Por: Antonio Peña Jumpa, profesor principal de la PUCP, Ph.D in Law
Ante la muerte de decenas de miembros de las comunidades Kandozis y Shapras de la región de Loreto a consecuencia de la Hepatitis “B”, se requiere tomar medidas urgentes.
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La primera semana del mes de Enero del año 2011 falleció Wayra Simón Sundi Bisa, Apu de la comunidad amazónica Musa Karusha, perteneciente al grupo étnico Kandozi o Candoshi, localizado en la provincia Datem del Marañón, región de Loreto. El señor Wayra Sundi falleció a los 61 años de edad, luego de un largo y penoso proceso del desarrollo de su enfermedad, la hepatitis “B”. El no tenía tratamiento especializado y el puesto de salud cercano a su comunidad carecía de los medicamentos adecuados.[1]
La muerte del Señor Sundi coincide con la muerte de 3 de sus hijos que fallecieron años anteriores por la misma enfermedad. Pero lo más lamentable es que su muerte coincide con la muerte de decenas de personas de otras comunidades Kandozis y comunidades Shapras en las que la misma enfermedad se ha convertido en una agresiva epidemia. En estas comunidades cientos de personas se encuentran infectadas sin atención médica especializada y sin medicinas.
Si tenemos en cuenta que la población Kandozi y Shapra constituyen aproximadamente un total de 2,900 personas y de ellas llegamos a contabilizar 60 muertes en los últimos 3 años y más de 400 personas infectadas del virus transitando y viviendo en las comunidades, notaremos que las condiciones en las que viven ambos grupos étnicos son de alto riesgo. Si a ello sumamos la vulnerabilidad de la población en el sentido de carencia de medios locales de prevención y de tratamiento de la enfermedad para evitar su expansión (dado que la enfermedad es extraña a ellos), así como sumamos la falta de profesionales médicos especializados y la falta de medicina apropiada, podemos entender las condiciones de desastre o catástrofe sanitaria que vive la indicada población. Ellos pueden sufrir de otras enfermedades (como el Dengue o los parásitos) y otros problemas estructurales (como el de educación o servicios de agua y electricidad), pero la epidemia de la Hepatitis “B” es la que aparece como el principal problema que requiere de atención urgente y sostenida.
¿Qué hacer desde el Estado Peruano y sus autoridades frente a este problema? La Constitución Política del Perú prevé en su artículo 137º, inciso 1º, la declaración del Estado de Emergencia en esa parte del país como consecuencia de la “catástrofe o de graves circunstancias que afectan la vida de la nación”. Con la declaración del Estado de Emergencia se permitiría la intervención urgente de profesionales médicos, con un presupuesto extraordinario, para que a través de vacunas obligatorias se evite el contagio de los recién nacidos y con la adquisición de medicina adecuada se inicie el tratamiento de quienes se encuentran infectados para evitar su muerte. Pero, sobre todo, dicha medida fomentaría la integración de esas comunidades Kandozis y Shapras a los programas de salud y políticas públicas promovidos por el propio Estado.
Meses atrás el gobierno regional de Loreto dispuso el Estado de Emergencia Sanitaria en la zona. Sin embargo, sin recursos disponibles ni personal especializado, se hizo muy poco. Si el gobierno regional no pudo intervenir por sí solo, es legítimo y obligatorio que en este caso el gobierno central intervenga inmediatamente. La responsabilidad que deriva de la muerte de las personas mencionadas, como consecuencia de una enfermedad que puede prevenirse y controlarse, es de responsabilidad del Estado representado particularmente por las autoridades del gobierno central.
¿Qué hubiere pasado si la comunidad Musa Karusha fuere un distrito limeño y el Señor Wayra Sundi hubiere sido el alcalde de dicho distrito? Ciertamente que no habría la menor duda que se hubiere actuado efectivamente bajo un Estado de Emergencia. Aunque esta comparación es irreal, pensemos que la indignación de las comunidades Kandozis y Shapras es la misma de quienes vivimos en un distrito limeño.
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Si nuestras autoridades son indiferentes frente al problema de la epidemia de la Hepatitis “B” en las comunidades mencionadas, corresponde a la sociedad civil tomar acciones. Una de ellas es insistir desde los diversos medios de comunicación y desde nuestras diferentes posiciones como trabajadores o profesionales para que nuestras autoridades tomen en serio el problema y asuman su responsabilidad.
[1] En diciembre de 2010, un medio de comunicación hizo un reportaje de la situación de la enfermedad en las comunidades Kandozis, entrevistando aún vivo al Apu Wayra Sundi y visitando el puesto de salud cercano. A fines de noviembre del año 2009 el gobierno central con el gobierno regional se comprometieron a tomar acciones urgentes sobre el problema. En internet se puede consultar una variedad de noticias sobre la situación de la población amazónica en relación con la enfermedad.
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