Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for 13 mayo 2015

Antonio Peña Jumpa[1] y Félix Arias Schreiber Barba[2]

El Análisis Costo Beneficio (ACB) usado comúnmente en la economía clásica para evaluar la viabilidad de un proyecto de inversión, es también aplicable a la norma que autoriza o deniega el inicio y desarrollo del mismo proyecto de inversión. En el caso del proyecto minero “Tía María” de la empresa Southern Perú, ubicado en la provincia de Islay, región de Arequipa, conviene además sumar un concepto más amplio denominado Análisis de Efectividad (ADE) de la norma que, luego de más de 50 días de huelga con características de un desastre político-social, continua autorizando la ejecución del indicado proyecto minero.

En primer lugar, es importante distinguir en la aplicación conjunta del ACB y el ADE un análisis previo o ex ante, y un análisis posterior o ex post de la norma que autoriza el proyecto minero en mención. El análisis previo o ex ante corresponde al momento de la presentación de los documentos o instrumentos por la empresa titular del proyecto. Para ello, se tienen en cuenta los antecedentes del proyecto minero, el monto de su inversión, la identificación de los beneficiarios y perjudicados, el balance de los impactos positivos y negativos, así como el involucramiento de los grupos de interés desde las fases iniciales de preparación de la regulación. Suponiendo que la empresa Southern Perú ha cumplido con presentar todos esos documentos e instrumentos, incluyendo un riguroso Estudio de Impacto Ambiental y el compromiso de inversión de 1,400 millones de dólares que se transformarían en cientos de nuevos empleos y en el pago de impuestos que beneficiarán a los gobiernos regional y local y a los propios ciudadanos, el resultado obtenido es positivo.

El análisis posterior o ex post de la norma que autoriza el proyecto minero se focaliza en el seguimiento de los objetivos y características antes señalados. Solo para resaltar la aplicación de una de estas características, nos ocupamos del involucramiento de los grupos de interés entre los que destacan la empresa minera y su gremio empresarial de un lado y la población local y sus autoridades de otro lado, obteniéndose un diferente resultado. Transcurrido 50 días de una huelga liderada por el grupo de interés de la población local con la trágica muerte de 3 personas (dos civiles y un policía) y cientos de heridos, se tiene como resultado la paralización de hecho del proyecto minero y un saldo humano negativo que sobrepasa cualquier cálculo económico. ¿Quiénes deben responder por estos muertos y heridos? ¿El Estado? ¿La empresa minera? ¿La propia población local?

En segundo lugar, al tenerse en cuenta la dificultad actual de determinar los costos precisos de la etapa previa o ex ante del análisis regulatorio, conviene concentrar dicho análisis en la etapa posterior o ex post para prever o controlar la posible situación de conflicto. En esta etapa conviene realizar una evaluación racional y proporcional de los actos y hechos que se vienen realizando. En tal sentido, teniendo en cuenta que el caso Tía María se encuentra en una situación de grave conflicto, conviene sopesar los siguientes criterios:

¿Cuánto está costando trasladar y apoyar a los miles de agentes policiales especializados que han sido movilizados a la zona del conflicto?

¿Cuánto suma en costos la inclusión en el conflicto de miles de efectivos militares?

¿Cuál es el costo de los daños materiales, la pérdida de horas de trabajo, la destrucción de cosechas, la pérdida del año escolar y la afectación de los servicios públicos en la población local?

¿Cuál es el costo por la pérdida de prestigio de la región y el país frente a las expectativas de otros titulares de proyectos de inversión y de los miles de turistas que han dejado de llegar a nuestro país?

¿Cuál es el costo por la movilización de políticos y gobernantes nacionales y regionales que buscan resolver el conflicto?

El cálculo de estos costos probablemente sume un millón de dólares diarios, lo que haría un total aproximado de 50 millones de dólares por los días de huelga transcurridos. Si a este monto sumamos el valor de las muertes y heridos (cuyo valor supera cualquier monto de dinero), podríamos confirmar que el resultado del análisis ex post de la norma autoritativa que permite la continuidad del proyecto minero “Tía María” es negativo.

En tercer lugar, también es importante recordar que el Estado, a través del gobierno que lo represente, debe ser neutral ante todo tipo de conflicto. La idea del Estado moderno, que inspira la Constitución Política del Perú, es constituir un aparato de profesionales especializados y neutrales, orientados a analizar ex ante y ex post el impacto regulatorio de las normas aplicables para prever conflictos como los de “Tía María”. A partir de este trabajo técnico, los políticos de turno recién deben adoptar una decisión final, libre de presiones, que los compromete política y legalmente.

Bajo estas premisas, es evidente que el gobierno central y la empresa Southern Perú deben suspender el proyecto minero “Tía María”. Haciendo uso del Análisis Costo Beneficio y del Análisis de Efectividad de la norma que autoriza la continuidad de ese proyecto minero, se constata a la fecha un resultado negativo. Ello significa la necesidad de revisar en forma neutral el proyecto de inversión minero y materializar una perspectiva preventiva para evitar la agudización del desastre político-social ya iniciado.

Lima, 10 y 11 de mayo de 2015.

[1] Profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Abogado, Magister en Ciencias Sociales y PhD. in Laws.

[2] Profesor adjunto de la Pontifica Universidad Católica del Perú, abogado, Magister en Sociología del Derecho y Filología Clásica.

Anuncios

Read Full Post »

Antonio Peña Jumpa[1]

El sábado 25 de abril de 2015, a las 11:57 hora local, se suscitó un terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter en el país asiático de Nepal, cuyo epicentro se situó a 80 kilómetros de su capital Katmandú y a solo 15 kilómetros de profundidad, lo que lo hizo devastador. En un inicio se registraron 1,800 muertos, luego se difundió la cifra de 2,500 muertos, y en los últimos días los registros oficiales señalan que el número de muertos supera los 6,800 pero que en los próximos días se superaría los 10,000 muertos. Al lado de ellos, se lleva el registro de más de 14,000 heridos y un número indeterminado de desaparecidos (Webs al 2 de mayo de 2015).

La situación es más trágica en la zona rural del entorno de Katmandú. Mientras que la población de esta ciudad capital está huyendo en cientos de miles hacía otros lugares, incluyendo países vecinos, por temor a las epidemias y las réplicas del terremoto, otros miles de ciudadanos nepalíes de las zonas rurales buscan llegar a Katmandú por alimento y atención médica. La magnitud en muertos, heridos y daños materiales de las zonas rurales recién se conocerá en los días siguientes, tal como ocurrió en Perú tras el sismo de Pisco 2007, y suele ocurrir en los terremotos del mundo dada la mayor vulnerabilidad de la población rural.

¿Qué hacer desde países como el Perú? ¿Cuál puede ser nuestra acción concreta de solidaridad a pesar de la distancia del Perú con respecto a Nepal?

Teniendo en cuenta la aceptación pública del gobierno de Nepal de carecer de capacidad para responder a la tragedia, es importante sumarnos como país o Estado a la situación de emergencia. Algunas de las formas concretas de apoyo pueden ser las siguientes:

  1. Ofrecer y materializar el traslado de un equipo especializado de rescate o salvataje. Aunque este equipo debió partir apenas se conoció el terremoto, aún su apoyo puede ser útil en las zonas rurales.
  1. Ofrecer y materializar el traslado de equipos especializados de personal médico y para- médico. Aunque estos equipos son escasos en nuestro país, es la oportunidad de conformarlos, implementarlos o fortalecerlos, con el fin de consolidar una escuela de profesionales y técnicos con dicha especialización.
  1. Envío de ayuda material en alimentos y medicina a través de nuestras embajadas más cercanas.
  1. Apoyo o respaldo a los organismos internacionales como la ONU y la Cruz Roja para que continúen desarrollando sus actividades de emergencia. Últimamente se ha constituido, con el respaldo internacional, un fondo de 415 millones de dólares, pero es seguro que en los meses siguientes se requerirá de un mayor apoyo.
  1. Mantenernos informado a partir de la acción de nuestras embajadas cercanas y difundir las noticias y necesidades a través del portal del Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI para ofrecer y materializar todo tipo de apoyo de carácter nacional. Es lamentable que en el portal del INDECI no aparezca una noticia sobre el terremoto de Nepal, cuando nuestro país tiene características semejantes a los de dicho país.

Si bien la distancia entre el Perú y Nepal es extrema, ello no puede limitar nuestro sentido de solidaridad. Este, más que un principio es un derecho, por tratarse de países semejantes que conviven con amenazas sísmicas, y como derecho también se manifiesta en obligación. Pero el enviar equipos especializados de salvataje y médicos no solo es cumplir con esa obligación, sino que además significa una oportunidad de fortaleza: solo a través de esta experiencia in sito nuestros equipos de profesionales y técnicos estarán más preparados para socorrernos cuando ocurra un terremoto en nuestro país. Pero, además, se trata de compartir una experiencia que será emulada por otros países también lejanos, lo que podría repetirse en situaciones semejantes a nuestro favor por reciprocidad.

Nepal vive hoy su hora trágica por el desastre tras el terremoto en el que se encuentra sumergida su población. Si bien su gobierno y, sobre todo, su propia población son los que deben conducir la situación de emergencia y posterior reconstrucción, el apoyo que reciben de los organismos internacionales y de países vecinos como China, India y Rusia es indispensable. Pero ello no limita que países como el Perú se sumen en esta solidaridad para hacer posible que el sufrimiento de dicha población sea menos dolorosa.

Lima, 26 y 27 de abril y 2 de mayo de 2015.

[1] Profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Abogado, Magister en Ciencias Sociales, PhD. in Laws.

Read Full Post »