El Ébola y el derecho de prevención ante el riesgo de un desastre sanitario

Antonio Peña Jumpa[1]

El Ébola es una enfermedad viral que se presenta como fiebre hemorrágica, cuyo origen se encuentra en ambientes de países africanos y, a la fecha, no tiene cura[2]. Como el Ébola hay otras enfermedades no conocidas o por conocer en lugares como nuestra Amazonía, el trópico africano o el trópico asiático. En general son enfermedades que se desarrollan en un ambiente determinado, producidas por virus, bacterias, hongos o ácaros que habitan o se transmiten en ese ambiente. Su peligro se presenta cuando dichas enfermedades, por causas aún no explicadas (por intervención directa humana o por el cambio climático), se expanden a otros ambientes. Este es el caso del Ébola, hoy convertido en una amenaza de pandemia por su fácil contagio y la inexistencia de alguna inmunidad en la población de los distintos espacios geográficos donde se ha expandido.

Sin embargo, el problema central no se encuentra en la enfermedad o su expansión, sino en la capacidad de la población de prevenirla. ¿Cuántos de los seres humanos potenciales contagiados estamos preparados para evitar o controlar su contagio y prever su efecto letal en la salud pública? ¿Cuánto de nosotros estamos en la capacidad de ejercitar un derecho de prevención basado en la gestión social del riesgo de desastre sanitario?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado que el virus del Ébola se expandiría en 10,000 personas cada semana a partir de Diciembre del presente año (Diario La República del 15 de Octubre de 2014, páginas 2 y 3). Aunque en los últimos días, la misma institución internacional ha difundido la buena noticia que el virus está siendo controlado en los países africanos (web visitado el 21 de Octubre de 2014). En su turno, la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha propuesto un plan de emergencia a nivel mundial creando fondos de ayuda que, a la fecha, lamentablemente no han tenido la adhesión financiera de los países con mayores ingresos (solo 100,000 dólares de 20 millones previstos en un fondo, y 377 millones de los 988 millones solicitados para otro fondo, es el monto recibido según noticias al 18 de octubre de 2014 – Diario El Comercio, página A6).

Pero, el problema central frente a riesgos como el Ébola nuevamente no es solo de falta de dinero y de catastróficas alertas. El problema central es de falta de concientización en la población sobre las causas y los efectos de la enfermedad; esto es falta de prevención social.

En términos metafóricos cabe comparar la amenaza de pandemia del Ébola con la amenaza de un terremoto. El ambiente, territorio o lugar por donde se expanda el Ébola será como un terremoto en pérdidas humanas. Aunque no haya destrucción de la infraestructura, los heridos y las muertes serían masivos. El derecho a la vida, como cualquier otro derecho, resultan limitados por los hechos de la enfermedad ¿Cuántos estamos preparados para evitarla y controlar sus efectos? En un momento de expansión de la enfermedad no bastarán los recursos profesionales médicos, los hospitales ni los millonarios gastos para la fabricación o adquisición de instrumentos para la atención de los posibles contagiados. La clave es prevenir el desastre sanitario en la población, sin dejar de acudir a estrategias globales y gubernamentales.

¿Cómo prevenir el Ébola en países como el Perú? Dos palabras sencillas conducen por una respuesta: organización y capacitación. Sin embargo, lo difícil es materializar dichos conceptos en la población. Es difícil particularmente trabajar estos conceptos en la población urbana donde las desigualdades económicas son extremas y los intereses individuales se constituyen en paradigmas exclusivas. Pero si la población se organiza, bajo el modelo de asociación, comunidad u otro semejante, por barrios, distritos, provincias y regiones, y, a su vez, se informa conscientemente a través de talleres, cursos, conferencias o seminarios en escuelas o universidades y con el uso de los medios de comunicación, puede responder preventivamente a la amenaza. Así la enfermedad llegare a nuestro país o a una región determinada, habrá la probabilidad de contener su expansión si la población asume seriamente el derecho preventivo para evitarla o controlarla.

Tras el terremoto de Pisco de 2007, como ocurrió en otros terremotos anteriores y posteriores, se tomó conocimiento de la ausencia de planes y acciones de prevención. El Ébola nos está avisando con anticipación qué hacer. Este aviso previo es una gran ventaja respecto a los terremotos. Entonces es urgente la obligación de planeamiento y acción de nuestras autoridades nacionales, regionales y locales. Pero también es urgente la reacción de la población en general: es la oportunidad para que profesionales, trabajadores y ciudadanos en general comprendamos que es indispensable que compartamos como un gran derecho la facultad de organizarnos y capacitarnos para enfrentar el Ébola, y cualquier otro riesgo de desastre.

Lima, 19 y 21 de Octubre de 2014.

[1] Profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Abogado, magister en Ciencias Sociales y Ph.D. in Laws. El autor agradece los comentarios de Enrique Quevedo e Imelda Campos.

[2] Ver el artículo de Rogelio Sueiro sobre “¿Qué es el Ébola, su epidemiología y cómo se trata?”, publicado en web http://puntoedu.pucp.edu.pe/opinion/que-es-el-ebola-y-como-se-trata/ (visitado el 19 de octubre de 2014).

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Del Terremoto de Pisco al Sismo de Paruro: Los derechos de prevención y reconstrucción aún como retos.

Antonio Peña Jumpa[1]

A siete años del terremoto de Pisco, en la región de Ica (15 de agosto de 2007, 6:40 pm), el sismo ocurrido recientemente en la provincia de Paruro, región de Cusco (el sábado 27 de setiembre de 2014, a las 9:35 pm), no hace sino confirmarnos la extrema vulnerabilidad en la que nos encontramos. No hay condiciones de prevención ni capacidad de respuesta en la población tras estos eventos naturales.

La falta de prevención frente a un terremoto o sismo se aprecia en primer lugar por la ausencia de viviendas seguras. Ni en Pisco, ni en Paruro, como ocurre en casi todo el Perú (incluyendo Lima), se han planificado y construido viviendas antisísmicas. En las comunidades o los centros poblados de Miscas y Cusibamba Bajo, de la provincia de Paruro, las viviendas se destruyeron o quedaron inhabitables, como siete años atrás quedaron las miles de viviendas de Pisco, Chincha, Ica, Cañete, Yauyos, Huaytará y Castrovirreyna. ¿Por qué no existe un plan de diseño y construcción masiva de viviendas antisísmicas que aseguren, por regiones o provincias, nuestro derecho a cierta paz y tranquilidad?

Pero las condiciones de prevención frente a un sismo también suponen el derecho y la obligación de recibir y dar auxilio inmediato a las personas que lo requieran. Los muertos y heridos son el principal efecto de esta falta de reacción, que tanto en Pisco como en Paruro, como en las experiencias de otras provincias, se han repetido. La falta de hospitales, de centros de salud, medios de comunicación, movilidad, pero sobre todo de personal médico y no-médico preparados para este tipo de reacción urgente ha sido una de las principales causas para que el número de muertos y heridos se extienda con facilidad. Por ejemplo, en el caso del reciente sismo de Paruro, en el tema de comunicaciones para hacer viable la ayuda, es lamentable que la noticia del desastre en las comunidades cercanas recién haya llegado a la población nacional uno o dos días después.

De otro lado, la capacidad de respuesta de una población que sufre los efectos de un sismo se aprecia en su fortaleza psíquica y física de atender su reconstrucción. En el caso de Pisco ello no ocurre hasta hoy, y en el caso de Paruro es probable que tampoco ocurra.

Tras los dos primeros días del terremoto de Pisco la población damnificada deambulaba sin dirección, buscando alimentos y saqueando tiendas, domicilios inhabitados y vehículos que se acercaban. El gobierno central de aquel entonces creía dirigir el “orden” y las necesidades urgentes desde Lima. Nunca existió un plan de gestión de desastres efectivo para la zona, y lo peor era no reconocerlo. El Presidente de la República visitó Pisco para posar, delante de la iglesia derruida, para las cámaras de televisión nacional e internacional, sin asumir un efectivo mando y una conducta de ejemplo en la zona. Se creyó dirigir el proceso de reconstrucción desde un poder centralizado externo, sin mirar la localidad, lo cual fue un absurdo administrativo. La población perdía día a día la confianza y legitimidad en el gobierno y sus autoridades, y su desorientación se acrecentó hasta que ella misma, localmente y con muchos problemas, empezó a organizarse.

En el caso de Paruro los hechos parecen repetirse, aunque en una dimensión menor y en una formación socio-cultural diferente. Las comunidades afectadas no son numerosas, aunque se encuentran más alejadas que Pisco de Lima. Si bien el Presidente de la República llegó en el día, acompañado del responsable del Instituto Nacional de Defensa Civil, y con ayuda material, no es suficiente. Cabría preguntar si existe una Organización y un Plan de Gestión de Desastre como la propia Ley Nacional prevé hoy (Ley Nro.29664 y complementarias). La ayuda material no es suficiente si es que no se cuenta con una organización y un plan de acción efectivos de acuerdo a la realidad socio-cultural de la zona. Por ejemplo, en el caso de las comunidades de Paruro, ¿Cuánto de su capacidad organizativa en lo comunal se ha contemplado para la reconstrucción?. ¿Es posible creer en la población para que ella sea la protagonista de su particular reconstrucción y evitar que el capital que se invierta fugue a través de empresas extrañas como ocurrió en Pisco?

La prevención y reconstrucción tras un evento natural constituyen derechos fundamentales. Las autoridades de turno son las primeras responsables en materializar dichos derechos. Sin embargo, la mayor gestión corresponde a la propia población damnificada y no damnificada. Solo ésta sufrirá los efectos futuros de eventos similares y es la que tiene que ser consciente de los cambios en planes y obras que eviten desastres. Es ella, además, la que mejor puede conocer y controlar los actos de corrupción que aparecen con mayor facilidad tras los mismos desastres. Ello supone, ciertamente, un reto mayor para las autoridades porque tienen que trabajar más con esa población, pero también es una acción más segura para evitar los lamentables resultados en más daños, muertos y heridos.

Lima, 29 de setiembre y 2 de octubre de 2014.

[1] Profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Abogado, magister en Ciencias Sociales y Ph.D.in Laws.

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