay 3 informes. Pero también existe una gran dificultad para que nuestras propias autoridades (Congreso y Poder Judicial) coincidan en identificar constitucional y legalmente a los responsables o los autores intelectuales de los sucesos. Mientras se carezca de sanciones efectivas a los responsables, el Derecho de los muertos y heridos permanecerá en duda y es probable que las víctimas o sus familiares no cesen de reclamarlo.
Esto nos lleva a confirmar la legitimidad de dos Derechos ante la inefectividad de uno solo. De un lado, el Derecho del gobierno central, de carácter formal, limitado por los sucesos indicados y por no cumplir con las normas de la Constitución y los Convenios internacionales propios del mismo Derecho, y, de otro lado, el Derecho de las comunidades Aguarunas y Amazónicas en general, de carácter material, que ante esos incumplimientos y la falta de atención de sus reclamos, no dudarán en iniciar y legitimar otras movilizaciones semejantes.
A un año de los lamentables sucesos de Bagua, es imperativo que ambos derechos se acerquen y nutran mutuamente. Solo si el Derecho del Estado es respetado por sus autoridades, quienes están obligadas a dar el ejemplo, el conflicto se resolverá y entonces el Derecho del que hablábamos al inicio se reestructurará y fortalecerá.
[1] En Bagua se realizó la toma de carreteras por los comuneros amazónicos y su posterior desalojo por las fuerzas del Orden. Pero fue en Puerto Imacita donde la población enterada de los acontecimientos en Bagua se reunieron por miles para tomar una Estación de Petróleo que se encontraba en el lugar, capturando a todos los agentes policiales.
Derecho y Desastre 