Por: Antonio Peña
¿Qué limita que las autoridades del gobierno central no puedan suspender la ejecución de un mega-proyecto de inversión dentro del propósito de evitar la continuidad de un conflicto social violento y conseguir el respaldo de la población bajo el diálogo?
Lo que viene ocurriendo en la región Cusco, provincia de Espinar, es un nuevo caso de falta de diálogo que ha producido el enfrentamiento de la población con la fuerzas del orden con el trágico resultado de un muerto y decenas de heridos graves (16 de setiembre de 2010). Frente a la necesidad de ejecutar un mega proyecto, se presenta la violación de derechos fundamentales de la población, como el derecho a la vida del fallecido, y la exposición a peligro de los propios agentes policiales que intervienen.
Los medios de comunicación han informado desde varios días atrás la disconformidad de la población cusqueña con el mega proyecto Majes-Siguas II que consiste en la construcción de una represa que almacenaría el agua del rio Apurimac (uno de los más importantes del país) para favorecer miles de hectáreas de cultivos en otra región, Arequipa. Vías tomadas, asambleas populares y marchas de protesta son la muestra de esa disconformidad que ha tenido ausente la comunicación y el diálogo.
¿Qué ventajas ofrece apurar la adjudicación de un mega-proyecto como el indicado a una empresa privada sin antes dialogar seriamente con la población afectada o potencialmente afectada? Pocas o ninguna en comparación con las desventajas. Una de estas desventajas corresponde a las manifestaciones y protestas ya iniciadas, y otra al posible enfrentamiento o boicot que la propia empresa constructora podría sufrir en el lugar.
Si bien el recurso agua es fundamental y todos tenemos derecho al mismo, el origen del presente conflicto se encuentra en la arbitrariedad como se procede: no se respeta el derecho al diálogo y a la participación de la población (artículo 2, incisos 17º y 20º, de la Constitución Política). Si el proyecto técnicamente no afecta a la población cusqueña ¿Por qué no se informa y convence a ella a través del diálogo y su participación?
El diálogo supone la identificación de las partes del problema o conflicto. De los hechos conocidos se puede apreciar que al menos cabe identificar 3 regiones involucradas: la región de Apurimac, desde donde nace el recurso agua, objeto de discusión; la región de Cusco, cuyas provincias se han beneficiado históricamente de dicho recurso y serían los principales afectados; y la región de Arequipa, cuya población tiene una mayor demanda de ese recurso para continuar con su crecimiento económico, particularmente por la agricultura de exportación. Al lado de estas regiones aparecen las autoridades del gobierno central que son las que promueven y garantizan la ejecución de la obra.
El conjunto de estos actores son los que deben dialogar para evitar nuevos hechos de violencia en el Sur Andino ¿Es posible suspender la ejecución del proyecto para materializar dicho diálogo? Creemos que sí. La vulnerabilidad política de la región y la defensa de la democracia constitucional del país, así lo prevé. Ello sin limitar la investigación fiscal y judicial de la violación de derechos ya ocurridos.
Derecho y Desastre 