Por: Antonio Peña Jumpa
El día martes 12 de enero de 2010, a las 5:10 pm, hora local, un terremoto de grado 7.3 en la escala de Richter y varias réplicas de grado 5 y 6 azotaron el hermano país de Haití. El epicentro fue localizado a pocos kilómetros de la capital del país, Puerto Príncipe, por lo que los efectos del sismo han sido catastróficos en dicha ciudad: miles de muertos bajo los escombros, miles de viviendas destruidas, 3 millones de damnificados, y los servicios públicos de agua, electricidad, seguridad, entre otros, suspendidos.
Las condiciones de pobreza del país (identificado como el más pobre en Latinoamérica), condicionan una mayor vulnerabilidad para el desastre. Los damnificados más afectados serán aquellos ancianos, niños y mujeres que integran el 60% más pobre de la población.
En estas circunstancias, la solidaridad internacional es lo inmediato y urgente a materializar. La experiencia vivida en el Perú, tras el terremoto del 15 de agosto del 2007 (epicentro Pisco-Chincha), nos muestra la dimensión de un desastre que lleva a clamar por esa solidaridad sin limitación alguna. Si bien el tratamiento a los efectos del terremoto ocurrido en nuestro país no ha sido exitoso, sí puede enseñar a los connacionales de Haití algunas acciones que no deben o sí deben realizar. Entre estas acciones podemos recomendar las siguientes:
– No prometer a la población más ayuda de la que es posible brindar.
– No negar o poner trabas a la cooperación internacional para las acciones urgentes de rescate y atención de heridos.
– Priorizar actividades o proyectos de organización social de la población, antes de aplicar cualquier tipo de ayuda. La organización social por barrios es sumamente importante para distribuir ayuda, calmar psicológicamente a los damnificados, resolver sus conflictos, como para brindar seguridad al conjunto de la población.
– Coordinar institucionalmente entre órganos locales, regionales y nacionales. Si el órgano local puede realizar la acción de urgencia, brindarle todo el apoyo; caso contrario, intervenir desde el gobierno central o regional con toda la fuerza posible para materializar las medidas urgentes.
– Brindar ayuda a los damnificados priorizando a los ancianos, niños y mujeres.
– Priorizar la reconstrucción de los servicios públicos de salud, agua, electricidad, comunicaciones, educación y otros que la población considere prioritarios.
– No discriminar entre damnificados. Por ejemplo, una política de reconstrucción de viviendas debe beneficiar por igual a propietarios y no-propietarios.
Lo lamentable de un terremoto, como cualquier desastre natural o humano, es la desgracia en la que queda sumida la población. Sin embargo, sobre ello hay que pensar que es posible reconstruir una mejor situación de la ciudad y su pueblo. Un desastre constituye una ocasión para reconstruir no solo la estructura de la ciudad, sino la sociedad toda. Esta es la oportunidad que ahora se le presenta al pueblo de Haití. (Lima, 13-15/01/2010).
Derecho y Desastre 