Antonio Peña Jumpa[1]
La prensa local y nacional informó en el mes de Enero de 2012 sobre la muerte de varios delfines en la costa norte de nuestro país. En los días siguientes se sumó la denuncia de decenas de delfines muertos, aparentemente por la misma causa, seguido de la muerte de cientos de aves marinas. A fines de Abril, se contabilizaron más de mil delfines muertos y más de cinco mil aves marinas muertas ¿Qué explica estas muertes masivas de delfines y aves marinas? ¿Cuál ha sido su tratamiento legal? ¿Quiénes serían responsables por esas muertes?
Las muertes masivas de delfines y aves marianas, en un período menor a cuatro meses, muestran los hechos de un desastre o catástrofe ecológico marino. Al morir muchos mamíferos y aves en un período corto de tiempo, se genera un desbalance ecológico, respecto a sus especies y a otras especies de fauna o flora vinculadas a los mismos, cuyos efectos económicos pueden ser incalculables. Pero, lo más lamentable es que los delfines y aves marinas han estado muriendo sin que las autoridades competentes ni la sociedad en general puedan controlar y evitar dichas muertes. Peor aún, delfines y aves marinas han estado muriendo sin que exista una investigación seria que explique objetivamente las causas de dichas muertes.
El Ministerio del Ambiente, en su informe sobre “mortandad de aves y mamíferos” del 18 de mayo de 2012, publicado en su web, ha sostenido que: 1) “Se ha descartado la presencia de virus y bacterias en los especímenes analizados”, 2) “A partir de los análisis realizados no se puede establecer una relación directa entre las actividades de exploración petrolera con la mortandad de los delfines”, y 3) “Se descarta la falta de alimentos, interacciones con pesquerías, intoxicación por pesticidas y metales pesados como causa de muerte”. De acuerdo a este informe, las causas de las muertes de delfines y aves marinas se encontraría en hechos de la naturaleza, no en la responsabilidad humana. Pero, lo curioso es que en el mismo informe se da cuenta que durante las inspecciones de campo el 7 de Febrero, 28 y 29 de Marzo, y 11 y 12 de Abril, los equipos del IMARPE (Instituto del Mar del Perú, relacionado con el Ministerio de Producción) y del SERNANP (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, relacionado con el Ministerio del Ambiente), “detectaron que los varamientos no ocurrieron de manera simultánea sino progresiva [encontrando el 78% de los cuerpos en avanzado estado de descomposición] lo que dificultó la toma de muestras viables”. Al respecto, cabe la siguiente pregunta ¿Si las instituciones citadas del Estado no contaron con muestras viables, cómo arribaron a las anteriores conclusiones?
En un informe no gubernamental, en cambio, la Organización Científica para la Conservación de Animales Acuáticos (ORCA), sí logró recoger muestras viables y arribar a conclusiones más objetivas, al menos para el caso de los delfines. Según dicha institución, se realizaron pruebas sobre 37 delfines, a pocas horas de haber muerto, comprobando que los demás delfines tenían las mismas características, aplicándose los protocolos correspondientes (El Comercio, 20 de Mayo de 2012). El resultado obtenido por dicha institución ha sido catastrófico:
“Los delfines […. Analizados] tienen serias lesiones en los oídos, hemorragias y hasta fisuras. Además, los órganos internos presentaban burbujas de aire. El animal se descomprime y muere [… De acuerdo a ello,] la causa de la muerte es un severo traumatismo acústico y embolismo gaseoso agudo, lo que desencadena el síndrome de descompresión” (El Comercio, Ibid).
Con estos resultados es evidente que se comprueba que la causa de muerte de los delfines ha sido un fuerte impacto acústico que destrozó sus oídos ¿Cómo se pudo ocasionar? ¿Quiénes serían responsables? El Ministerio Público y la Policía Ecológica deberán investigar. Pero, si tomamos en cuenta que, según el mismo medio de prensa, la Capitanía del Puerto de Pimentel [en Chiclayo, registraron que] las empresas SK Energy y BPZ realizaron [exploraciones sísmicas] durante los últimos meses del 2011 y los primeros meses del 2012” (Ibid), no podemos descartar que las causas del fuerte impacto acústico que habría matado a los delfines se encontrarían en acciones humanas, y, particularmente, por exploraciones sísmicas petroleras.
Si bien la investigación de la Organización ORCA y la de los organismos del Estado no se refieren aún a las aves marinas, sus resultados nos orientan a reivindicar, al menos, el derecho a la vida de los delfines. Según el Código Penal, en una interpretación sistemática de sus artículos 304º y 305º, el delito que se habría cometido corresponde al delito ecológico de “contaminación del medio ambiente por impacto acústico con perjuicio o alteración en la flora, fauna o los recursos hidrobiológico bajo un carácter catastrófico”. La sanción que correspondería sería de dos a cuatro años de pena privativa de libertad con varios cientos de días-multas.
Ciertamente que el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen la obligación de identificar en última instancia la responsabilidad penal de las personas que resulten involucradas. Sin embargo, de antemano cabe destacar que el compromiso para el cuidado de nuestra flora, fauna y recursos naturales nos corresponde a todos: es un derecho difuso. Esto significa que todos estamos obligados a colaborar con denuncias o pruebas sobre estos hechos, como lo han hecho la organización ORCA y otras instituciones y personas preocupadas en la protección de nuestros ecosistemas. Pero, sin olvidar que el caso compromete principalmente a nuestras autoridades de gobierno, bajo el riesgo de incurrir en otro delito: “por omisión, rehusamiento o demora de sus actos funcionales.”
(Lima, 20 de mayo de 2012)
[1] Profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Abogado, Master en Ciencias Sociales, PhD. in Laws.