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Antonio Peña Jumpa

¿Alguna vez hemos oído hablar de Sacaco en el Perú? La población de las provincias de Nazca y Caravelí, del sur de la región de Ica y el norte de la región de Arequipa respectivamente, conocen lo que es Sacaco pero el resto del país muy excepcionalmente. Sacaco es un santuario paleontológico marino, ubicado exactamente en el distrito Bella Unión, vecino de Acarí, en la provincia de Caravelí, rodeado de hermosas dunas que albergan restos óseos o fósiles de una fauna que vivió millones de años atrás. En el lugar, hoy se pueden encontrar al menos los esqueletos de dos ballenas prehistóricas, una protegida por un pequeño museo de sitio y otra ubicada a 350 metros de dicho museo en la superficie del arenal.

Los fósiles marinos que incluyen además dientes de tiburones gigantes, conchas de abanico, cangrejos, caracoles y algas marinas petrificadas, corresponden, según el folleto del museo de sitio, a la era terciaria de la humanidad: 10 millones de años atrás. Fueron hechos públicos por Antonio Raimondi el año 1874, según el mismo folleto, sin embargo, desde esa fecha, los restos paleontológicos yacen abandonados. Según testimonios de vecinos del distrito, muchos fósiles del lugar han sido sustraídos por saqueadores que actúan a pedido de coleccionistas o comerciantes inescrupulosos.

¿Existen derechos paleontológicos que pueden ser invocados para proteger y proyectar Sacaco? ¿Quiénes son los sujetos y cuál es el objeto de dichos derechos? El abandono del museo por autoridades nacionales y regionales nos lleva a pensar inicialmente que no hay sujetos favorecidos o que reclamen por los derechos paleontológicos de Sacaco. Sin embargo, al notar la presencia de una pequeña población cercana, y de autoridades locales que tras la construcción de una carretera de acceso están preocupadas en su protección, notamos que si hay sujetos con derechos y obligaciones sobre dichos restos pre-históricos. Pero los sujetos interesados sobre dichos derechos son un universo mayor: involucra a los paleontólogos honestos que se oponen a la comercialización de dichos fósiles, y a todas aquellas personas que creemos que aquellos fósiles nos pertenecen porque explican nuestra existencia. De ahí que Sacaco sea un santuario del Perú, pero también de América y del mundo.

Teniendo en cuenta esa riqueza paleontológica mundial, el objeto de sus derechos está relacionado con su protección, pero también con su proyección. Esto significa que el objeto de los derechos paleontológicos de Sacaco consiste en cuidar y reconstruir su valor patrimonial, así como en darlo a conocer y exponerlo más allá de su localidad: hacía el continente y hacía el mundo. Se trata de cuidar el santuario de agentes externos como los saqueadores, pero también de mostrarlo como un patrimonio cultural mundial, para conocimiento de los especialistas y de toda persona interesada.

Sin embargo, los derechos paleontológicos de Sacaco se encuentran en el Perú aún bajo una ilusión jurídica. El distrito de Bella Unión ha dado muestra de su interés a través de la construcción de la indicada carretera de acceso al museo de sitio, pero se carece aún de un responsable formal y de un mayor control de los visitantes. Además, adversamente se conoce que muy cerca al santuario de Sacaco una empresa dedicada a la comercialización de cal aprovecha los conchales pre-históricos para su negocio, una empresa minera ha adquirido una concesión para la exploración y explotación de un mineral y otra empresa ha construido una planta de procesamiento de oro. Estas actividades empresariales no solo amenazan los fósiles de Sacaco, sino que ponen en cuestión la real preocupación de nuestras autoridades estatales.

Al respecto, la Constitución Política del Perú, en su artículo 21º, regula la protección del patrimonio cultural de la nación, aplicable a situaciones como las de Socaco:

“Artículo 21.- Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen como tales, son patrimonio cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública. Están protegidos por el Estado.

(…..)”

Nótese que los derechos paleontológicos se encuentran tras los conceptos de yacimientos, restos arqueológicos o lugares de valor histórico. Aunque la redacción de la Constitución expresamente no incluye los santuarios prehistóricos o los restos fósiles o paleontológicos, se entiende su inclusión por interpretación lógica. Lo importante a resaltar de la norma citada es que, como bien cultural declarado o presumido, el Estado está obligado a proteger constitucionalmente los yacimientos de restos paleontológicos como los de Sacaco.

Pero la situación de los derechos paleontológicos de Sacaco va más allá de la propia norma constitucional. Sacaco es una oportunidad de progreso a favor de la población local y del Perú. El lugar puede convertirse en un gran parque paleontológico temático, con un gran alberque para personas interesadas del mundo y con imágenes y tecnología que reconstruyan la prehistoria marina en tiempos actuales. ¿Comprenderán nuestras autoridades este reto? ¿Comprenderán que los derechos para la protección y proyección de Sacaco no necesariamente tienen que estar escritos expresamente para cumplirse?

Lima, 19 y 20 de junio de 2016

Antonio Peña Jumpa[1]

¿Es posible identificar un derecho fundamental por provincia o por región? ¿Es el transporte urbano en ciudades como Lima, en el Perú del año 2016, un serio problema que nos puede llevar a identificar necesidades urgentes y, por tanto, conceptualizar un derecho fundamental? Ambas preguntas buscamos absolverlas en el presente artículo.

Los derechos fundamentales son derechos humanos reconocidos y protegidos como prioritarios en el sistema jurídico de un Estado. Al aplicarse un sistema jurídico (entendido como el conjunto de normas, valores y procedimientos de un país determinado) su naturaleza regularmente es general, de ahí que los derechos fundamentales tengan el mismo carácter de aplicación general en el territorio de un país. Sin embargo, puede ocurrir que por eficacia, para afrontar un determinado problema, el propio sistema jurídico  aplique una norma (al lado de sus valores y procedimientos) en una parte del país, a manera de proyecto piloto o modelo, como ha sido recientemente la aplicación del nuevo Código Procesal Penal en el Perú.

Esto significa que sí podemos conceptualizar y regular un derecho fundamental por provincia o región. Su objeto sería conseguir una atención o prevención prioritaria buscando que sirva de modelo para otras provincias o regiones.

Sobre la segunda pregunta, cabe una mayor explicación. Para quienes nos desplazamos de un distrito a otro en la provincia de Lima, no cabe la menor duda que el transporte urbano es un serio problema, que también podemos identificar como un problema fundamental de la ciudad. No se trata solo de falta de vías públicas, ausencia de empresas organizadas, limitación de autoridades especializadas o de presupuestos, sino de aspectos cotidianos como la des-configuración periódica de los semáforos, huecos en las pistas de todos los distritos, paraderos improvisados y peligrosos, inconducta funcional de choferes y cobradores de buses y combis, conducta egoísta de choferes particulares y peatones, entre otros.

Es más, ante el fracaso del transporte público, por políticas controlistas (pro estatistas) y recientemente por políticas liberales (pro mercado), todos los ciudadanos buscamos tener un vehículo particular para nuestro desplazamiento, produciendo un resultado aún más catastrófico: la masificación de las vías públicas por vehículos particulares que en horas de ingreso y salida de la jornada laboral produce embotellamientos en todas las vías principales, sin que, al final, podamos desplazarnos ni en vehículos particulares ni en vehículos públicos.

El efecto de estas variables del problema del transporte urbano en Lima es aún más grave: pérdida de miles de horas laborales y de vida familiar, gastos en exceso de combustibles y de repuestos de los vehículos que importamos, distintos problemas de salud en conductores y usuarios que se reproducen por la desesperación el estrés y los pleitos que ocurren, y el acrecentamiento de los accidentes de tránsito.

A esta situación ya de desastre, se suman los efectos de las concesiones o autorizaciones que otorgan nuestros gobernantes para obras públicas o privadas que carecen de un plan efectivo de contingencia para el tránsito donde se ubica la obra. Obras monumentales de inversión pública o la construcción de una vivienda privada pueden producir más caos y la imposibilidad de desplazamiento al restringirse una vía o parte de una vía, ocasionando más embotellamientos y un mayor número de accidentes de vehículo o contra peatones sin que las autoridades ni funcionarios de las empresas favorecida asuman responsabilidad directa por los daños.

Si analizamos el conjunto de estas causas y efectos del problema del transporte urbano de Lima, no habrá duda de considerar que nos encontramos frente a un problema fundamental. Al ser un problema fundamental, es congruente equiparar su relación con la de un derecho fundamental: ante el problema descrito, el desplazamiento en Lima se torna una necesidad extrema, lo que produce la prioridad de su protección y tratamiento como derecho humano y, por tanto, su carácter de derecho fundamental.

Al establecerse como derecho fundamental el transporte urbano en Lima es posible que el sistema jurídico del Perú intervenga extraordinariamente en su protección y atención. Todos los ciudadanos que vivimos el problema tenemos sugerencias o aportes que nuestras autoridades y los funcionarios públicos y privados están en la obligación de escuchar y acoger. Dos de estas propuestas, conversadas con colegas y amigos, son las siguientes:

  1. Implementar una autoridad autónoma, que cuente con legitimidad formal y material, para que dirija y gestione el transporte urbano de Lima.
  2. Coordinar entre sectores ministeriales, municipios, gremios de trasportes y usuarios, la restricción, en determinadas horas del día, del transporte privado en vías públicas, para priorizar el transporte público.

¿Es posible alcanzar la materialización del derecho fundamental del transporte público en Lima poniendo en marcha propuestas como las señaladas u otras conocidas? Creemos que sí, particularmente con la participación de quienes sufrimos el problema como desastre cotidiano.

 

Lima, 19 de noviembre de 2015, 30 de marzo y 1ro. de mayo de 2016.

 

 

[1] Profesor Principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, abogado, magister en Ciencias Sociales, Ph.D. in Laws.

Antonio Peña Jumpa

La empresa petrolera PETROPERÚ ha sido identificada como responsable de recurrentes derrames de petróleo, siendo las más trágicas y actuales las ocurridas el 25 de enero y el 3 de febrero de 2016 por fisuras en el Oleoducto Norperuano en las microrregiones amazónicas de Chiriaco (Provincia de Bagua, Región de Amazonas) y Morona (Provincia Datem del Marañón, Región de Loreto). Ante el desastre evidente, las denuncias se han hecho públicas por dirigentes indígenas, políticos, funcionarios públicos y reporteros, pero poco se ha escrito sobre la necesidad de aplicar el derecho penal. En las siguientes líneas lo intentamos plantear.

La situación de desastre es siempre por causas humanas. El desastre por derrame de petróleo no es un desastre ambiental en sí, sino un desastre humano en sus causas y efectos: De un lado, la causa del desastre existe por la incapacidad, negligencia, culpa o dolo para prever o controlar el riesgo de un fenómeno natural o humano (las fisuras del Oleoducto que causan el derrame del petróleo que se esparce en los ríos). De otro lado, los efectos del desastre se aprecian en la incapacidad, negligencia, culpa o dolo para reaccionar, afrontar y controlar la destrucción que produce el fenómeno natural o humano. Esta destrucción es sobre el medio ambiente o medio de vida de miles de ciudadanos que viven en la Amazonía cerca al Oleoducto Norperuano: comunidades nativas o indígenas principalmente Wampis y Aguarunas (Chiriaco), y Wampis y Shapras (Morona) y comunidades mestizas. Se estima que cuando menos los afectados son 8,000 personas, quienes se encuentran con problemas de alimentación y salud.

El OSINERGMIN (Organismo Supervisor de la inversión en Energía y Minería) recién ha impuesto una multa de 12’640,000 soles a PETROPERÚ, por incumplimiento en el mantenimiento del Oleoducto Norperuano (18 de febrero de 2016). El OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental), limitado por cambios normativos a través de la ley Nro. 30230 (12 de julio de 2014), solo ha aplicado medidas correctivas y se encuentra en investigación administrativa. La ANA (Autoridad Nacional del Agua), principal responsable del cuidado de nuestro recurso hídrico, aún no se pronuncia públicamente. El actuar del conjunto de estos organismos muestra las limitaciones del derecho administrativo y ambiental por afrontar el desastre.

¿Qué hacer?

En adición al derecho civil, que nos ayuda a identificar la responsabilidad civil por los daños materiales ocasionados, es indispensable recurrir al derecho penal para identificar y calificar los actos humanos responsables de la tragedia. Al respecto citemos los tipos penales aplicables, los cuales se encuentran regulados en los artículos 304º y 305º del Código Penal peruano. El artículo 304º del Código Penal tipifica el delito genérico de contaminación ambiental:

“Artículo 304.- El que, infringiendo leyes, reglamentos o límites máximos permisibles, provoque o realice descargas, emisiones, emisiones de gases tóxicos, emisiones de ruido, filtraciones, vertimientos o radiaciones contaminantes en la atmósfera, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, marítimas o subterráneas, que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño grave al ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental, según la calificación reglamentaria de la autoridad ambiental, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de seis años y con cien a seiscientos días-multa.

“Si el agente actuó por culpa, la pena será privativa de libertad no mayor de tres años o prestación de servicios comunitarios de cuarenta a ochenta jornadas.”

El artículo 305º del Código Penal regula las modalidades o formas agravadas de los delitos por contaminación ambiental:

“Artículo 305.-  La pena privativa de libertad será no menor de cuatro años ni mayor de siete años y con trescientos a mil días-multa si el agente incurre en cualquiera de los siguientes supuestos:

  1. “Falsea u oculta información sobre el hecho contaminante, la cantidad o calidad de las descargas, emisiones, filtraciones, vertimientos o radiaciones contaminantes referidos en el artículo 304, a la autoridad competente o a la institución autorizada para realizar labores de fiscalización o auditoría ambiental.
  2. “Obstaculiza o impide la actividad fiscalizadora de auditoría ordenada por la autoridad administrativa competente.
  3. “Actúa clandestinamente en el ejercicio de su actividad.

“Si por efecto de la actividad contaminante se producen lesiones graves o muerte, la pena será:

  1. “Privativa de libertad no menor de cinco años ni mayor de ocho años y con seiscientos a mil días-multa, en caso de lesiones graves.
  2. “Privativa de libertad no menor de seis años ni mayor de diez años y con setecientos cincuenta a tres mil quinientos días-multa, en caso de muerte.”

Aplicando dichas normas al caso PETROPERÚ antes citado, resulta evidente que se ha incurrido en el delito de contaminación ambiental tipificado en el artículo 304º del Código Penal. Pero, la situación es de catástrofe o desastre, como hemos referido, por lo que de comprobarse lesiones graves o muertes en la población, se incurriría en las modalidades agravadas con penas mayores, como aparece tipificado en el artículo 305º del Código Penal.

¿Quiénes son los responsables? Los funcionarios de la empresa PETROPERÚ son, por acción u omisión, los principales responsables. Esta responsabilidad puede extenderse a los organismos supervisores si hubo omisión en prevenir y controlar la catástrofe. Sin embargo, corresponde al Ministerio Público investigar e identificar a los responsables, y corresponde al Poder Judicial calificar, interpretar y sancionar. Ello en coordinación con las autoridades jurisdiccionales de las Comunidades Nativas, quienes en cumplimiento del artículo 149º de la Constitución Política están facultadas a intervenir.

El caso es lamentable, trágico y doloroso en perjuicio de niños, mujeres y familias de comunidades amazónicas. Pero, su resolución aparece como una esperanza para evitar otros desastres semejantes. Se trata de fijar un precedente, hasta ahora omitido, por nuestro Sistema de Justicia.

Lima, 23 de febrero de 2016.

Antonio Peña Jumpa

Llamando la atención sobre la misa que el Papa Francisco compartiera a favor de emigrantes y pobres de la frontera entre Estados Unidos y México el 17 de febrero de 2016, el economista peruano Hernando de Soto escribe que es una oportunidad para “enarbolar la causa de los 5,000 millones de inmigrantes indocumentados alrededor del mundo” (diario El Comercio, 14-02-2016, revista Portafolio, pág. 6, subrayado añadido). ¿Qué tan cierto es que existan 5,000 millones de inmigrantes indocumentados en el mundo? ¿A qué se refiere con las palabras “inmigrante indocumentado”? ¿Qué problemas estructurales sobre la humanidad o nuestra sociedad se oculta bajo dichas palabras?

Las preguntas planteadas están relacionadas con dos problemas estructurales de nivel global muy conocidos pero poco confrontados: la informalidad y la emigración de personas por razones económicas. Se trata de dos problemas muy complejos que bajo el concepto de “inmigrante indocumentado” se simplifica y hasta se tergiversa. Veamos por qué.

Es probable que la informalidad en el mundo involucre en sus acciones a una cifra mayor de los 5,000 millones de ciudadanos.  Ello simplemente porque en países identificados como “desarrollados” (teóricamente libres de informalidad), como los de Europa y Norteamérica, también existe informalidad. Inglaterra y Bélgica, por ejemplo, tienen tasas de desempleo, subempleo y contratación ilegal, al lado de un comercio informal, que puede oscilar entre el 7% y 10% de su economía nacional. Estas cifras están relacionadas con el porcentaje de migrantes y refugiados que día a día se acrecienta en la Unión Europea. En Estados Unidos la informalidad está aún más presente con cifras que superan el 10% europeo al sumar un mayor número de inmigrantes y refugiados que, incluso, laboran en sus empresas formales aceptados por su política tributaria gubernamental. Es cierto que un gran número de “inmigrantes indocumentados”, es decir extranjeros ilegales, integran estas tasas europeas o norteamericanas de informalidad, pero también se suman un gran número de personas “documentadas”  de ex inmigrantes o ciudadanos nacionales que participan de esas prácticas.

El tema es complejo porque además ocurre que quienes se integran a estas cifras oscuras de informalidad, también tributan. Los “inmigrantes indocumentados” y los “documentados” informales tributan como si fueran ciudadanos formales al consumir alimentos, vestidos y servicios como los de alquiler, habitación, transporte, luz, agua, gas, o al ser trabajadores sub-contratados informalmente pero con descuentos tributarios.

En países del sur como Perú, México y la mayoría de países Latinoamericanos, la realidad es diferente. En estos países tenemos una tasa de informalidad mayor, con porcentajes de 60% y 70% de su economía nacional. Es cierto que se trata de una informalidad liderada por inmigrantes, pero no son “inmigrantes indocumentados” sino “inmigrantes plenamente documentados” o ciudadanos nacionales que solo se han desplazado internamente, de una región a otra. En Latinoamérica son raros los casos de “inmigrantes (extranjeros) indocumentados”, porque los extranjeros normalmente tienen sus documentos en regla para garantizar sus inversiones privadas.

En países como Perú, la informalidad económica la han desarrollado inmigrantes andinos que despoblaron las áreas rurales para concentrarse en las grandes ciudades como Lima, con 10 millones de habitantes. Así, la informalidad se reproduce tras el terreno que invaden y transfieren, en el trabajo que desarrollan ambulatoriamente, en el comercio y las empresas familiares, o en el ejercicio del uso y prestación de servicios de transporte, salud, educación y justicia que desarrollan paralelamente a las reglas y autoridades formales del Estado. Pero no solo son los inmigrantes rurales documentados quienes desarrollan esta informalidad, también lo son sus descendientes quienes desde más de 50 años atrás nacieron en las grandes ciudades,  y también lo son los políticos, empresarios y profesionales inmigrantes y no inmigrantes nacionales que buscan eludir el pago de tributos. Sin embargo, al igual que en el caso de los “inmigrantes internacionales indocumentados”, nuestros ciudadanos informales también tributan directa o indirectamente por el consumo que hacen de bienes y servicios de la economía formal.

Lo complejo de la informalidad y la emigración por razones económicas en los países del sur es que nos hemos acostumbrado a ellas. El presupuesto nacional incluso las incluye.

¿Qué hacer frente a estos complejos problemas?

Lo primero es entender que los sujetos de dichos problemas no se reducen a “inmigrantes indocumentados”. También se incluyen inmigrantes documentados, nacionales y no nacionales, y a profesionales, empresarios y políticos aparentemente muy formales.

En segundo lugar es transcendental comprender que el problema no solo involucra “lo legal”, “lo económico” o “lo político” en términos puros.  Comprende el conjunto de ellos, pero sobretodo “lo social” y “lo cultural”: ¿Por qué continúan las tasas de informalidad en el mundo a pesar de las diversas políticas públicas de tipo legal y económica por disminuirlas? ¿Por qué se sucede la informalidad de padres y madres a hijos e hijas?

Por último, es prioritario también comprender que la informalidad y emigración económica nacional y mundial incluye en su origen actividades “negras”, “oscuras” y “grises”: el narcotráfico, la trata de niñas, adolescentes y trabajadores pobres en general, las actividades extractivas ilegales de minerales, maderas y peces, y las actividades financieras de capitales ocultos en países identificados como paraísos fiscales con montos superiores a los 7,6 billones de dólares.

Si lográramos comprender al menos estas tres limitaciones, estaríamos en mayor condición de plantear alternativas o propuestas de solución. La informalidad y la emigración económica son ante todo situaciones de desastre que debemos afrontar como tales.

Lima, 15-17 de febrero de 2016.

Antonio Peña Jumpa[1]

 

¿Tiene la desigualdad económica mundial efectos en el cambio climático global? ¿Son las libertades económicas los instrumentos más eficientes para enfrentar la desigualdad económica y evitar la catástrofe climática que nos envuelve? ¿Está relacionada la desigualdad económica mundial con la justicia o injusticia climática?

Las anteriores preguntas surgen como reflexión tras la lectura del último informe temático de la Organización No Gubernamental (ONG) internacional OXFAM denominado “Una economía al servicio del 1%” (18 de enero de 2016), contrastada o criticada en la editorial de un diario de circulación nacional en el Perú (El Comercio del 24 de enero de 2016). Si bien el informe y la crítica no tratan el tema del cambio climático, y menos de la justicia o injusticia climática, creemos que sus contenidos están muy bien relacionados con dicho tema.

Veamos a continuación la presentación del problema sobre la desigualdad económica descrita por OXFAM y criticada en la editorial del diario El Comercio, para luego absolver las preguntas relacionadas con la justicia climática.

El informe temático de OXFAM, basado en información cuantitativa de la entidad financiera Credit Suisse y otras entidades internacionales, denuncia lo siguiente:

“La desigualdad extrema en el mundo está alcanzando cotas insoportables. Actualmente, el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el 99% restante de las personas del planeta. El poder y los privilegios se están utilizando para manipular el sistema económico y así ampliar la brecha, dejando sin esperanza a cientos de millones de personas pobres. El entramado mundial de paraísos fiscales permite que una minoría privilegiada oculte en ellos 7,6 billones de dólares. Para combatir con éxito la pobreza es ineludible hacer frente a la crisis de desigualdad” (Resumen inicial del informe, ibídem).

Además  OXFAM suma como datos específicos los siguientes:

  • “En 2015, solo 62 personas poseían la misma riqueza que 3,600 millones [de personas] (la mitad más pobres de la humanidad). (…) en 2010 eran 388 personas.
  • “La riqueza en manos de las 62 personas más ricas del mundo se ha incrementado en 45% en apenas 5 años, algo más de medio billón de dólares (542.000 millones) desde 2010, hasta alcanzar 1,76 billones de dólares.
  • “Mientras tanto, la riqueza en manos de la mitad más pobre de la población se redujo en más de un billón de dólares en el mismo período, un desplome del 38%”

(OXFAM, ibid).

Frente a los datos presentados, la editorial del diario El Comercio asume una posición crítica, aunque simplemente argumentativa. Sus autores no cuestionan las cifras del informe de OXFAM, aunque asumen otra interpretación frente a la desigualdad y la pobreza considerando que son las libertades económicas los instrumentos más eficientes para reducir la pobreza. Una parte del texto editorial que resume esta interpretación es la siguiente:

“La idea de que la riqueza es un pastel ya dado y solo hace falta repartir en porciones ‘justas’ entre los miembros de una sociedad no ha hecho sino llevar a ciertos políticos y organizaciones no gubernamentales (ONG) a conclusiones equivocadas. El problema, por supuesto, es que aquellos que conceptúan la desigualdad como el principal catalizador de la pobreza suelen partir de la premisa de que la riqueza de unos es, necesariamente, consecuencia de la pobreza de otros.

(….)

“No es el caso, sin embargo, que la nueva riqueza haya ido a parar a los bolsillos de quienes ya eran los más pudientes, ni mucho menos que [aquella] pueda ser ‘absorbida’, como arguye el estudio [de la ONG OXFAM].  El capital, a fin de cuentas, no es una cantidad fija que pasa de mano en mano sino, por el contrario, es dinámico, por lo que el mercado premia a los emprendimientos y la creatividad de quienes permiten agrandar el pastel.

“Mark Zuckerberg, por ejemplo, es una de las personas más ricas del planeta y el artífice de un proyecto de acogida mundial: Facebook, cuyo valor hace poco más de una década era inexistente….” (El Comercio, ibid).

El texto citado de la editorial del diario El Comercio muestra una interpretación diferente del concepto de riqueza en la humanidad, y del origen y desarrollo del capital y la pobreza, pero no demuestra alguna diferencia respecto a los datos presentados por el informe de OXFAM. En ella se suma como argumento que la pobreza no es producto de la desigualdad económica, por lo que sus autores descartan que los no ricos o pobres de hoy, en términos de OXFAM el 99% de la población mundial, sean la consecuencia del acrecentamiento de la riqueza de los ricos también de hoy, en términos de OXFAM el 1% de la población mundial. Para ello, resaltan que el capital es tan dinámico que a través de los emprendimientos y la creatividad puede generarse más capital o riqueza y nuevos ricos.

Más allá de la discusión que podamos tener sobre la interpretación de las causas y desarrollo de la desigualdad económica y la pobreza del mundo, incluyendo al Perú, importa resaltar, como reconoce el mismo diario, que tal desigualdad extrema existe. Los datos citados por OXFAM son contundentes y nos conducen a debates y a nuevas formas de interpretación para entender sus retos o gravedad. En tal sentido, nos proponemos relacionar dichos conceptos y datos con el tema del cambio climático y, específicamente, con el tema de la justicia climática. Retomemos nuestras preguntas iniciales.

 

  1. ¿Tiene la desigualdad económica mundial efectos en el cambio climático global?

La desigualdad económica sí tiene efectos en el cambio climático. Esta afirmación se fundamenta en una simple razón: la desigualdad económica está basada, dentro de una economía de mercado u otra similar, en la acumulación de capital, y al depender ésta del consumo masivo en la población produce inevitablemente efectos en nuestro medio ambiente. Esto significa que el deseo de acumulación o enriquecimiento de los más ricos en el mundo está relacionado con el consumo excesivo en la población y con ello con la afectación de nuestro ambiente climático.

Por el deseo de acumular se conquistan nuevos espacios territoriales de consumidores, se explotan los recursos naturales y se industrializan éstos para el consumo mundial, favoreciendo a los dueños del capital que son particularmente el 1% de la población mundial. Esta conquista, explotación e industrialización tiene en su naturaleza la puesta en funcionamiento de muchos vehículos, maquinarias, explosivos y energía o combustible para conseguir productos o servicios que son consumidos masivamente. Es a través de esta puesta en funcionamiento y consumo que se producen ingentes cantidades de desechos y, sobretodo, crecientes cantidades de dióxido de carbono.

En los desechos y la abundancia de dióxido de carbono se encuentra la base de la contaminación ambiental, pero sobretodo el origen del calentamiento global y el cambio climático global.

 

  1. ¿Son las libertades económicas los instrumentos más eficientes para enfrentar la desigualdad económica y evitar la catástrofe climática que nos envuelve?

Las libertades económicas son un componente de la economía de mercado. Sin embargo, si las libertades económicas se aplican por el ser humano sin un mínimo de planificación o programación o regulación, devienen en generadoras de mayor desigualdad y, consecuentemente, de catástrofe climática.

Esto se explica por la siguiente razón: quien tiene capital busca multiplicar este capital y para ello tiene las condiciones en una sociedad con economía de mercado capitalista o similar de conseguir fácilmente dicha multiplicación.

Los inversionistas que llegan a países como el Perú vienen convencidos que por un dólar que inviertan conseguirán más de un dólar de retorno. Muchas veces el retorno es 2 o 3 dólares,  y otras veces de hasta 10 o 20 dólares anuales. El retorno de capital invertido dependerá ciertamente de muchos factores: la oportunidad del negocio, la innovación o creatividad, pero también de la corrupción. Los inversionistas extranjeros o nacionales nunca actúan por solidaridad o sentido social en sus negocios, siempre lo hacen por ganancias (acumulación).

Si las libertades económicas permiten la acumulación sin límites, generan mayor desigualdad y, en consecuencia, mayor calentamiento y cambio climático. Con estas libertades económicas es que se conquista, explota e industrializa las economías de un lugar determinado, se pone en funcionamiento un sistema de consumo masivo, y se produce ingente cantidad de desechos y dióxido de carbono que termina en el calentamiento global y el cambio climático.

Es excepcional que una persona por su emprendimiento y creatividad, como es el caso del creador del Facebook, aparezca como un nuevo actor económico rico. En el mercado de capitales, y más aún con libertades económicas sin control o poco reguladas, lo común o normal es que los capitalistas ricos ya constituidos sean los que sigan acumulando capital y reproduzcan condiciones de desigualdad con los efectos antes comentados.

 

  1. ¿Está relacionada la desigualdad económica mundial con la justicia o injusticia climática?

La relación entre desigualdad económica y justicia climática es evidente a partir de las respuestas previas y de la siguiente apreciación geográfica: el 1% de la población mundial identificada como más rica o titulares del mayor capital vive en aquellas ciudades y países que más dióxido de carbono producen. Son ellos, con sus respectivas redes familiares o amicales, los mayores consumidores del confort en viviendas, vestidos, alimentos, transporte y servicios públicos y privados, que producen la mayor emisión de dióxido de carbono.

Al concentrarse la producción del dióxido de carbono en aquellas ciudades y países donde habitan los más ricos al lado de quienes les rodean y ansían ser como ellos, es que se manifiesta la injusticia climática. Desde aquellos lugares deviene la desigualdad económica del mundo y de cada país, y desde esta desigualdad se reproducen las causas generadoras de contaminación ambiental y el calentamiento global, y con esto las desigualdades climáticas o injusticia climática. Los que menos contaminan no solo pertenecen al grupo de la población con menos ingresos (el 99% de la población mundial), sino que además sufren los mismos o mayores efectos del cambio climático ocasionados por quienes viven en mejores condiciones económicas o son identificados como los más ricos del mundo (el 1% de la población mundial).

Pero, además, la relación entre desigualdad económica y justicia o injusticia climática tiene en su base una gran contradicción sin solución desde un punto de vista económico. De un lado, el 1% de la población mundial, identificado como ricos por OXFAM, explota y consume para su beneficio los mayores recursos naturales y procesados de nuestro planeta. Este beneficio incluye paralelamente la producción de desechos y emisión de gases con efecto invernadero desde los lugares que habitan. De otro lado, el 99% de la población mundial, identificada como pobre o no rica por OXFAM, está excluida de este nivel de beneficios y, paralelamente también, de la producción de desechos y gases.  Frente a ello, la solución económica simple, que incluso puede leerse tras la editorial del diario El Comercio, es que ese 99% de la población mundial acceda, con creatividad, innovación y otros medios que acrecienten la riqueza económica, al mismo nivel de explotación, consumo y beneficio del 1% rico en la población. Sin embargo, esta solución es falsa, por su imposibilidad física y social.

Como se ha expuesto y comprobado en diferentes foros del mundo, es imposible que el conjunto de la población mundial tengamos el nivel de consumo y beneficios de quienes mejor viven y que, recíprocamente, más contaminan nuestro planeta. Si el 99% de la población mundial identificada como no rica o pobre accede a los niveles de acumulación, confort y consumo del 1% de la población identificada como rica, paralelamente ocasionaría un incremento proporcional en desechos y gases con efectos invernadero. El resultado sería un rápido calentamiento global, con cambios climáticos abruptos, la destrucción de nuestros ecosistemas, y desastres globales. En suma, destruiríamos nuestro hábitat en la Tierra.

 

¿Qué hacer?

Tomando conocimiento que el 99% de la población mundial no puede generar un nivel de riqueza y consumo como el que caracteriza al 1% más rico de nuestro planeta, es necesario pensar en alternativas de solución sostenibles. De ahí que, a la fecha, solo podamos afirmar, coincidiendo con el informe de OXFAM que es indispensable que la extrema desigualdad económica se detenga. Es necesario abordar sus causas desde una perspectiva social y de justicia climática.

Una alternativa de solución es la rotación equitativa del capital y sus beneficios en el conjunto de personas que habita el planeta, entendiendo que el capital es dinámico y que todas las personas tienen derecho al uso, gestión y disfrute del mismo.

Otra alternativa es la sustitución del capital como eje o motor de la economía mundial, por otro elemento o concepto como el trabajo, el prestigio o la solidaridad.

Estas sugerencias tienen tras de sí el paradigma del desarrollo humano sostenible basado en el bienestar de las personas y sus comunidades. Se busca superar el paradigma del desarrollo económico basado en la idea del crecimiento perpetuo de la economía de un país y del mundo. Sin embargo no dejemos de considerar que se tratan de ideas pendientes de desarrollar y experimentar. Aunque hay grupos sociales que históricamente han vivido bajo acciones de desarrollo humano sostenible, como es el caso de las comunidades originarias del mundo, es un reto adaptar estas acciones al conjunto de la humanidad.

Pero, si no es posible que la población mundial, particularmente el 1% identificado como el más rico de la población, comprenda las limitaciones que produce el actual contexto de extrema desigualdad y la necesidad de contrarrestarlas con alternativas diferentes, cabe recurrir a la antigua receta de aplicar medidas tributarias. Solo que esta vez se aplicarían estas medidas tributarias en forma local y global al mismo tiempo, con el consenso, apoyo y la coerción mundial.

Lima, 27, 29 y 30 de enero de 2016

[1] Profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Abogado, Master en Ciencias Sociales y Ph.D. in Laws. El autor agradece los comentarios y sugerencias de Félix Arias-Schreiber Barba.

Antonio Peña Jumpa

¿Qué es el cambio climático? ¿Cuál es su tratamiento desde el derecho internacional a partir de la última Conferencia de Estados Partes celebrada en París, Francia? ¿Cuáles son sus retos desde y por la Justicia Climática? En las siguientes líneas tratamos de absolver, en breve, estas interrogantes.

El cambio climático hoy

En diciembre de 2015 países como los europeos y norteamericanos experimentan temperaturas especiales que oscilan entre 13 y 22 grados centígrados cuando les corresponde, por la estación de invierno, una temperatura de menos de cero grados centígrados, mientras que en países del Sur, como el Perú, se tiene días con temperaturas bajas y cielo nubloso cuando lo normal es que nos corresponda temperaturas altas con el cielo despejado. A ello se suman lluvias torrenciales con tormentas, tornados y huracanes en regiones de varios países sudamericanos como europeos, mientras que sequías extremas se viven en regiones de países africanos y asiáticos.

¿Cómo se explica estos cambios de temperaturas y de climas? Si bien la Corriente del Niño aparece como una causa inmediata, la propia frecuencia de esta Corriente demuestra que hay causas estructurales que van más allá. El cambio climático aparece como una de estas causas estructurales que condiciona la frecuencia de la Corriente del Niño y de otros eventos, lo que a su vez lo hace un fenómeno y problema mundial. El cambio climático es, entonces, la alteración no prevista de temperaturas y climas en el mundo que produce catástrofes y cuyo origen se encuentra en el calentamiento global ocasionado por la emisión de gases con efecto invernadero que realiza el ser humano. Felizmente en los últimos años los Estados del mundo se han preocupado del fenómeno y llegaron a un preliminar acuerdo en la última Conferencia sobre Cambio Climático o COP21, celebrada en París, Francia.

El Acuerdo de París 2015 y sus críticas

El 12 de diciembre de 2015 se aprobó el Acuerdo de París, como parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (originalmente del año 1992), con el fin de alcanzar una conclusión acordada con fuerza legal que sea aplicable a todos los Estados Partes. Pero, si bien el presente Acuerdo significa un avance dentro de este último fin o propósito, involucrando a los países que emiten la mayor cantidad de gases con efecto invernadero como son EEUU y China, las posibilidades de su efectividad aún son lejanas.

Dos principales críticas se han hecho públicas al poco tiempo de la aprobación del Acuerdo de París. Un grupo de críticos ha calificado el Acuerdo como un “fraude” al no involucrar acciones en su contenido, sino solo promesas. Por ejemplo, en el Acuerdo no se menciona la palabra “combustible fósil” o “petróleo” o “carbón”, como tampoco se establecen medidas concretas para evitar su uso indiscriminado. En tal sentido, el científico estadounidense James Hansen, investigador del cambio climático desde los años 70, critica que “en la medida que el combustible fósil sea más barato, se seguirá quemando”, agregando que “la clave para que se frene el calentamiento global está en poner impuestos a los gases de efecto invernadero” (en BBC Mundo, en línea, del 14/12/2015, http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151214_critica_acuerdo_cambio_climatico_gtg, visitado el 29/12/2015).

Otro grupo de críticos considera que el reciente Acuerdo de París aprobado no permite que los países más afectados por el cambio climático, como son los países insulares y países pobres o en desarrollo (como el Perú), no pueden demandar por daños y perjuicios. Este es un aspecto preocupante para personas como Naomi Klein, periodista y activista canadiense, quien considera que la cumbre fracasó “incluso antes de empezar” (Ibid). Coincidentemente, la organización Action Aid hizo notar la trascendencia de esta crítica en los siguientes términos:

“El asunto de los daños y perjuicios era un punto claro durante las negociaciones. Los países en desarrollo pidieron un acuerdo para ofrecer apoyo a las personas que ya están sufriendo consecuencias catastróficas por el aumento de los niveles del agua y temperaturas sofocantes” (Ibid).

Ambas críticas componen parte del contenido del concepto de Justicia Climática. Se trata de dos aspectos que resultan cruciales para alcanzar, en un corto plazo, equidad en las obligaciones y la distribución de daños y perjuicios para hacer frente al cambio climático. De un lado, reducir el consumo de combustibles fósiles ataca la causa del problema, esto es la causa de la emisión de gases con efecto invernadero, lo que tendría como efecto que no se siga calentando el planeta y no se sigan reproduciendo los efectos catastróficos del cambio climático. De otro lado, al estar experimentando ya las catástrofes por el cambio climático, es importante mitigar sus efectos, particularmente en los países insulares y pobres, lo que solo se conseguiría obligando a los países ricos que paguen por “daños y perjuicios”.

Los retos desde la Justicia Climática

Pero, si bien es cierto que ambos aspectos críticos no están previstos como acciones prácticas en el Acuerdo de París, no estamos impedidos de materializar estas acciones. Desde muchos años atrás (antes del 2001) países europeos como Bélgica tiene regulado los impuestos por emisión de gases con efectos invernadero. Cada propietario de vehículo, dependiendo del tamaño del motor del vehículo, paga un impuesto anual. En el mismo sentido, existe en el derecho nacional e internacional un principio general que consiste en que quien ocasiona un daño debe repararlo. Este principio permite que los países afectados por el cambio climático demanden a los países ricos que emiten la mayor cantidad de gases con efecto invernadero el pago proporcional por los daños que produce el calentamiento global. Actualmente se cumple este principio de derecho en forma indirecta a través de los bonos o créditos de carbono.

¿Qué hacer desde el Perú? La Justicia Climática puede promoverse a nivel nacional e internacional desde el Perú. A nivel nacional tenemos entre las regiones y provincias las mismas condiciones de diferencias en las obligaciones y los efectos por la emisión de gases con efecto invernadero. Algunas localidades son afectadas por las catástrofes del cambio climático, mientras otras son las que emiten la mayor cantidad de gases con efecto invernadero como es el caso de Lima. Es urgente, entonces, aplicar las dos medidas: gravar con impuestos a todo propietario de vehículo e indemnizar a las poblaciones que sufren los efectos del cambio climático.

A nivel internacional el compromiso de países como el Perú, por ser de los más afectados con el cambio climático, consiste en cumplir e ir más allá del Acuerdo de París. Esto significa agruparnos con aquellos países que sufren directamente y en mayor proporción las catástrofes por el cambio climático para cumplir con dos metas principales: exigir al conjunto de naciones una política global de impuesto por emisión de gases con efecto invernadero, y exigir a los países ricos contaminantes la obligación del pago por daños y perjuicios para todo aquel grupo humano o país que sufre los efectos del cambio climático.

¿Es posible llevar adelante estas medidas en el Perú y en el mundo? Depende de nuestra creatividad. Si nuestros políticos, empresarios y ciudadanos del Perú y del mundo comprendemos el concepto de Justicia Climática, es seguro que podamos aportar mejores propuestas de solución.

Lima, 29 y 30 de diciembre de 2015.

Antonio Peña Jumpa[1]

Uno de los lamentables resultados que nos deja el año 2015 en el Perú es la continuidad de los denominados conflictos sociales (o también conflictos socio-culturales) que ocurren tras los proyectos de inversión financiera en actividades extractivas. Casos como los de Tía María, Las Bambas, Espinar, Conga o del Lote 192 en la Amazonía, son la muestra de conflictos sociales activos o latentes que se hicieron públicos por la prensa nacional. Pero a ellos hay que sumar decenas o cientos de conflictos sociales poco difundidos por la prensa pero igualmente importantes en cada región o provincia donde se desarrollan. En total se contabilizan 215 conflictos sociales al mes de noviembre de 2015, según el último informe de la Defensoría del Pueblo.

Sin embargo, lo más lamentable pero también en parte aliviante en el año 2015 es conocer en adición al número de conflictos sociales la denuncia sobre actos de corrupción en el actuar de ejecutivos de empresas y funcionarios públicos. ¿Cómo se relaciona esta denuncia con los conflictos sociales? A través del análisis de las causas u origen del conflicto. Veámoslo a continuación.

Son muchas las causas que originan los conflictos sociales o socio-culturales. Una principal es la aparente ausencia de neutralidad en la actuación de funcionarios del Estado cuando evalúan, autorizan y supervisan el desarrollo de un proyecto de inversión en un territorio donde reside normalmente una población con una organización económica, social y cultural diferente. Esta aparente ausencia de neutralidad en los funcionarios se cubre de decisiones formales que son legales de acuerdo al derecho vigente pero también son injustas en la percepción de la población. Cuando estalla el conflicto, con varios muertos y cientos de heridos, esas decisiones formales, como aquella que aprueba un determinado Estudio de Impacto Ambiental (EIA), no se cuestionan.

Si conociéramos que esas decisiones formales tienen en su origen actos de corrupción, sabríamos con anticipación por dónde afrontar la falta de neutralidad del Estado. Además, si conociéramos que los dirigentes de una organización social de la población local donde se encuentra el proyecto de inversión han sido sobornados por la empresa interesada, tendríamos más instrumentos para prevenir el conflicto social.

La denuncia presentada en la segunda mitad del año 2015 por el ex presidente de una empresa minera transnacional contra ejecutivos de su sucursal peruana, a través de la cual afirma que se pagó un monto de US$ 11,5 millones (de dólares) en sobornos a funcionarios del Ministerio de Energía y Minas entre los años 2013 y 2014 para “agilizar la obtención de permisos ambientales” del proyecto minero, pero también para pagar a representantes de la comunidad donde se encuentra el proyecto minero (Diario El Comercio del 17/12/2015, página 2B) devela esa posibilidad. Textualmente, parte de la denuncia hecha pública es la siguiente:

“La información proporcionada desde dentro de nuestra subsidiaria [de la empresa minera] es evidente y contundente: funcionarios [de esta subsidiaria] han venido realizando sobornos a funcionarios públicos del Ministerio de Energía y Minas. Todos estos sobornos a funcionarios públicos eran aprobados por [XY, presidente de las subsidiarias locales de la empresa minera] y ejecutada por [WZ], quien ejerce el cargo de consultor de la Administración General. En otros casos, la modalidad era la entrega de costosos regalos a ciertos funcionarios claves (…..) [También se pagó a representantes de la comunidad donde se encuentran el proyecto minero]” (Ibid; se evitan nombres por encontrarse la denuncia bajo investigación).

Más allá de la motivación que lleva a presentar la denuncia, en la que se incluye la disputa personal o de intereses entre altos ejecutivos de la empresa minera involucrada, el solo hecho de la denuncia nos brinda pistas para interpretar cómo es que se producen determinadas decisiones formales que son muy legales en el procedimiento pero muy injustas para una población que desconoce del procedimiento y reacciona tarde para impugnar formalmente la decisión que le afecta. Lo lamentable de la denuncia es que demostraría que la decisión formal (legal pero injusta) que autoriza al proyecto minero puede tener una base corrupta que por el derecho vigente basado en la formalidad permite su continuación incluso con respaldo de la fuerza pública legitimada para reprimir a quienes se opongan al indicado proyecto. Pero lo aliviante de la misma denuncia es saber dónde se encuentran los defectos de un procedimiento relacionado con una de las causas principales del conflicto basada en la falta de neutralidad del Estado: la actitud interesada de un grupo de funcionarios o ejecutivos de empresas mineras y la recepción y actitud también interesada de un grupo de funcionarios públicos del Estado.

A partir de la denuncia hecho pública, no es difícil deducir el origen de otros conflictos sociales cuyos responsables se mantienen en la impunidad. Un claro ejemplo de ello es el caso conocido como el Aymarazo de Puno, ocurrido a inicios del año 2011, que tuvo varios muertos y cientos de heridos con ingentes daños materiales. El origen del conflicto se encuentra en años previos cuando sorpresivamente funcionarios del gobierno central cambiaron normas administrativas para anular una extensa área de reserva ecológica y autorizar, contra la voluntad de la población, varios proyectos mineros. En este como en otros casos se puede poner en duda la actitud de funcionarios públicos y privados que estuvieron a cargo de la emisión de dichas normas.

¿Qué hacer? A pesar de la necesidad, en el gobierno central, de funcionarios especializados públicos o privados para la atención de cientos de casos vinculados a proyectos de inversión pendientes de trámite, la denuncia citada nos conduce por otra mayor necesidad: la urgencia de separar a dichos funcionarios mientras se realicen las investigaciones fiscales y judiciales. Esta es una obligación de los funcionarios y ejecutivos superiores para facilitar el desarrollo honesto de los proyectos de inversión. En el mismo sentido, jueces y fiscales tienen la obligación de actuar con la mayor objetividad, neutralidad y celeridad, pues de sus resultados no solo depende la situación de los funcionarios cuestionados, sino la del conjunto de comunidades o poblaciones locales afectadas.

Si bien el año 2015 ha estado caracterizado por la continuidad de conflictos sociales o socio-culturales con sus efectos de desastres conocidos, también es cierto que la denuncia pública citada ha enriquecido la comprensión de las causas en dichos conflictos. De ello podemos confirmar que es indispensable contar con profesionales competentes libres de corrupción tanto en las entidades públicas como privadas para prevenir en su origen formal al menos un grupo de tales conflictos.

Lima, 27 y 28 de diciembre de 2015

[1] Profesor Principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Abogado, master en Ciencias Sociales y Ph.D. in Laws.