Antonio Peña Jumpa[1] y Félix Arias Schreiber Barba[2]
El Análisis Costo Beneficio (ACB) usado comúnmente en la economía clásica para evaluar la viabilidad de un proyecto de inversión, es también aplicable a la norma que autoriza o deniega el inicio y desarrollo del mismo proyecto de inversión. En el caso del proyecto minero “Tía María” de la empresa Southern Perú, ubicado en la provincia de Islay, región de Arequipa, conviene además sumar un concepto más amplio denominado Análisis de Efectividad (ADE) de la norma que, luego de más de 50 días de huelga con características de un desastre político-social, continua autorizando la ejecución del indicado proyecto minero.
En primer lugar, es importante distinguir en la aplicación conjunta del ACB y el ADE un análisis previo o ex ante, y un análisis posterior o ex post de la norma que autoriza el proyecto minero en mención. El análisis previo o ex ante corresponde al momento de la presentación de los documentos o instrumentos por la empresa titular del proyecto. Para ello, se tienen en cuenta los antecedentes del proyecto minero, el monto de su inversión, la identificación de los beneficiarios y perjudicados, el balance de los impactos positivos y negativos, así como el involucramiento de los grupos de interés desde las fases iniciales de preparación de la regulación. Suponiendo que la empresa Southern Perú ha cumplido con presentar todos esos documentos e instrumentos, incluyendo un riguroso Estudio de Impacto Ambiental y el compromiso de inversión de 1,400 millones de dólares que se transformarían en cientos de nuevos empleos y en el pago de impuestos que beneficiarán a los gobiernos regional y local y a los propios ciudadanos, el resultado obtenido es positivo.
El análisis posterior o ex post de la norma que autoriza el proyecto minero se focaliza en el seguimiento de los objetivos y características antes señalados. Solo para resaltar la aplicación de una de estas características, nos ocupamos del involucramiento de los grupos de interés entre los que destacan la empresa minera y su gremio empresarial de un lado y la población local y sus autoridades de otro lado, obteniéndose un diferente resultado. Transcurrido 50 días de una huelga liderada por el grupo de interés de la población local con la trágica muerte de 3 personas (dos civiles y un policía) y cientos de heridos, se tiene como resultado la paralización de hecho del proyecto minero y un saldo humano negativo que sobrepasa cualquier cálculo económico. ¿Quiénes deben responder por estos muertos y heridos? ¿El Estado? ¿La empresa minera? ¿La propia población local?
En segundo lugar, al tenerse en cuenta la dificultad actual de determinar los costos precisos de la etapa previa o ex ante del análisis regulatorio, conviene concentrar dicho análisis en la etapa posterior o ex post para prever o controlar la posible situación de conflicto. En esta etapa conviene realizar una evaluación racional y proporcional de los actos y hechos que se vienen realizando. En tal sentido, teniendo en cuenta que el caso Tía María se encuentra en una situación de grave conflicto, conviene sopesar los siguientes criterios:
¿Cuánto está costando trasladar y apoyar a los miles de agentes policiales especializados que han sido movilizados a la zona del conflicto?
¿Cuánto suma en costos la inclusión en el conflicto de miles de efectivos militares?
¿Cuál es el costo de los daños materiales, la pérdida de horas de trabajo, la destrucción de cosechas, la pérdida del año escolar y la afectación de los servicios públicos en la población local?
¿Cuál es el costo por la pérdida de prestigio de la región y el país frente a las expectativas de otros titulares de proyectos de inversión y de los miles de turistas que han dejado de llegar a nuestro país?
¿Cuál es el costo por la movilización de políticos y gobernantes nacionales y regionales que buscan resolver el conflicto?
El cálculo de estos costos probablemente sume un millón de dólares diarios, lo que haría un total aproximado de 50 millones de dólares por los días de huelga transcurridos. Si a este monto sumamos el valor de las muertes y heridos (cuyo valor supera cualquier monto de dinero), podríamos confirmar que el resultado del análisis ex post de la norma autoritativa que permite la continuidad del proyecto minero “Tía María” es negativo.
En tercer lugar, también es importante recordar que el Estado, a través del gobierno que lo represente, debe ser neutral ante todo tipo de conflicto. La idea del Estado moderno, que inspira la Constitución Política del Perú, es constituir un aparato de profesionales especializados y neutrales, orientados a analizar ex ante y ex post el impacto regulatorio de las normas aplicables para prever conflictos como los de “Tía María”. A partir de este trabajo técnico, los políticos de turno recién deben adoptar una decisión final, libre de presiones, que los compromete política y legalmente.
Bajo estas premisas, es evidente que el gobierno central y la empresa Southern Perú deben suspender el proyecto minero “Tía María”. Haciendo uso del Análisis Costo Beneficio y del Análisis de Efectividad de la norma que autoriza la continuidad de ese proyecto minero, se constata a la fecha un resultado negativo. Ello significa la necesidad de revisar en forma neutral el proyecto de inversión minero y materializar una perspectiva preventiva para evitar la agudización del desastre político-social ya iniciado.
Lima, 10 y 11 de mayo de 2015.
[1] Profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Abogado, Magister en Ciencias Sociales y PhD. in Laws.
[2] Profesor adjunto de la Pontifica Universidad Católica del Perú, abogado, Magister en Sociología del Derecho y Filología Clásica.
Derecho y Desastre 